Energía afirma que las prisas por pagar la indemnización de Castor eran "necesarias"

VALÈNCIA. (EFE). El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha dicho este martes que las prisas por dar una solución al almacén de gas Castor tras su paralización, incluida la de pagar la indemnización a sus promotores, eran "evidentes y necesarias" desde el punto de vista de la seguridad y de la financiación de España.

Navia, que ha contestado a varias preguntas en el Senado sobre el almacén de gas, ha recordado que el Gobierno del PP heredó el proyecto del anterior Ejecutivo socialista, que fue quien puso las condiciones de la concesión que se dio a Escal, participada por ACS, para hacer esa instalación, y luego el Ejecutivo del PP tuvo que cumplir las que se pusieron para resarcir a los promotores en caso de que se rescindiera la concesión.

Ha recordado que España atravesaba una "situación delicada" y que había que cumplir las condiciones de la concesión para que España no resultara perjudicada, pues cualquier demora en la restitución de las inversiones a los promotores hubiera tenido "consecuencias desfavorables" para el país.

Navia ha recordado que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anuló varios artículos del real decreto ley por el que se fijó la indemnización a los promotores del almacén de gas, que fue hibernado tras los movimientos sísmicos que provocó en la zona la inyección de gas, no cuestiona que hubiera actuar con urgencia.

Además, ha dicho que el TC no cuestiona el pago de la indemnización, sólo la forma de aprobación del real decreto ley en que se estableció, y ha reiterado que el Gobierno del PP intentó por todos los medios legales no tener que abonar la indemnización establecida por rescisión de la concesión, pero el Tribunal Supremo (TS) no le dio la razón.

Según Navia, las "prisas" por pagar la indemnización eran "evidentes y necesarias", pues en 2012 cada día España era "objeto de presiones financieras muy importantes" y era importante pagar en los plazos establecidos en el real decreto del Gobierno socialista que regulaba las indemnizaciones.

Además, ha recordado que el proyecto contaba con financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y no atender el pago de la indemnización hubiera tenido consecuencias muy serias con esa institución, muy importante para financiar infraestructuras.

Ha añadido que el pago de la indemnización no fue una decisión "arbitraria" del Gobierno, que si hubiera podido evitar su pago lo habría hecho, y ha asegurado que todas las indemnizaciones que se restituyeron fueron objeto de una auditoría previa.

El secretario de Estado ha manifestado que él también está descontento con el coste del proyecto Castor, que desde los estudios iniciales que lo cifraban en 400 millones finalmente se disparó a 1.350 millones y, respecto al apoyo que tuvo por parte del Gobierno de José María Aznar, ha indicado que entonces su coste era de 400 millones y "en esas condiciones tenía sentido".

Navia ha manifestado que el Ejecutivo del PP, después de que el TS rechazará su petición de anular la cláusula del real decreto que establecía la indemnización, adoptó una serie de medidas para que su pago tuvieran las menores consecuencias para el consumidor, que permitieron rebajar el coste del pago de 214 millones anuales a 94 millones.

En cuanto a las condiciones de seguridad, ha asegurado que el almacén de gas no va a volver a operar y que sólo se desmantelará la instalación, ubicada en el mar frente a la costa de Vinaròs (Castellón), cuando se pueda hacer de forma segura.