"Si el sector no está de acuerdo, no aplicaremos la tasa turística"

VALENCIA (Fotos: Eva Máñez). Los siete meses que han transcurrido desde que cambió su empleo en banca privada para ser número dos de la Conselleria de Hacienda han sido trepidantes para Clara Ferrando. Contribuir como secretaria Autonómica de Hacienda a acabar con la "injusticia histórica" de la infrafinanciación de la Comunitat suponía un reto tan complejo como estimulante.

En su primera entrevista desde que asumió esta responsabilidad, esta licenciada en Derecho y Económicas y militante del Bloc explica cómo se han reforzado los controles contra el fraude y el papel de la futura Agencia Tributaria valenciana. Sobre la polémica tasa turística que el Consell se plantea aplicar para aumentar sus ingresos, Ferrando aclara que no se tomarán decisiones en contra del criterio de un sector clave para la Comunitat.

-Las dificultades para formar gobierno y la posible convocatoria de nuevas elecciones hacen peligrar una rápida reforma del sistema de financiación, ¿hasta qué punto preocupa esta circunstancia en el seno del Consell?
-La reforma de la financiación autonómica es tan imperiosa que quien gobierne ha de abrir ese melón porque por ley debería estar modificada ya. La situación de injusticia es tal que estamos seguros que gobierne quien gobierne se va a hacer la reforma.

-Podría ocurrir que se aprobara ya en 2017…
-Efectivamente si se han de hacer nuevas elecciones o no se puede formar gobierno hasta después del verano, la modificación del sistema se retrasaría unos meses. Pero podríamos reclamar que el nuevo sistema fuera con carácter retroactivo.

-El Consell ha metido 1.300 millones en el presupuesto de este año vinculados a la reforma del sistema, ¿hay plan B?
-Somos una comunidad infrafinanciada en 260 euros per capita que, multiplicados por los cinco millones de valencianos, salen 1.300 millones. Eso sería lo mínimo. Sin ellos partimos de un pastel menor que el resto de comunidades en el presupuesto.

-Le preguntaba por un plan B. Habrá mas déficit...
-Con esos 1.300 millones seguiríamos teniendo déficit, sobre un 1,6%. Tendríamos que seguir ajustando como fuera. ¿Plan B? El primero sería pedir una modificación del sistema de financiación autonómica y con él tener mas recursos como comunidad autónoma teniendo en cuenta que con el actual a nuestra comunidad le faltan recursos. Y, efectivamente, si no se produjera de forma inminente la reforma del sistema pediríamos una transferencia o un FLA extraordinario. Pero más que esto último, que supone más déficit y más deuda, pediríamos una transferencia en concepto de uno de los fondos complementarios del sistema de financiación autonómica actual. Con el actual sistema de financiación sin modificar, pediríamos un fondo para poder atraer esos 1.300 millones de euros.

-¿Qué fondo?
-Podría ser el Fondo de Compensación Interterritorial. Pero al ser de carácter finalista, habría que vestirlo. Incluso se podría hacer un fondo nuevo. En el Plan Económico Financiero (PEF) de 2014-15 se pintaron como fondo de compensación.

-¿Qué ha pasado con el último PEF?
-No se ha aprobado ni se nos ha dicho que lo tengamos que modificar. Pensamos que antes del 20D nos citarían para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero esto no pasó. En este tiempo, por la parte de la Autoridad Fiscal (AIReF), ha habido recomendaciones sobre los PEF que claro que estamos dispuestos a seguir.

-¿Tienen alguna noticia sobre cuando se va a convocar el CPFF?
-No tenemos noticias de que vaya a ser próximamente.

-¿En qué consiste el plan contra el fraude en el Impuesto de Patrimonio?
-Para este Gobierno es fundamental la eficiencia en todo lo que hacemos. Con la falta de recursos que tiene esta Comunitat, debemos controlar que los recursos humanos y económicos sean totalmente eficientes y óptimos. Hasta la mejora del sistema de financiación tenemos que hacer todo eso muy bien. Una de las primeras cosas que se planteó, en relación a los impuestos que tenemos cedidos, fue sobre el impuesto de patrimonio, que ni grava especialmente ni es especialmente gravoso y que ademas nos sirve especialmente de inventario de bienes para tener reconocida cuál es la riqueza de nuestra población. Y cuando, además, tenemos una importante carencia de recursos sociales, creemos totalmente que según el principio de progresividad tributaria, han de aportar más a financiar los servicios públicos fundamentales los que más tienen y menos los que menos tienen.

Revisaremos todos los impuestos sobre los que tengamos capacidad normativa al alza o a la baja

Revisaremos todos los impuestos sobre los que tengamos capacidad normativa al alza o a la baja, pero se revisarán para ver cuáles son las posibles medidas de ingresos si las necesitamos de acuerdo con el nuevo sistema de financiación. Y en este caso, a pesar de contar con pocos recursos en la Dirección General de Tributos, como sí tenemos personas capacitadas, desde julio empezamos un trabajo muy manual de revisión de las personas que ya habían presentado el impuesto de patrimonio pero que habían dejado de hacerlo para comprobar cómo había evolucionado su patrimonio. Así surgieron 800 contribuyentes que no habían presentado la autoliquidación y lo que hemos hecho ha sido enviar requerimientos para que la presenten. En una fase posterior, si no se presenta, ya haremos una actuación inspectora.

-Si pagan voluntariamente, ¿no habrá multas?
-No habrá multas, en principio es un requerimiento de pago. Los contribuyentes han comenzado a tomar conciencia de la necesidad de estar al corriente con las obligaciones. De hecho, tras las citaciones realizadasya hay gente que de forma voluntaria haya presentado la autoliquidación de 2012 y, de paso, las de 2013 y 2014. La recaudación ha de guiarse por el principio de justicia tributaria, cada uno ha de tributar en función de su capacidad de ingresos.

-¿Se había descuidado el control?
-Hemos constatado que no había ninguna actividad de comprobación o inspectora sobre los tributos sobre los que se tiene capacidad normativa o de inspección; vemos capacidad de mejora en la gestión tributaria. De ahí que uno de los compromisos del Pacto del Botánico sea poner en marcha la Agencia Tributaria valenciana como herramienta de eficiencia de la gestión tributaria.

-¿Cómo han identificado a los presuntos defraudadores?
-Ha sido un trabajo muy manual, pero es que en 20 años no había habido cruce de bases de datos. Es la primera vez que se hace. Lo hemos hecho en 2012 y lo vamos a hacer sobre 2013 y 2014.

"La campaña del impuesto de patrimonio tienen un objetivo disuasorio. Ya estamos recibiendo regularizaciones voluntarias"

-¿Cuánto esperan recaudar?
-No lo tenemos calculado. Son 800 contribuyentes, pero dependerá de la base imponible. Aspiramos a dotar de más recursos la parte de tributos porque es generadora de ingresos, recursos que nos permitan tener una actuación mejor. La campaña tiene un objetivo básicamente disuasorio.

-La Agencia Tributaria valenciana, ¿no choca con Madrid desde el punto de vista competencial? Se ve con recelo. ¿Es sólo un tema de los medios con los que se cuenta o se quiere ir mas allá?
-No quiere entrar en absoluto en las competencias del Estado pero, además de lo que le toque, aspira a tener un chasis preparado para recibir las mayores competencias que en un futuro pueda tener la Comunitat dentro de su autogobierno. Las modificaciones sobre el Decreto 85/2015 del anterior Consell van encaminadas a tener una mejora en la recaudación tributaria y a reforzar las capacidades competenciales de la recaudación ejecutiva, por ejemplo. Actualmente no tenemos capacidad de recaudacion ejecutiva y, como no tenemos ni capacidad ni recursos, tenemos un convenio con la agencia estatal por el que pagamos 3,5 millones de euros en intereses cada año. La idea con la Agencia Valenciana de tributos es hacerlo en la Generalitat.

-¿Tendría que haber cesión de competencias?
-No, porque la competencia ya es nuestra, pero lo que no tenemos es capacidad para recaudar aquí. Nos lo recauda la agencia estatal y son 3,5 millones de euros de comisión por que nos lo recauden ellos.

-¿Se van a emprender campañas similares en otros impuestos?
-Uno de los compromisos de Morella es poner encima de la mesa la revisión del sistema tributario. A grandes rasgos, de todos los ingresos que tiene la Comunitat, el 80% viene por el sistema de financiación autonómica, por las liquidaciones y los anticipos, y el 20% por la parte de los impuestos propios y cedidos. La idea es poner sobre la mesa esta parte, para hacer revisiones al alza o a la baja, que es lo que nos gustaría, pero manteniendo el compromiso de progresividad, y nos gustaría hacerlo en tres fases.
Primero se decidió que hubiera un comité de expertos, profesionales y del mundo académico, que nos hagan su propuesta respecto a los impuestos sobre los que podemos incidir. Uno de ellos es de Sucesiones y Donaciones, que durante los últimos años se ha desmantelado y es uno de los impuestos que tiene una bonificación mayor en la cuota. Hace dos o tres años era del 99% y ahora, como también se tuvo que ceder para los últimos PEF en los que había que proponer al Estado alguna medida de aumento de los ingresos, se bajó la bonificación del 99 al 75%. La propuesta de los expertos pasará a la Conselleria de Hacienda, pero la decisión final la tendrá el Consell.

-¿Y se va a bajar más esa bonificación?
-No hay ninguna decisión. Tenemos capacidad en ese impuesto, tanto en el tipo de gravamen como en la reducción en la cuota, pero no hay ninguna decisión. Es uno de los que, junto con Patrimonio, más recursos supondría. Podríamos incidir por ejemplo sobre el impuesto de matriculación; con una subida del 15% sobre el tipo de gravamen que hay actualmente nos supondría recaudar 5 millones de euros. En cambio, en Sucesiones y Donaciones y en Patrimonio, son con los que más recaudaríamos.

-¿Han calculado lo que se podría recaudar por el impuesto de Sucesiones?
-Entre 60 y 80 millones de euros, depende de cómo se incida. Si se baja del actual 75% al 50% se recaudarían 83 millones de euros nuevos. Pero actualmente no hay ninguna decisión. Pensamos que es un impuesto desmantelado por el PP, pero no hay ninguna decisión. Si hay una reforma de la financiación que nos da más recursos, no es que no subiríamos impuestos, sino que los bajaríamos si pudiésemos. Pero por lo menos tenemos que haber estudiado todos los casos, porque esto lo hacemos para pagar servicios públicos fundamentales, no para fastidiar a nadie. Creo que en Tesorería se está haciendo un trabajo espléndido, pero tenemos muy pocos recursos para pagar sanidad, educación pública y bienestar.

-¿Quién va a estar en el comité de expertos?
-Hemos pensado algunos nombres, pero no hemos contactado con ellos. Lo decidiremos en las próximas semanas. Será una comisión de cinco o seis expertos, también con gente de la Conselleria.

-El Consell reconoció que no estaba del todo cómodo con la estructura impositiva que había en el presupuesto en vigor. ¿Cómo se van a armonizar la vertiente técnica de los expertos con la política?
-Al final es una decisión política que en última instancia corresponde al Consell, pero cuanto mejor asesorado esté y más información tenga y los expertos en cada una de las materias, tanto en la parte de la agencia tributaria como en la revisión del sistema tributario, no van a ser los que decidan por nosotros porque flaco favor haríamos al gobierno. Los criterios los impone el ser un equipo de gobierno progresista.

-El alcance de la reforma impositiva llegará todo lo lejos que permita la reforma del sistema de financiación, con todas las incertidumbres que se abren sobre él...
-No estamos corriendo más en pensar qué capacidad tenemos sobre ese 20% sobre el que podemos actuar. No estamos yendo más deprisa porque nos tememos lo peor en el sistema de financiación ni al revés. De hecho, somos optimistas porque no podemos ser de otra forma. Esta Comunitat no puede soportar más injusticias por el sistema de financiación. 

"hasta el president me decía en Morella que estaba muy de acuerdo con la tasa turística"

-¿Va a haber tasa turística?
-La cité en una comparecencia parlamentaria entre las medidas de ingresos en las que podríamos incidir, como el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En el caso de la tasa turística o el impuesto sobre las grandes áreas comerciales también tendríamos capacidad normativa. En el caso de la tasa hotelera, no pensaba que pudiera tener esa repercusión. Lo cité como un ejemplo, pero quizás con más experiencia no hubiera caído en ello. Pero hasta el president me decía en Morella que estaba muy de acuerdo con la tasa turística. No es especialmente gravosa para atacar al sector turístico y está muy establecida en Europa y, sobre todo, el objetivo finalista que podría tener sería sin duda total o parcialmente para promoción del sector turístico.

-¿Cuánto se podría recaudar?
-En julio, según las pernoctaciones, calculamos que podrían ser unos 30 millones de euros. En Cataluña, la experiencia ha sido positiva y se recaudan unos 42 millones. Al sector le dije que guardaba la tasa en el cajón y la recuperábamos cuando interesase, pero me dijeron que no porque seguro que hay punto de encuentro. Estudiaremos la conveniencia; a este gobierno no le falta capacidad de diálogo y si el sector turístico no está de acuerdo, se quedaría sin aplicar.

-Otro de los compromisos de los acuerdos de invierno en Morella es la reforma del sector público empresarial, ¿qué puede adelantar sobre la nueva ley?
-Creemos que se había abusado de las empresas públicas. El sector público debería ser una herramienta extraordinaria de la Generalitat y se había utilizado en exceso para salir del control de las normas de contratación pública. Haremos un esfuerzo para que las cosas vuelvan a ser como siempre debían haber sido. Con el estudio mercantil de cada una de las empresas porque claro, liquidar una sociedad también supone asumir deudas y pagarlo directamente la Generalitat. Veremos cuáles prestan servicio y están bien gestionadas y dimensionadas, pero lo que queremos es tener un cuerpo funcionarial y que las actividades del gobierno valenciano las haga esta casa.

-Usted se hizo eco el otro día del problema que podría suponer la anulación por parte del Tribunal Constitucional de tres leyes civiles valencianas. ¿Debería el Consell y los partidos valencianos hacer algo al respecto?
-Me parece un tema muy importante. Con esas tres leyes en concreto (régimen económico matrimonial, custodia compartida, uniones de hecho) creo que los valencianos perderíamos la capacidad normativa e, incluso, de gestión sobre esos asuntos. Creo que tanto los partidos políticos como quienes estamos en el gobierno deberían implicarse en no perder esta posibilidad.

-La Conselleria de Hacienda va a tener mucha representación en los órganos de gobierno de Feria Valencia. Usted estará en el comité, ¿cuál va a ser su papel de la Conselleria deHacienda?

-Uno de los objetivos es tener más eficiencia e incidir sobre la parte financiera de Feria. Ya quedó claro el tema del aval y la subvención y ahora queremos materializar todos los resultados que permitan seguir adelante con un instrumento tan importante para el nuevo modelo productivo. A mí ya me costó asumir que todo el tema de la ampliación nos puede llegar a costar tanto a los valencianos y ahí es verdad que tenemos que ser puristas. Es un vehículo que necesitamos vivo y en funcionamiento para nuestra economía. El actual equipo tiene muchas ganas de tener una feria como nos merecemos y va a tener un papel importante.

-La salvación de la Feria depende de renunciar al derecho a reclamar una deuda de 151 millones de euros, ¿no había alternativas?
-No las había. La alternativa habría sido liquidar la Feria.

-Su partido (Compromís) destapó un presunto fraude en la organización del congreso Emtech que salpica a la Feria, ¿va a haber más sorpresas desagradables?
-Espero que no. Este trago ya fue importante, pero por lo que hemos visto hasta el momento espero que no.

Lea la segunda parte de la entrevista: "Si Enric Morera diera un paso atrás, Àgueda Micó sería magnífica para el Bloc"