MURCIA. Las guerras de cifras en las manifestaciones entre la organización y las fuentes oficiales siempre dejan un desfase. En este caso la diferencia entre las 11.000 personas que aseguran los agricultores que acudieron a la protesta frente al Ministerio de Ribera, y los 7.000 que apunta Delegación del Gobierno, demuestra, en todo caso, que fue multitudinaria.
Y es que regantes, representantes de organizaciones políticas, sindicales y sociales de la Región, la Comunidad Valenciana y Almería se plantaron ante el Ministerio de Transición Ecológica para protestar por la decisión gubernamental de incrementar el caudal ecológico del Tajo, lo que conllevará reducir el trasvase Tajo-Segura y apostar por el agua desalada.
Casi 300 autocares, tractores y camiones llegaron a la capital para mostrar un malestar general del sector agrario levantino. "El agua está carísima: el riego de una hora cuesta ya 60 euros", aseguraba a Efe José María Navarro, un agricultor de Albatera (Alicante), y el mismo sentir llevó a los regantes murcianos a gritar con todas sus fuerzas que 'En el Levante, sin agua, desierto y paro', el lema de la protesta.
Casi 300 autocares, tractores y camiones llegaron a la capital para mostrar un malestar general del sector agrario levantino
Desde el Sindicato Central de Regantes (Scrats) estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros y defienden que "no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible".
Casi todos los partidos regionales, PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, apoyaron la reivindicación y estuvieron presentes en Madrid. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acudió a la concentración y remarcó que "abrir el grifo se va a convertir en un lujo" para miles de familias del Levante español si el Gobierno central no da marcha atrás en su decisión de "recortar" el volumen de agua trasvasada.
Miras señalaba que una de las reivindicaciones del Gobierno regional en materia hídrica es que "todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones", algo que, a su juicio, "no está pasando", porque "hay españoles que no saben si el mes que viene tendrán agua y a qué precio en sus hogares".
Entre los políticos que acudieron estaban las consejeras de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Isaura Navarro, y de Andalucía, Carmen Crespo, y los alcaldes socialistas de poblaciones especialmente afectadas como el de Lorca, Diego José Mateos, el de Murcia, José Antonio Serrano, o el de Elche, Carlos González Serna.
Pero las reivindicaciones no se quedaron en lo directamente relacionado con las explotaciones, el posible golpe para la dieta sana de los españoles también estuvo presente. "Si se recorta el agua disponible, el volumen de frutas y hortalizas se reducirá y los ciudadanos no podrán acceder a una dieta saludable asequible", avisaba el director de la Federación de exportadores hortofrutícolas Fepex, José María Pozancos.
Pero las reivindicaciones no se quedaron en lo directamente relacionado con las explotaciones, el posible golpe para la dieta sana de los españoles también estuvo presente
Mientras, el Ministerio de Ribera y, por tanto, el Gobierno central se encuentran ante la tesitura de tener que decidir entre territorios: entre todo el Levante español frente a las reclamaciones del barón de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La ministra, sin embargo, volvía a hablar claro: respeta la preocupación de los regantes, pero califica sus demandas como "incompatibles" con el interés general. Sostiene que el Ejecutivo central está obligado a marcar un caudal ecológico para el Tajo, el río más grande de España, y alude a cinco sentencias del Tribunal Supremo.
Por su parte, la otra parte implicada, el Gobierno de Castilla-La Mancha, representado por su portavoz, Blanca Fernández, en una rueda de prensa en Toledo, dejaba claro que Page no quiere otra 'guerra del agua', sino que está abierto a alcanzar un acuerdo nacional "sin partidismo, sectarismo ni egoísmo", con las premisas del sentido común y la sostenibilidad para que se pueda regar y disfrutar de la naturaleza también durante las siguientes generaciones.
Lo cierto es que la 'guerra del agua' sí sigue muy activa pese a los deseos castellano-manchegos y los agricultores seguirán luchando porque "para al menos dos millones y medio de familias del Levante este recurso se convertirá en un bien de lujo, más caro y escaso", remarcaba Miras. Y es que "el agua es fundamental para la supervivencia de nuestra economía porque no solo es necesaria para la agricultura, también para sectores vinculados a esta actividad como la industria o el transporte", como señalaba Alberto Castillo, presidente de la Asamblea regional de Murcia.