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el impuesto valenciano a las emisiones deja exento al sector cerámico

El paradigma 'verde' en el azulejo: los problemas de financiación, la transparencia y más controles

17/05/2023 - 

CASTELLÓ. El camino hacia la sostenibilidad se presenta como un auténtico reto para la industria, especialmente para el sector del azulejo que tiene no solo en la quema del gas, sino también en el uso de materias primas y gestión de residuos, algunos de los principales campos sobre los que trabajar en los próximos años para adaptarse a las nuevas normativas ambientales. Retos que pueden acarrear problemas de financiación, dificultades para la adaptación rápida, y que se añaden a exigencias de la nueva legislación en cuanto a transparencia y controles.

Es lo que analiza el último informe elaborado por la consultora Angela Impact Economya, encargado desde la Conselleria de Economía Sostenible, que se centra en el impacto e implicaciones de la normativa europea de sostenibilidad en el tejido empresarial valenciano, incluyendo en él sectores como el de la cerámica, con especial implantación en la provincia de Castellón. Un estudio que, recién publicado, distingue los impactos en cuatro ejes: el financiero, el de compliance, el operativo y el de la gobernanza.

El 'golpe' financiero y de costes

A la postre, y es una de las ideas que tejen el estudio, el camino hacia la sostenibilidad requerirá inevitablemente de "inversiones", bien para cumplir con las nuevas normativas, pero también para "adaptarse al mercado". En esa línea, la consultora deja claro que el acceso a la financiación y a la inversión tanto pública como privada "cada vez estará más condicionado" por el nivel de sostenibilidad de las compañías: "Las empresas más sostenibles o que, en su defecto, presenten un plan de transición más robusto tendrán más posibilidades de acceder a la financiación y de obtener mejores condiciones en la misma", sentencia el estudio.

Pero el golpe económico también puede venir por parte de una demanda cada vez más concienciada con estas cuestiones, de manera que la cuenta de pérdidas y ganancias "puede verse afectada por la pérdida de mercado debido a las preferencias y exigencias de consumidores y clientes" pero también por la "desventaja" que ello puede suponer en licitaciones y procesos de contratación pública, ayudas y subvenciones que cuenten con cláusulas de responsabilidad social.

 Foto: ANTONIO PRADAS

El otro impacto innegable es el operativo; esto es, en cuanto al funcionamiento propio de las empresas, que, además de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, también deben mejorar su eficiencia energética y alargar la "circularidad" y el ciclo de vida de sus productos, así como reducir el consumo de recursos. Un cambio de paradigma donde, por ejemplo, operarán cada vez más los "impuestos y penalizaciones" y supondrá más costes e inversiones a los sectores más contaminantes.

Sin ir más lejos, la Ley valenciana de Cambio Climático aprobada a finales del año pasado incluye un nuevo impuesto a las emisiones contaminantes. Un gravamen que entrará en vigor previsiblemente en 2025 y que gravará las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de las empresas. Con todo, hay que resaltar que el impuesto no afectará a sectores como el de la cerámica, que ya pagan por los derechos de emisión. El artículo 117 de la normativa exonera expresamente las emisiones afectadas por el "régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, o norma que la sustituya".

Emisiones y recursos

Con todo, el llamado Objetivo 55 de la Comisión Europea y sus transposiciones en España y las comunidades autónomas están impulsando la "contabilidad de carbono entre las empresas" y en la Ley española de Cambio Climático la reducción de la huella de carbono "pasa de voluntaria a obligatoria para una gran número de empresas", según el informe. Y la Ley valenciana ya incluye objetivos de reducción de las emisiones al menos del 40% hasta 2030 y hasta conseguir la neutralidad en 2050.

También en el uso de recursos deberá haber una transformación. Por ejemplo, España se ha propuesto reducir el 30% el consumo de materiales, disminuir el 15% los residuos, mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua, etcétera. Todo ello "tendrá un fuerte impacto en la manera de producir de las empresas, y por tanto de las empresas valencianas", aunque "no afectará de manera equitativa a todos los sectores". Entre los seis sectores más afectados, el estudio recoge la industria como uno de ellos.

Transparencia y controles

El otro de los grandes ámbitos afectados por la normativa europea es el de la información que dan las compañías a raíz de la nueva directiva de información no financiera, o la directiva de diligencia debida en la sostenibilidad de la cadena de valor, regulaciones europeas que impactarán de lleno en este campo: "En los próximos años las empresas verán aumentadas significativamente sus exigencias de información", recoge el análisis en el campo del compliance.

Se trata de cambios "que impactarán sobre todo en las empresas con más de 250 trabajadores e indirectamente sobre las pymes". Por ejemplo, las nuevas exigencias obligarán a las empresas a informar de sus principales riesgos en sostenibilidad, la forma en que registran la información, así como datos sobre la cadena de valor de la empresa, sus operaciones, productos, servicios, relaciones comerciales y cadena de suministro. "La información aportada ya no se centrará solo sobre el desempeño, sino sobre los planes y escenarios futuros" y se requerirá que sea "solvente y basada en datos, empujando a las compañías a introducir la sostenibilidad en su estrategia de negocio".

En ese sentido, las firmas también deberán incluir un apartado para exponer qué inversiones están realizando para mejorar la sostenibilidad de la producción y reducir la huella de carbono para contribuir al desarrollo sostenible. Aquí, por ejemplo, deberá incluirse información acerca de cuántos productos ofertados por una compañía son sostenibles. Y las grandes empresas deberán fijar requisitos sostenibles que condicionarán la contratación con proveedores, un sistema que implicará también una supervisión sobre ellos. Algo especialmente relevante en un sector, el de la cerámica, cuyas materias primas tienen un relevante impacto medioambiental, normalmente lejos de los centros de producción.

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