Enrique Bustamante: "Una vez más la radiotelevisión pública depende de presidencia y la cultura de una conselleria"

VALENCIA. El debate -aparentemente- ni existe. Al menos entre quienes deben tenerlo. La cultura es un apéndice rotativo de las estructuras públicas. No es que no posea un ministerio o una conselleria propias, es que se sitúa como una cartera añadida de cualquier otra base imponible y superior. Por ejemplo, en el caso valenciano, dentro de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. La misma cuenta con un presupuesto algo superior a los 4.000 millones para 2016; la cultura apenas pesa 80 (sobre todo, después del último tijeretazo impuesto por Montoro). Ese es el estadio económico que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ha sufrido desde el año 2000 la mayor regresión de toda España; de tener un gasto público cultural muy por encima de la media a caernos hasta los últimos escalones proporcionales.

¿Y si la cultura tuviera que tener su propia entidad en las estructuras públicas, cuál sería la idónea? Para el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Enrique Bustamante, está claro: "en un Ministerio de Comunicación y Cultura". En conversación con Valencia Plaza aclara que nada "distinto a lo que debería ocurrir en las comunidades autónomas". De hecho, la primera de sus respuestas sobre el estado de la cultura en la región es preclara: "no se puede hacer un plan estratégico cultural si no se articula con la radiotelevisón pública", entendiendo ésta además como "un medio de comunicación transmedia". 

A Bustamante, vicepresidente de la Asociación de Investigadores en Comunicación tras un extenso curriculum de publicaciones, investigaciones y cargos, muchos le recuerdan como miembro del consejo de sabios que nombró el Gobierno de José Luis Rodríguez de Zapatero y que impulsó la primera gran reforma de Radiotelevisión Española (2004-2005). No obstante, ayer visitó Valencia para presentar en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) el tercer Informe sobre el estado de la cultura en España. Bajo el título La cultura, motor del cambio, el documento auspiciado por la Fundación Alternativas vuelve a suponer una vasta recopilación de datos, escenarios económicos y conclusiones sobre el ámbito para el país, en un trabajo de 19 investigadores que él ha coordinado. De todo ello habló -junto a otras interesantes intervenciones- en el encuentro promovido por ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) que reunió a un centenar de personas entre las que también se encontraban profesionales, asociaciones y productores. 

Sin embargo, con la futura Ley de Radiotelevisión Valenciana entrando en Les Corts [si la disconformidad electoral del 26-J no retrasa la causa], este diario quiso aprovechar su dilatada experiencia y su incesante publicación de análisis para abordar "una situación compleja". Así se refiere Bustamante a la plausible reapertura de la radio y televisión públicas valencianas, "una auténtica oportunidad", en tanto en cuanto el gobierno tiene la ocasión de crear prácticamente de cero una empresa "actualizada":

-Si el hecho de rehacer la radiotelevisión pública valenciana es una oportunidad como servicio y como empresa, ¿de qué no se debería privar a la misma? ¿Qué errores se deberían evitar?
-De su vinculación con la cultura. No se puede hacer un plan estratégico cultural si no se articula con una radio y televisión públicas. Una radio y televisión públicas concebidas ya en el entorno digital, como un medio de comunicación transmedia; no se puede privar tampoco de ser multipaltaforma. Pero si no se hace así, conectándola con toda la industria cultural, el esfuerzo presupuestario en ambos casos será baldío. Una vez más vemos como la radiotelevisión pública depende de una presidencia y la cultura está en una conselleria. Dicho de otra forma, la cultura es un florero que hay que colocar en algún sitio, a veces en educación, a veces en investigación o ciencia, y los medios de comunicación públicos resulta que tienen que estar controlados directamente por los gobiernos. El problema puede llegar a ser repetir este esquema, cuando el plan cultural puede ser una parte significativa y que aporte al modelo de la radiotelevisión pública. No se puede permitir que no estén articulados entre sí, que no haya conexión cuando ambos son elementos vitales para su supervivencia.

-Ahora nos queda lejos lo del supuesto ministerio de comunicación y cultura...
-En España cuando el PSOE llegó por primera vez a la Presidencia del Gobierno quiso implantar un Ministerio de Comunicación y Cultura. En las últimas elecciones, Podemos, Izquierda Unida y PSOE prometieron articularlas en los mismos organismos... otra cosa es ver si luego lo iban a cumplir. La idea esencial es que no es posible imaginar una actuación seria en el campo de la cultura sin medios de información con capacidad independiente. Estoy al corriente y de acuerdo con que la situación que se ha vivido en RTVV durante los últimos años es catastrófica, terrible, dramática... Pero se tiene la ventaja de que, en lo que se refiere exclusivamente a la creación de un modelo de radiotelevisión, se parte de cero. Se puede construir un modelo de verdad y no tiene porque ser muy caro, que precisamente la idea de multimedia y multiplataforma puede parecer esto y ha de servir justo para lo contrario. Ha de contar con la producción audiovisual independiente y no solo valenciana, sino la que se hace en el resto del Estado porque también influye esto en que sirva para el lanzamiento hacia fuera de una cultura propia. Estoy de acuerdo en que es una gran ocasión, pero solo si se sabe salvar la gran tentación, la permanente tentación por parte de los partidos, de controlar la radiotelevisión políticamente. Hasta ahora en España lo que hemos vivido es la tradición de colocar a militantes y a poder ser sin cultura audiovisual, que así son más flexibles. Si volvemos a caer en esto, apaga y vámonos.

-Este año se cumple una década de la puesta en marcha real de la reforma legal que idearon para Radiotelevisión Española y el escenario, por ejemplo en aspectos como la financiación o la elección de su consejo directivo, parece haber sido incluso regresivo.
-Hay que destacar que el Gobierno de Zapatero, que impulsó la reforma, contempló el 90% de las recomendaciones del informe. Lo que dejaron fuera, que parecían detalles, luego ha tenido muchísima repercusión. Como por ejemplo el tema de la elección de miembros del consejo de administración por mayoría simple, algo que con la llegada del Partido Popular al Gobierno acabaría por desnaturalizar la propia ley. Pero no cabe olvidar que es el propio Gobierno de Zapatero el que en 2009 ya empieza a hacer una contrarreforma. Por ejemplo, elimina la publicidad sin una memoria seria, crea corsés para RTVE con máximos de presupuesto. Y todo ello por la presión de las televisiones privadas que, para cuando se reforma la ley general del audiovisual en 2010, llega a incluir límites a la televisión pública en el product placement, patrocinios y publicidad.

Basta con recordar que la UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) agradeció públicamente a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega lo mucho que les había ayudado. Pero lo más grave llegó con el cambio de Gobierno y los brutales recortes del presupuesto y los cambios de la ley. Siempre digo que el retroceso es histórico, pero no a niveles previos a 2005, sino hasta niveles previos al estatuto de 1976. Si tuviera que destacar algo en positivo del periodo 2005 a 2009 diría que se ha hecho un importante cambio tecnológico, que se ha comprobado que el consumo ha cambiado y que hay una posibilidad real de servicio público online que ha de ser multiplataforma, donde caben programas para minorías y en los que la tecnología tiene un papel esencial. 

-Además del cambio de consumos, ¿el cambio social también influye?
-Es que el modelo no puede ser el mismo. No se puede dar la espalda a los cambios sociales que son patentes, ni a la desafección de la población con la democracia, ni a la exigencia de participación activa de muchos ciudadanos. Hay que volcarse con las demandas que existen en este sentido en torno al servicio público con un cambio radical de contenidos y un contrato programa con la ciudadanía  que se ha de cumplir a rajatabla.

-¿En este sentido de participación ciudadana, hay modelos europeos en los que mirarse?
-Hay una sentencia preciosa del tribunal supremo alemán que dice que los partidos no pueden seguir controlando las televisiones públicas. De hecho, les obligan a que como mucho estén presentes en un tercio de su consejo. El resto del escenario lo compone la sociedad civil a partir de representaciones de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro; asociaciones de padres de alumnos, asociaciones de consumidores, en defensa de derechos y libertades, siempre comprobadas y sin ánimo de lucro. Y en la dirección, un modelo como en la BBC: presentando el curriculum y un proyecto de servicio público, con al menos 10 años de experiencia profesional de nivel para que se evite la colocación de limitantes y refrendado por el Parlamento. En cuanto a la financiación, Finlandia tiene un modelo en el que el ciudadano es consciente de lo que aporta a la televisión con un sistema de cinco tramos. El que apenas tiene renta, no aporta nada y el que más tiene, más aporta.

-En el caso valenciano, actualmente los partidos en Les Corts de PSOE, Compromís y Ciudadanos tienen un acuerdo para no reservar privilegios a los extrabajadores de RTVV en una futura contratación. La posición más firma al respecto la ha venido defendiendo Podemos; de hecho, dado que este mes han de realizar una campaña electoral conjunta, todo apunta a que los plazos se colapsarán un mes más por esta casuística electoral. En cualquier caso, sigue siendo el principal conflicto no resuelto de una futura reapertura, con un enjambre judicial que enrarece todo el contexto. ¿Cuál cree que es el supuesto más justo para esta situación?
-Conozco en general el caso del ERE y el cierre igual que el del ERE de Telemadrid. Lo que yo digo es que, lo esencial, es tener un modelo de televisión. Saber cuántos canales, qué plataformas multimedia, con qué contenidos, etcétera. A partir de ahí, ya veo qué plantilla necesito y qué presupuesto, que no tiene por qué ser necesariamente elevado. Una vez conocido el modelo, a partir de ese punto, prioridad para los extrabajadores, pero eso sí: pasando una prueba técnica objetivable. Es un problema complejo, pero es necesario entender que se reabre una empresa en el año 2016 en el que la multiplataforma es esencial y hace falta un perfil de gente que necesariamente ha tenido que tener una posición casi nativa en aspectos como las redes sociales. Este tipo de perfiles pueden ser difíciles de encontrar entre los trabajadores. En cualquier caso, sabiendo la cifra de trabajadores de la empresa, a partir de ahí se puede valorar. Lo que espero que nadie esté pensando es en volver a levantar una televisión de 1.200 o 1.600 trabajadores porque eso hoy no es posible. Hay que trabajar con una amplia cantidad de contenido de producción independiente, conectados con el audiovisual, pero también las comunidades musicales y del teatro. No se puede trabajar todo de forma interna, excepto aquello que es un servicio público puro, como los informativos o los programas culturales, que son el corazón de su existencia.

-Entonces, ¿el conflicto laboral no debería ser la principal preocupación?
-Independientemente de ese problema humano y laboral, el verdadero problema de una reapertura es saber si habrá una verdadera separación entre la gestión y el control de RTVV. Hace falta un cambio radical de contenidos, un servicio financiero propio e incluso promover un modelo federal; esto es, que las televisiones autonómicas colaboren entre sí para crear un canal estatal lo más rico posible, con sus correspondientes soluciones de doblaje y traducción.

-En esa creación de un modelo, ¿tiene cabida una nueva radiotelevisión pública sin publicidad?
-Desde luego necesita distintas vías de financiación. Sin publicidad en estos tiempos de crisis es imposible concebirla, pero esa publicidad no puede ser cualquiera: ha de ser coherente en formatos con el servicio público y mantener un margen, porque la mayoría de la financiación ha de venir de los recursos públicos para mantener su total independencia. Eso sí, no hay que engañarse: es muy difícil recuperar los ingresos publicitarios. Con todo ello, lo ideal sería que la aportación ciudadana, como en el caso finlandés, estuviera ligada al IRPF y el ciudadano fuera plenamente consciente de lo que aporta. Sin rentas, no aportaría nada; con altas rentas, aportaría más que el resto.

-Al calor de las pasadas elecciones generales, las de diciembre de 2015, el grupo de académicos e investigadores profesionales Teledetodos, al que pertenece, publicó un ambicioso análisis que presentaron ante los partidos políticos (España, 2015:Diagnóstico del servicio público de radio, televisión y servicios interactivos. Propuesta para una ciudadanía democrática). ¿Cuál ha sido el feedback en materia programática?
-Tres partidos acogieron buena parte de las propuestas en su programa. Podemos un 90%, Izquierda Unida un 85% y el PSOE un 70%. De ahí a lo que se haga, hay un trecho. Mientras, en Telemadrid por ejemplo, el Partido Popular ha pactado con Ciudadanos un falos sistema de regeneración democrática de esta tele. Un pacto corporativista en el sentido en el que la mitad de los miembros del consejo de administración los eligen las asociaciones de la prensa. Y, claro, se han pasado meses decidiendo qué se entendía por asociación de la prensa e incluyendo a varias asociaciones...

-La carestía más silenciada de todo este ecosistema la siguen representando las televisiones privadas, ajenas a cualquier compromiso básico con el servicio público.
-En el informe hacemos también un balance del deterioro del sector privado. Los gobiernos han permitido una desregularización salvaje de los operadores privados en España. Tienen múltiples canales, se fusionan sin control y se ha permitido un duopolio para gestionar el 90% del mercado publicitario. Es imposible la competencia. No hay la menor obligación de servicio público. Nadie controla la inversión obligada en el audiovisual. Se utilizan con total impunidad lenguajes obscenos en horarios protegidos, prácticas inadecuadas, y a cambio la multa puede significar el 3% de lo que se factura en una hora de programa. Ese es el escenario.

-Por todo ello, entiendo que la creación de un Consejo Audiovisual del Estado es otra grave carencia.
-Somos el único país europeo que no lo tiene. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es una estafa, así de claro. No puede haber una autoridad 'superreguladora' que sirve por igual para los ferrocarriles, el audiovisual, el servicio de correos... es inverosímil. Para empezar, no es independiente cuando 10 de sus miembros son designados a dedo por el Gobierno de turno. Pero, sobre todo, es que no hay expertos en cada campo. Por ejemplo, del audiovisual hay solo uno con conocimientos. Sin una autoridad independiente es imposible establecer un sistema mínimamente armónico.