VALÈNCIA. La guerra familiar continúa en el seno de la familia Calabuig, propietaria de Aguas de Valencia (Omnium Ibérico). Este martes se celebró en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón la vista oral de la demanda interpuesta por Enrique Calabuig para impugnar varios acuerdos de la empresa Fomento Urbano de Castellón (Fucsa), cabecera del holding familiar. Según entiende el demandante, estos acuerdos fueron aprobados por sus hermanos Eugenio, Celia y Mercedes con el fin de evitar una eventual condena al pago a su hermano de 153.895 acciones de Aguas de Valencia o su equivalente económico, que una tasación fijó en 44 millones de euros.
Como publicó Valencia Plaza, los hermanos Calabuig Gimeno acordaron compensar la cesión del 12,92% que Enrique tenía en el grupo, del que quería salir, con un paquete accionarial de Aguas de Valencia equivalente a esa participación y la división del resto de negocios del grupo (inmobiliarios y otros) con arreglo a ese porcentaje. Tras aceptar Enrique la oferta de sus hermanos, la operación no se llevó a cabo a pesar de los requerimientos notariales del primero, quien acabó presentando una demanda.
Esta demanda se resolvió en primera instancia en un juzgado de Valencia a favor de Eugenio Calabuig y sus hermanas al entender el juez que no estaba delimitado el objeto del acuerdo al que se acogía Enrique para reclamar las acciones de Aguas de Valencia o esa cantidad. El fallo está recurrido por ambas partes ante la Audiencia Provincial.
Ante la eventualidad de una victoria en el recurso, Enrique presentó la segunda demanda para paralizar lo que entiende que son maniobras para hacer imposible, en su caso, el cumplimiento del fallo. Según sostiene, todas los acuerdos, y también su despido como trabajador de una de las empresas del grupo, son posteriores a la reclamación que les presentó.
"La esencia y la sustancia de la presente litis es el estrangulamiento económico y el linchamiento anímico que los tres hermanos (don Eugenio, Doña Celia y doña Mercedes) pretenden dispensar a mi mandante, mientras que la forma es simplemente la adopción de acuerdos societarios aparentemente lícitos y válidos en Derecho", se puede leer en el escrito presentado por el abogado de Enrique.
Un quinto hermano, Pedro, también accionista de Fucsa, no ha participado de lo que Enrique califica de "linchamiento" e incluso ha votado en contra de alguno de los acuerdos impugnados.
Los acuerdos impugnados ante el juzgado de lo Mercantil son tres, aprobados después de que Enrique Calabuig reclamara a sus hermanos el cumplimento del pacto para salir del accionariado de Fucsa. No incluye, porque pertenece al ámbito de lo social, su propio despido de la empresa Uradis, producido, según un burofax remitido a su hermano Eugenio, después de denunciar "de forma reiterada, la conducta premeditada y planificada de hostigamiento, presión y falta de ocupación efectiva que vengo padeciendo y soportando durante mucho tiempo".
Respecto a los acuerdos impugnados, el primero es el cambio de estatutos para imposibilitar la transmisión de acciones a los cónyuges y permitir la libre transmisión al resto de socios. Según Enrique, este cambio "no trae causa ni en la utilidad pública ni en el interés social, sino solo en el interés particular de alguno/os de los accionistas que pretenden requisar el mayor número de acciones para hacerse con el monopolio absoluto sobre la gestión y control de la compañía demandada".
El segundo es la eliminación del consejo de administración de Fucsa y su sustitución por un administrador único, Eugenio Calabuig. En el consejo de administración se sentaban los cinco hermanos: Eugenio, Enrique, Mercedes, Celia y Pedro. El demandante recuerda que Fucsa es un holding empresarial con 23 filiales que a su vez participan en otras sociedades, entre ellas Aguas de Valencia, y un capital social de 70,45 millones de euros. Por ello, asegura que el acuerdo permite a Eugenio "acaparar, centralizar y monopolizar el control sobre el referido holding empresarial en perjuicio del resto de socios consejeros y de la propia sociedad. Enrique refuerza su tesis señalando que el quinto de los hermanos, Pedro, también votó en contra de esta modificación estatutaria.
El tercer acuerdo impugnado es la autorización de un gravamen sobre activos esenciales de la sociedad, entre los que se menciona expresamente la participación en la sociedad instrumental Inversiones Financieras Agval, poseedora de la mayoría accionarial de Aguas de Valencia. Se propone que Fucsa pueda pignorar estas acciones, lo que sería "absolutamente incopatible" con la posterior transmisión de 153.895 títulos a Enrique Calabuig en los términos acordados en su día, según la demanda. De todo ello concluye Enrique Calabuig que se ha producido un "abuso de derecho" que justificaría la anulación de los acuerdos impugnados.