Empresas exigen al Consell una "solución urgente" al impago de 21 millones en centros de menores

VALÈNCIA (EP). La Federación del Tercer Sector en el ámbito de la Infancia (FEPJJ) y la Asociación Profesional de Instituciones de Menores (APIME) han solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que haga frente a los más de 21 millones de euros de deuda que "arrastran" las entidades del sector derivados de los contratos extinguidos, algunos desde hace más de cinco años.

Las patronales del ámbito de infancia de la Comunitat Valenciana reclaman desde "hace años" una solución definitiva a un problema que no ha dejado de "agravarse y agrandarse", pese a la tramitación de tres quejas por parte del Sindic de Greuges en los años 2020, 2021 y 2022.

El defensor del pueblo valenciano pedía a la Conselleria que adoptase "las medidas oportunas para hacer efectivo el pago de las cuantías adeudadas a las entidades que gestionan centros del sector de infancia y adolescencia, así como establecer los mecanismos administrativos necesarios para evitar las demoras en los pagos a las referidas entidades que repercuten en los derechos reconocidos a NNA atendidos y en los de trabajadores y trabajadoras de los centros".

El Síndic también solicitaba en sus resoluciones que se adoptasen "las medidas de previsión presupuestaria y de planificación administrativa necesarias para evitar que los servicios prestados por entidades privadas sin ánimo de lucro del sector de infancia y adolescencia queden sin cobertura contractual, evitando la normalización de la práctica del resarcimiento por enriquecimiento injusto", según han indicado estas organizaciones en un comunicado.

Pese a estas recomendaciones del Sindic, expuestas en diversas ocasiones a la Conselleria por parte de las patronales del sector, la situación "sigue agravándose", lamentan. Actualmente, hay entidades que tienen dificultades para hacer frente a los salarios de sus plantillas, "una situación de inestabilidad que repercute negativamente" en los derechos de niños, niñas y adolescentes cuya tutela corresponde a la Generalitat Valenciana.

El Síndic también indicaba en sus resoluciones que "la demora en los pagos a las entidades a las que la propia administración ha delegado el ejercicio de la guarda de los menores por ella tutelados suponen, conforme al Código Civil, inhabilidad y mal desempeño del cargo tutelar".

En este contexto, las patronales han vuelto a reclamar, esta vez al nuevo equipo de gobierno, que busque una solución inmediata a esta situación, ya que entienden que es "incomprensible" que, en un presupuesto anual de 2.308 millones de euros como el que tiene la Conselleria para 2023, se mantenga esta situación de precariedad respecto a la atención de niños, niñas y adolescentes de la Comunidat Valenciana en situación de vulnerabilidad.

"NI UNO SOLO EURO"

"Es inadmisible que haya entidades que no han ingresado un solo euro este año, pese a haber mantenido su prestación de servicios al 100%" tanto en hogares de protección como en centros socioeducativos de cumplimiento de medidas judiciales", recalcan.

Por todo ello, FEPJJ y APIME reclaman a la Conselleria que establezca un plan de pagos "urgente" que permita saldar esta deuda, así como que ponga en marcha los mecanismos administrativos de contratación y colaboración adecuados para que la actividad desarrollada tenga la cobertura contractual y presupuestaria que se precisa, ya que en muchos casos se siguen abonando módulos de gasto calculados en el año 2017 que en "nada se parecen" a las necesidades de 2023.

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