Antonio Torres, director general de Relaciones con Les Corts, en su despacho. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Días atrás, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció su intención de redoblar los recursos destinados a reintegrar el dinero del Gobierno valenciano perdido a causa de los casos de corrupción, pero también por impagos o despilfarro. Una tarea adicional, la de impulsar esta particular unidad de recuperación, que viene afrontando el director general de Relaciones con Les Corts, Antonio Torres (1954, Huéneja, Granada), encargado también de la coordinación entre el Consell y los grupos parlamentarios.
Torres, integrado en el núcleo duro de Puig, tuvo la confianza del líder del PSPV para ejercer durante la pasada legislatura la labor de portavoz parlamentario. Una función otorgada sin duda por su amplia experiencia en Les Corts, jalonada además por el honor de haber sido en 1979 el diputado más joven de la historia de las Cámaras, un año en el que además fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Elche.
-¿Cómo afronta la tarea de luchar para que se reintegre el dinero que nunca debió salir de la Generalitat o que debería haber entrado?
-Hay varios asuntos en los que hemos puesto el foco para la recuperación de dinero. Algunos son casos más gruesos y conocidos y que están en los tribunales como el de Emarsa, Cooperación o Valmor; otros como el caso de Ciegsa, Ivam o lo que pueda ocurrir en Feria Valencia, todavía está por determinar. Y después hay asuntos de menor cuantía económica como el del pago de la conselleria a funcionarios por acudir a una charla de Juan Cotino organizada por la Fundación Vives en los que también vamos a incidir. En total, estimamos que estamos trabajando por recuperar en torno a 60 millones de euros.
-¿Con qué nuevos recursos puede contar su unidad de recuperación?
-Tenemos reuniones con la Abogacía, con la Intervención General, así como con consellerias o empresa pública en cada caso. Aunque imagino que con la acumulación de los mismos que hay deberemos contar con algún concurso externo para algún abogado o profesional que puedan hacer seguimientos especiales.
-¿Cómo están siendo las relaciones con Les Corts que usted es el encargado de pilotar?
-Solemos estar pendientes de diversas cuestiones, especialmente del volumen de documentación que se maneja. En lo que llevamos de legislatura se han tramitado 26.000 solicitudes de diversa índole. Las dos que más trabajo generan son las preguntas escritas de los diputados, pero sobre todo las solicitudes de documentación. Aquí el PP está llevando una estrategia revanchista respecto a la legislatura anterior que parece dirigida a colapsar al Consell.
-Pero se entiende que igual que ustedes preguntaban cuando estaban en la oposición y exigían respuestas, el PP también lo haga, ¿no?
-En la legislatura pasada el PP se negaba a dar toda la documentación de casos que luego se ha visto que en su mayoría podían tener que ver con la corrupción. Los contratos de la Fórmula 1, los contratos del Open de Tenis, los contratos de Nóos y Cacsa... quiero decir, la labor del grupo socialista no era la de bombardear al gobierno de forma indiscriminada sino solicitar cosas concretas en cada caso. Ellos en cambio se dedican en una parte importante de las peticiones a investigar sobre su propia gestión. No sé si es que no se fían de los suyos y quieren saber qué es lo que pasó...
-¿Por qué son tan problemáticas a su juicio las solicitudes del PP?
-Te enumero: contratos de incendios del año 1983 al año 1999; actas del Consell del año 95, facturas de caja fija de las universidades del año 2006 al año 2014, caja fija de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) desde el año 2003 hasta el año 2015, actas de la junta general de accionistas de Ciegsa desde el año 2000 al 2016, actas de la comisión territorial de urbanismo del 2011 al 2015, expedientes de contratación de las 24 ITV, también de los parques eólicos, facturas del Hospital Provincial de Castellón del año 2006 al 2015, facturas no contabilizadas por importe de 600 millones de euros, facturas del FLA por importe de 1.200 millones de euros...y un largo etcétera. En fin, todo eso, ya sea en papel o en USB, es una barbaridad de documentación.
-¿Y cómo se gestiona esto?
-Pues es un problema y precisamente ellos saben que solo está digitalizada el 15% de la información porque cuando gobernaban no lo hicieron. Y después están fiscalizando en muchas solicitudes a sus propios gobiernos, el de Zaplana, Camps... no parece muy razonable. Más aún cuando ellos saben que no digitalizaron la información y hay que recurrir a los archivos como el de Ribarroja, donde solo hay un trabajador. Es imposible dar abasto con todas las solicitudes y ellos lo saben.
-¿Entonces lo calificaría de juego sucio?
-Sí. Porque a veces incluso les hemos hecho fotos o les hemos llevado allí y les hemos enseñado lo que han pedido. Igual son 15 cartapacios de documentación. ¿Para qué quiere alguien ese volumen? A menudo están encuadernados y los diputados tienen la opción de solicitarlo en formato digital. Entonces tienes que deshacer lo que está encuadernado para digitalizarlo y ofrecer la documentación correspondiente. Todo eso cuesta muchísimo. A ver, si tú quieres algo concreto: el contrato, el documento contable, el que autoriza el expediente... no hay problema. Otro caso: nos han pedido copia de los expedientes de los días recuperados y pendientes de libranza de todo el personal de Sanidad del año 2014 y 2015. ¿Qué pueden ser, 50.000 expedientes? Más casos: copia de los 37.457 expedientes de liquidación tributaria anulados del 2012 al 2014. En definitiva, no sé para que se necesita esto en el ejercicio de oposición parlamentaria. Es simplemente una estrategia de tratar de desbordar.
-Ya se han producido varias denuncias precisamente acerca de las entregas de documentación...
-Lo que me parece increíble es que aunque el PP pusiera a trabajar a todo el personal que tienen en Les Corts no creo que pudieran llegar a ver ni la mitad de la documentación que han pedido. Si no se cumple con estas solicitudes, efectivamente, se puede llevar al juzgado, que es lo que están haciendo, y el tribunal puede interpretar que existe una violación del derecho a la información del diputado. Imagino que por eso han incrementado en un 51% en lo que llevamos de legislatura las peticiones de documentación.
-¿Cuál es la situación de las demandas?
-De las 10.191 peticiones de documentación registradas desde julio 2015 hasta diciembre de 2016 les han admitido 13 demandas sobre derechos fundamentales. Entre las cuatro que nos han condenado están la auditoría interna de Justicia, que no se les facilitó porque no existía dicho estudio; los informes de intervención de Hacienda que ya se les han entregado aunque se demoró por el enorme volumen; o la caja fija de las universidades entre 2006 y 2014. Aquí nosotros trasladamos la petición a las universidades, si bien ellos consideraban gozaban de autonomía, algo que el juez no entendió así. Finalmente entregaron la documentación. En otros cuatro casos se ha llegado a la satisfacción extraprocesal y otras cinco están pendientes de resolución.
-¿Cuáles son?
-Una es la del Plan de Control Tributario, a través del cual Hacienda puede realizar determinadas inspecciones. Nos hemos negado inicialmente a revelarlo porque puede violar derechos fundamentales de los propios contribuyentes. Además, no sé si es correcto que si vas a inspeccionar a alguien se diga previamente. Hemos hecho una consulta al ministerio para ver qué opinan. Además, también están pendientes la Cuenta Anual de RTVV y la solicitud sobre Carns de Morella.
¿No se hace difícil coordinar a un Consell formado por dos partidos y con la necesidad de recibir en Les Corts el apoyo de Podemos?
-Ahí es fundamental el trabajo de los síndicos. El contacto es permanente y no es tan difícil como parece. Los portavoces de los grupos del Botánico son solventes y tienen experiencia. Allí se hace un gran trabajo. Quizá aquí tenemos un trabajo más técnico.
-¿Qué complicaciones suelen darse en esta relación?
-Hay que estar encima porque por ejemplo los proyectos de ley que hace el Consell llevan ya todos los informes: Consell Jurídic Consultiu, Abogacía de la Generalitat, Hacienda... en cambio para presentar las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios no son preceptivos, lo cual implica que no siempre pueden cumplir con todo lo que corresponde y han reflejado en su iniciativa. Es decir, a veces se producen situaciones delicadas porque puede aprobarse una proposición de ley que ofrezca dudas dado que no existen los controles previos que sí existen con el Consell.
-Además de estas funciones, también depende de su departamento el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y el fondo editorial. ¿Cómo funciona la gestión?
-Es compleja. Hemos cambiado la página ahora, también el sistema de acceso, de búsqueda... en definitiva, lo hemos modernizado. En cuanto al fondo editorial, aprobamos días atrás un decreto para crear una comisión oficial de publicaciones de la que formarán parte las consellerias y en la que se ha dado entrada a los libreros, los editores... y será la que vele por las publicaciones y autorice al número de ejemplares... En definitiva que no se impriman miles de libros indiscriminadamente sin una justificación tal y como ocurría antes cuando había una comisión pero no se reunía apenas, tenía menos competencias, participaba menos gente y, por lo tanto, tenía menos repercusión en el sector. Gran parte de los ejemplares que se tiraban antes de muchas de las publicaciones están almacenados y costaron mucho dinero. De hecho estamos dando salida a libros en los ayuntamientos, bibliotecas públicas, los colegios, universidades y a través de depósitos en librerías privadas.
