VALÈNCIA. El problema de la vivienda vuelve a la escena política con fuerza. La falta de oferta, tanto en el segmento de la compraventa como del alquiler, y la escalada de precios en los últimos años en la mayoría de ciudades españolas ha provocado la expulsión de muchos ciudadanos, que ven imposible acceder a una solución habitacional. Una situación que ha llevado en los últimos días al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, primero, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sacar la artillería y anunciar una batería de propuestas para intentar atajar esta problemática.
En esencia, ambos modelos coinciden en el problema de la oferta y la necesidad de movilizar suelo público y agilizar los trámites y la burocracia para acelerar los procesos de construcción. No obstante, las diferencias en las medidas son notorias. Así, mientras que el plan del Ejecutivo se centra en construir y blindar la vivienda social en alquiler y penalizar a las viviendas turísticas y limitar la compra de extranjeros no residentes, el PP se centra en la rebaja fiscal y en potenciar la construcción de vivienda protegida en propiedad.
Fue este domingo cuando el líder de los 'populares' reunió en Asturias a sus barones en el acto 'Política que sirve', donde presentó su decálogo de propuestas, entre las que destaca la reducción al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) a los "jóvenes" -hasta 40 años- para la adquisición de vivienda habitual. 24 horas después, es decir, este lunes, el Gobierno celebraba el foro 'Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar' con la presencia del presidente Sánchez y de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para contraatacar y presentar sus promesas en esta materia. Entre ellas, está la exención del 100% del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) a los propietarios de vivienda que las pongan en alquiler según el índice de referencia.
En total, el Gobierno ha presentado 14 puntos, mientras que el PP se ha decantado por 8 apartados con varios ejes. Estas son las medidas de cada uno.
En materia de vivienda pública, el Gobierno aboga por la transferencia de viviendas y suelo a la nueva empresa pública de vivienda, que sustituirá y reconvertirá al actual Sepes, y que se encargará de la construcción de viviendas sociales de alquiler asequible. Además, incorporará 30.000 viviendas de la Sareb para aumentar la oferta pública. Asimismo, defiende el blindaje de la vivienda protegida, garantizando por ley que toda vivienda construida por el Estado mantenga su titularidad pública, asegurando su destino social a largo plazo.
Por su parte, el PP defiende la movilización de suelo público, tanto patrimonial como demanial, para la construcción tanto en alquiler como en propiedad. Para ello, sostiene que hay que movilizar parcelas de titularidad pública de carácter dotacional que los planeamientos hubieran destinado a dotaciones y equipamientos y que no hayan cumplido dicha función, lleven tiempo vacantes y puedan servir también para incrementar la oferta de vivienda asequible. También inventariar e incentivar la construcción en suelos reservados para vivienda protegida de titularidad privada, ofreciendo facilidades a promotores.
Por otro lado, el partido de Feijóo se inclina por promover vivienda protegida en propiedad y flexibilizar el marco regulatorio para la construcción de VPO para aumentar el número de beneficiarios, ofreciendo incentivos fiscales para los constructores y recuperando modelos de la década de 1980 y 1990.
Uno de los mercados más tensionados es el alquiler por el alza continuada de precios. De hecho, solo en València en los últimos cinco años el precio ha subido un 80%. Por ello, ambos programas dedican medidas concretas para esta cuestión. Por un lado, el Gobierno propone ayudas y garantías para los propietarios. En este sentido, promueve la creación de un sistema de garantías públicas, importado de Francia, que protegerá tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible. Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años.
También, anuncia la creación de un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible. Se otorgarán ayudas a aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos cinco años. Finalmente, el Gobierno propondrá al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100 % del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
Desde el PP, coinciden en un plan de movilización de viviendas vacías y en la reparación de inmuebles para sacarlos al mercado, pero también en la construcción de nueva vivienda para rebajar la presión en este mercado. Concretamente, apuntan a la necesidad de promover desde la Administración la construcción de vivienda en alquiler asequible a un precio hasta un 30% por debajo del mercado, mediante cesión de derechos de superficie o concesión administrativa sobre suelos públicos. También, defienden la implantación de un programa de movilización de viviendas vacías con medidas de incentivo orientadas a incrementar la oferta de viviendas en alquiler asequible.
En este capítulo ambos modelos coinciden. Tanto el Gobierno como PP defienden la reforma de la ley del Suelo para agilizar la tramitación. No obstante, el enfoque del PP es más específico en cuanto a la centralización de la gestión y la flexibilización normativa, mientras que el Gobierno busca una reforma más amplia para acelerar procesos.
Desde el punto de vista de la fiscalidad, el Gobierno propone, como se ha dicho, exenciones fiscales para propietarios que alquilen sus viviendas a precios regulados, pero también impuestos a la especulación. Así, aboga por penalizar las viviendas turísticas mediante la consideración de que sean un negocio y como tal pasen a tributar como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística.
También, el Ejecutivo de Sánchez quiere condicionar las ventajas fiscales de las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) a la promoción de vivienda en alquiler asequible, así como limitar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes, incrementando hasta el 100 % el gravamen fiscal que deben pagar cuando compran una casa en España.
En cambio, el PP apuesta por facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años para la compra de la primera vivienda, mediante avales u otras fórmulas que faciliten el acceso al crédito hasta alcanzar el 100 % de la totalidad del precio de la vivienda. También, tiene un amplio catálogo de medidas en materia de deducciones por compra y arrendamiento de primera vivienda habitual y para particulares que alquilen sus casas para vivienda habitual del inquilino o que movilicen sus pisos vacíos desde hace dos años para arrendamiento.
Asimismo, rebajará al 4% el impuesto en la adquisición de vivienda habitual para jóvenes, con los límites máximos que determinen las comunidades autónomas. También, defiende un tipo reducido en la transmisión de viviendas con protección pública (impuestos de Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones) y una revisión en profundidad de los impuestos que gravan el desarrollo de suelo y la construcción de vivienda nueva asequible.
En cuanto a la normativa vigente, el Gobierno aboga por endurecer la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada y crear un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda. También, promete el lanzamiento de un PERTE para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España con el fin de construir casas en menos tiempo y con menos costes. Se desarrollará en la provincia de Valencia para contribuir a la reconstrucción del tejido económico tras la Dana.
Por su parte, el PP insiste la derogación de la Ley de Vivienda, especialmente en los aspectos que considera más lesivos de la norma como "la intervención de precios del mercado del alquiler, las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres". Asimismo, ve oportuno aprobar una Ley contra la ocupación ilegal y ofrecer un servicio de atención a las víctimas de la ocupación.
