VALÈNCIA. Los empresarios agrupados en la asociación Marina Premium cuyos negocios están situados en terreno municipal han solicitado desvincularse del Consorcio València 2007 y pasar a depender de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Así lo solicitaron en una reunión mantenida con el Servicio de Dominio Público Portuario, según explica la asociación en un comunicado, en el que señala que el motivo de la petición es "el clima de inseguridad jurídica que cada día les amenaza y la falta de sintonía con el actual Consorcio en liquidación".
Se trata de negocios situados en terrenos que en su día fueron cedidos por la APV al Ayuntamiento de València y que este, a su vez, los cedió al Consorcio València 2007 para la organización de la Copa América de vela. Pagada por el Estado la deuda del Consorcio y una vez que este organismo ha entrado en liquidación, los contratos se mantienen y las empresas continúan pagando los cánones al Consorcio, sin que esté claro de qué organismo dependerán en el futuro. En principio, sería del Ayuntamiento al estar en terreno e inmuebles de propiedad municipal, pero la Abogacía del Estado ha cuestionado que esto vaya a ser así en el caso de los espacios cedidos a mercantiles privadas.
Marina Premium está formada por una decena de empresas, de las que cuatro están en esta situación y han reclamado la desvinculación. Se trata de los restaurantes de la explanada El Camarote, Destino Puerto, Dos Lunas Beach y Vlue Arribar. También lo está la UTE que gestiona el edificio Veles de Vents, que tiene el contrato prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año.
Las concesiones de las empresas náuticas de la asociación ya están tuteladas por la APV. Lo mismo ocurre con algunas concesiones que han vencido desde que el Consorcio entró en liquidación, que al no poder firmarse una nueva concesión por más de un año, han pasado a dominio del Puerto, que es el que se la ha dado. Es el caso del restaurante Azul.
Según los socios de Marina Premium, el Ayuntamiento y el Consorcio "retienen" la gestión administrativa de antiguas bases de la Copa América, Tinglados, el edificio Veles e Vents y los restaurantes de la explanada, así como otros con contrato todavía en vigor. El resto de negocios náuticos y hosteleros dependen ya de la APV, lo que, a su juicio, les perjudica "dado el permanente conflicto con los liquidadores".
Estos desencuentros con el organismo que dirige Vicent Llorens, añaden, provienen principalmente de "la reducción de los horarios en verano, multas y exigencias técnicas desproporcionadas, ascensores y servicios públicos cerrados, falta de limpieza general, etc., llegando incluso a denegar injustificadamente las prorrogas por los cierres de actividad durante la covid, lo que ya es motivo de proceso judicial ante un juzgado civil de València".
Esta demanda interpuesta por los restaurantes se presentó porque el Consorcio les denegó la petición de una prórroga de entre cuatro y cinco meses en la concesión administrativa para compensar el parón de la actividad durante la covid.
Los empresarios de restauración también reclaman que su horario en verano se extienda hasta las 3 de la mañana, "como en todas las localidades de costa", en lugar de hasta la 1.30h. No es así, aseguran, por decisión del Consorcio, que no lo ha solicitado a la Generalitat.