El portavoz de Unides Podem EU en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López, al informar sobre la presentación del recurso.ALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) admite a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Unides Podem EU frente a la ordenanza de convivencia cívica de Alicante y revisará su vigencia. La confirmación de esa admisión, comunicada este jueves, supone solo un formalismo respecto al procedimiento a seguir para todas las impugnaciones que cumplen los requisitos necesarios para ser analizadas, pero, al tiempo, conlleva que el alto tribunal analizará los argumentos esgrimidos por la confluencia para decidir si la normativa municipal debe mantenerse en los términos en los que está redactada en la actualidad.
Como informó este diario, el recurso de Unides Podem EU se basa en la exposición de que la ordenanza supone la vulneración de preceptos y disposiciones acordados por la Unión Europea, entre otros organismos internacionales, así como en la infracción de derechos fundamentales. El propio portavoz municipal de la confluencia, Xavier López, explicó al dar a conocer la impugnación que, a juicio de su formación, la ordenanza "contraviene numerosos compromisos internacionales asumidos por nuestro país" como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Estrategia Europea 2020 de la Comisión Europea o la Agenda Urbana de la UE".
Al tiempo, el recurso solicitaba la suspensión cautelar en la aplicación de dos artículos concretos durante el tiempo en el que demorase la resolución sobre el fondo del asunto. Se trata de los artículos 22 bis y 26, en los que, según abundó López, se establece la prohibición de la posibilidad de dormir en espacios públicos y el ofrecimiento sexual de las mujeres prostituidas. En la notificación de la admisión a trámite del recurso, se resuelve también la formación de pieza separada para resolver sobre esa solicitud de suspensión cautelar. Así, el alto tribunal ha facilitado plazo al Ayuntamiento para aportar documentación relacionada con el expediente y para argumentar su oposición a esa paralización cautelar antes de adoptar una decisión al respecto.
La ordenanza de convivencia cívica, aprobada con los votos del equipo de gobierno (PP y Cs) y el apoyo de Vox, entró oficialmente en vigor el pasado 25 de marzo tras completarse el procedimiento de aprobación y de exposición al público. Desde entonces, no consta que se haya impuesto ningún tipo de sanción a personas sin hogar o a mujeres prostituidas, según se concretó durante el desarrollo del pleno ordinario de marzo, el pasado día 31.
