VILLENA. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villena ha acordado la apertura de juicio oral en el procedimiento seguido contra Francisco Javier Esquembre Menor, exalcalde de Villena y las exconcejalas Catalina Hernández Martínez y María del Carmen García Martínez, todos ellos pertenecientes en 2018 al partido Los Verdes de Villena, por un supuesto delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penalm según ha informado la Fundación Toro de Lidia.
El juzgado ratifica la libertad provisional de los acusados, requiriendo a cada uno de ellos la prestación de fianza para asegurar las responsabilidades que pudieran imponérseles.
El exalcalde de la localidad del Alto Vinalopó será juzgado por un presunto delito de prevaricación, tras los múltiples pronunciamientos judiciales que determinaron de una manera rotunda que el Ayuntamiento de Villena no podía prohibir ni impedir la celebración de festejos taurinos en su localidad.
A pesar de las resoluciones favorables obtenidas en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo por la Fundación Toro de Lidia en los años 2016, 2017 y 2018, el entonces alcalde de Villena continuó denegando las peticiones realizadas por la fundacion a través de la Peña Cultural Taurina Villenense, motivo por el que la Fundación se vio obligada a presentar en 2018 una querella por prevaricación.
En declaraciones a Alicante Plaza, Esquembre ha asegurado que él, como alcalde nunca prohibió nada, porque esa competencia, la de los espectáculos taurinos no es del ayuntamiento, sino que "no cedió el uso de la plaza de toros cubiertas". Entre otras razones, alega que "el recinto no cumplía con las medidas de seguridad oportunas para realizas espectáculos taurinos".
Un recorrido judicial iniciado por la FTL en 2016:
En 2016, ante la negativa del Ayuntamiento de Villena a realizar una corrida de toros por considerar “que los espectáculos taurinos tienen connotaciones negativas y no conviene asociarlo al municipio” y tras un recurso presentado por la FTL, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictaminó que el Ayuntamiento de Villena carecía de competencia tanto para autorizar o denegar la celebración de espectáculos taurinos como para cuestionar los rasgos jurídicos que definen la tauromaquia como bien de interés cultural, ordenando al consistorio al abono de las costas del procedimiento.
Un año más tarde se repitió la misma situación: tras la denegación de la autorización por parte del Ayuntamiento y posterior recurso de la fundación, una nueva resolución judicial insistió en que “siendo la tauromaquia un patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, el municipio de Villena no constituye una excepción a esta máxima establecida legalmente; y dado que los poderes públicos deben ejercer una acción de salvaguardia de la tauromaquia, el Ayuntamiento de Villena también se encuentra comprometido dentro de tal exigencia legal”, condenando de nuevo en costas al consistorio.
En 2018 y ante las dos últimas resoluciones judiciales en contra de la negativa del Ayuntamiento, se solicitó de nuevo la Plaza de Toros de Villena para realizar una corrida de toros. En este caso, el consistorio no denegó la solicitud explícitamente pero sí por silencio administrativo.
Según la fundación, el tribunal en esta ocasión condenó al Ayuntamiento de Villena basándose en la jurisprudencia generada por los procedimientos anteriores interpuestos por la FTL y añadió que el silencio administrativo, al no dar razones para negar la solicitud, coloca a la parte demandante “en la más absoluta indefensión”, cerrando así también esta postura del consistorio.
Dada la reiterada actitud arbitraria de Francisco Javier Esquembre impidiendo la celebración de espectáculos taurinos en Villena a pesar de las continuadas resoluciones judiciales, la FTL inició un procedimiento por la vía penal por prevaricación que fue admitido a trámite el 28 de mayo de 2019.
Posteriormente el juzgado incorporó a la causa como investigadas a Catalina Hernández y María del Carmen García, como miembros de la Junta de Gobierno Local que también intervinieron en la adopción del acuerdo que denegó el uso de la plaza solicitado por la Peña Cultural Taurina Villenense y que, por tanto, habrían impedido también con su actuación la celebración de los festejos taurinos