VALÈNCIA. La situación provocada por el contagio masivo de coronavirus ha unificado a gran parte de la ciudadanía y partidos políticos, quienes considera que ahora no es momento de hacer reproches a la gestión y que las críticas ya llegarán cuando todo acabe. Sin embargo, se ha creado una situación compleja y con grandes pérdidas en la que las reclamaciones contra la administración puedes ser abundantes.
Así lo cree Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV). Abogado especializado en Derecho Sanitario, augura la llegada masiva de demandas judiciales por la gestión de las administraciones por parte de profesionales y ciudadanos debido a la falta de previsión en cuanto a la situación que se avecinaba y la carencia de medios.
- ¿El derecho sanitario está preparado para este tipo de situaciones?
- Estamos abordándolo en los tribunales y es muy triste. Se están exigiendo medidas que debían adoptarse como prevención para todos los profesionales, porque están trabajando en una situación lamentable. Ya se están exigiendo medidas en los tribunales tanto en Madrid como en Valencia. Somos el segundo país con más profesionales contagiados, no tenemos los medios técnicos ni se saben cuándo van a llegar.
Hay hospitales que están con bolsas de plástico y de basura haciendo de batas. Estamos en el siglo XXI, es demencial. Es verdad que estamos en una situación de hecatombe no previsible, pero ha quedado en evidencia que no estamos preparados para una situación de envergadura. Si caen nuestros profesionales estamos totalmente vendidos. Mientras no protejamos a los profesionales vamos muy mal.
- Los profesionales sanitarios se han quejado de la falta de material de protección, ¿cree que la administración puede tener alguna responsabilidad civil o penal?
- Sin duda. Son cuestiones de primer orden que nuestros profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares no tengan esos medios para poder atender y es algo que viene de 15 días. Claro que la administración tiene responsabilidad. Primero por falta de previsión. Pueden tener responsabilidades penales -y ya se ha puesto una querella contra el presidente del Gobierno de España y los delegados- por posible prevaricación y delito de lesiones por imprudencia. Porque los pacientes no están siendo atendidos, no se está haciendo un seguimiento de la pandemia como debe de hacerse, porque los números que dan no son representativos de lo que realmente ocurre.
-Justo la pasada semana salieron sentencias en un juzgado de Madrid y en juzgados de la Comunitat Valenciana instando a ofrecer esa protección.
- Ahí se han dado dos situaciones. El Tribunal Supremo lo ha denegado a nivel nacional, pero el juzgado de lo social de Madrid y de Valencia sí ha exigido a las autonomías que en 24 horas adopte las medidas y no se va a cumplir, y esto acarrearía una responsabilidad porque son medidas cautelarísimas.
Estamos hablando de la salud y está muriendo mucha gente. No están siendo atendidos pero no por los profesionales, que están haciendo una labor que habrá que ensalzar cuando pase todo. Con esas medidas, la administración tiene una responsabilidad clara y evidente que puede ser desde el punto de vista administrativo e incluso penal.
- ¿Se espera un aluvión de demandas por parte de los profesionales?
- Cuando esto pase sí se están organizando en exigir, porque están trabajando en una situación lamentable. Se organizan para exigir cosas de perogrullo pero que hasta ahora han pasado desapercibidas y toda la opinión pública se pondrá de parte de los profesionales. Eso puede causar un gran problema institucional y gubernalmental, porque estamos hablando de toda la sanidad. Hace muchos años recuerdo una huelga de médicos en Bélgica que hizo caer el Gobierno. No digo que vaya a ocurrir, pero los profesionales se están agrupando para realizar exigencias que se deberían haber resuelto hace tiempo.
- Mientras, el Supremo ha realizado otra sentencia en contra por una demanda al Estado.
- El auto lo respeto, porque son resoluciones judiciales, pero no lo comparto. El mismo auto se contradice, primero reconoce que sí hay esta necesidad de los profesionales pero que no se adopta esa medida porque la administración supuestamente está haciendo todo lo posible para dotar de medios a los profesionales. Pero eso no es suficiente. Ha sido un auto salomónico pero no ayuda en nada. Los profesionales siguen cayendo. Ahora es momento de estar unidos en resolver esta crisis, pero cuando pase tendrán el respaldo y el derecho a exigir a la administración en lo que corresponde.
- ¿Se podría ir por la vía judicial contra la administración por falta de previsión?
- Sin duda. Y por un posible delito de prevaricación, por las manifestaciones o los partidos de fútbol. Una norma a nivel europeo ya dictaba que no se hicieran ese tipo de manifestaciones. La administración ha quedado desbordada y en evidencia. Los medios que siempre han tenido los profesionales siempre han sido muy deficitarios y ahora se les dice, se les exige y se les aplaude pero si no se les dota de los medios no hacemos nada.
- ¿Y los pacientes y familiares pueden sumarse estas reclamaciones?
- A nivel individual de cada persona que haya fallecido su familiar se puede reclamar. El porqué a mi pariente no se le ha atendido y no se le han aplicado los medios que por norma y que por lex artis -conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para tratar a los enfermos en la actualidad- les correspondería.
Puede venir un tsunami de reclamaciones individuales, penales, por homicidios por imprudencia porque si ha muerto alguien puede ser porque no se le ha dado o dotado de los medios y las circunstancias que la lex artis contempla. Puede ser una cascada de reclamaciones a nivel del colectivo sanitario, a nivel de sindicatos y a nivel de usuarios.
- ¿Y contra quién irían las reclamaciones de los pacientes?
- Entiendo que irían contra la administración. No se puede ir a nivel penal pero sí a nivel de reclamación patrimonial administrativa y si todas esas demandas y reclamaciones prosperasen, como la Conselleria de Sanidad nada más tiene cubierto seguro de responsabilidad para sus profesionales en el ámbito penal, sus reclamaciones las pagaremos nosotros mismos, usuarios y pacientes.
-¿Se recuerda algo similar en otro punto de la historia en cuanto a falta de recursos?
- Desde luego aquí en España no se recuerda. Nos tendríamos que remontar a los años de las pestes. Pero hemos tenido los ejemplos de China, hemos visto lo que pasaba en Italia, hemos visto que empezaba en España y nos ha sobrepasado. La inacción ha quedado patente tanto a nivel central y autonómico.
-Se ha puesto en tela de juicio que los médicos den información general por posible vulneración de la protección de datos.
- Se ha puesto una demanda por vulneración del derecho fundamental de la libertad sindical y por pedir a los sanitarios no difundir información sobre el coronavirus. Que estemos en una pandemia intentando resolver las cosas a nivel judicial quiere decir que está fallando la administración. Y de hecho no tiene ningún sentido. No se están revelando secretos profesionales sino cifras y otras informaciones generales que no vulneran el derecho de los ciudadanos a la protección de sus datos.
- ¿Y las residencias a las que han instado hasta hace poco a mantener allí a enfermos pese a no estar al mando de la administración?
- También traerá cola, porque todo va en el mismo sentido. Inicialmente los han dejado desatendidos. Hay profesionales que se han quedado confinados en residencias y las muertes en éstas serán otro foco de reclamación por la inacción y no dotar de los medios a los profesionales. Seguramente se hubieran podido evitar un buen número de muertes. La catarata de reclamaciones individuales y colectivas contra al administración van a ser brutales.
-¿Han aumentado las agresiones en este contexto?
- Hay que entender que los usuarios se ponen nerviosos pero el profesional no tiene la culpa. Aunque todos nosotros estamos agradecidísimos a los profesionales se pueden producir puntos de tensión porque la gente está tensa y no tiene toda la información que debería tener. Las personas son humanas y ante un familiar pueden reaccionar de forma incontrolable, aunque no sea lo correcto.
- ¿Se está viendo violado el derecho a una muerte digna? Muchos enfermos no pueden despedirse de sus familiares...
-Que un familiar que haya podido fallecer, que no se permita, es otro cúmulo de despropósitos. No ha habido previsión. Eso va a provocar que se pidan muchas responsabilidades. En general, todos los responsables autonómicos y nacionales deben tener un cuidado y delicadeza en transmitir los mensajes porque los usuarios y la población está en estado de crispación y no saben lo que está ocurriendo. Ahora lo más importante es que se logre atajar lo antes posible la cuestión.
- ¿Cree que se ha producido un agujero en el Estado de Bienestar?
-Las administraciones y los gobiernos están siempre para prever situaciones y la hemos visto venir con China e Italia. Esto va a tener consecuencias, a nivel estatal y económico. Pero cuando esto termine los profesionales se están organizando porque tienen todo el derecho y el deber de hacerlo, y eso también será bueno para los usuarios y podrá en tela de juicio a la administración central y autonómica.
Todo el colectivo de profesionales sanitarios va a tener a toda la sociedad civil de su parte, con las reivindicaciones justas. Lo están viviendo y la gente está muy or la labor de apoyar las exigencias de los profesionales, que deberían haberse adoptado desde hace tiempo por la administración. De guardias, económicas, del colapso en Urgencias o Primaria.