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Gonzalo Fernández, secretario de Administración Autonómica y Justicia de fesp-ugt

"Parte del Consell cree que rescatar servicios es muy 'progre', pero debería plantearse si puede mantenerlos"

14/10/2018 - 

VALÈNCIA. Gonzalo Fernández representa a la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FeSP-UGT), el sindicato mayoritario en el sector instrumental de la Generalitat, en la comisión de Diálogo Social encargada de poner orden en la regulación de las plantillas de las empresas públicas. En ella se han alcanzado acuerdos de calado, como la regulación del acceso a las sociedades con pruebas que respondan a los criterios de igualdad, mérito y capacidad, pero por el momento no se están cumpliendo porque la mayoría de las plazas prometidas, incluidas las destinadas a consolidar a los interinos, siguen sin convocarse.

En esta entrevista, Fernández achaca a este hecho al nulo interés de los gestores de las empresas por abordar el proceso. Además, el secretario de Administración Autonómica de la FeSP-UGT cuestiona el criterio de una parte del Consell que aboga por rescatar la gestión de todos los servicios públicos, ya que cree que solo deberían recuperarse aquellos que la administración pueda mantener un prestar de forma más eficiente, y advierte de que asumir a miles de empleados de empresas privadas como personal 'a extinguir' responde a políticas cortoplacistas que pueden dar lugar a importantes problemas jurídicos en el futuro.

–¿Cómo valora el trabajo de la comisión de Diálogo Social del Sector Público?

–Es una comisión que no existe en ninguna otra comunidad y tiene como objetivo regular las políticas de recursos humanos del sector público instrumental, que no es una situación fácil. La comisión ha trabajado bien, pero no tiene potestad resolutiva.

–Los acuerdos alcanzados son importantes sobre el papel...

"los nuevos responsables de las empresas públicas no convocan las OPE porque no quieren problemas con los trabajadores"

–El nivel de ejecución no depende de la comisión. El Consell ha asumido las recomendaciones y ha elaborado las instrucciones, lo único que puede hacer mientras no exista una ley del sector público instrumental valenciano por encima que sustente los acuerdos de la comisión con un carácter normativo que vaya más allá de una instrucción, por ejemplo vía decretos, la debilidad jurídica de la comisión es mayor. Por lo tanto, el grado de incumplimiento cuando no hay voluntad es importante; los nuevos responsables de las empresas públicas no quieren problemas con los trabajadores.

–Uno de los incumplimientos más claros es el de la convocatoria de las OPE 2017-19, ya que de las mil plazas que se prometieron solo se han publicado 29 plazas, ¿dónde está el problema?

–Los directores y gerentes, ante la presión de los trabajadores, se hacen los remolones y no facilitan los datos a la Dirección General de Presupuestos. Sin esos datos es difícil poder convocar las OPE más allá de lo que suponen las plazas por tasa de reposición de efectivos.

–¿Qué puede hacer el Consell para acabar con esta suerte de rebeldía de los gerentes de las empresas públicas a la hora de convocar esas plazas?

–El Gobierno tiene instrumentos, limitados por las características del Pacto del Botànic. Ahora es complicado porque estamos al final de la legislatura, pero nos gustaría que en la próxima legislatura el Gobierno de Ximo Puig fuera ambicioso y reordenase el sector público valenciano para evitar zonas comunes de actividades. Por ejemplo, el Ivace y la Agencia de Innovación tienen zonas comunes. En Vaersa, por la tibieza y cobardía de la consellera de Agricultura para tomar las riendas de esta empresa, no se ha podido sacar rendimiento a un instrumento que es útil pero al que no se le saca el suficiente partido porque tras la última directiva europea de contratos públicos Vaersa no es instrumento propio de la Generalitat y, por lo tanto, muchas de las tareas que podría desarrollar se le tienen que encargar a entidades no valencianas como Tragsa. Además, esas encomiendas resultarían más baratas.

–¿Y qué pasa con la recuperación de servicios públicos gestionados de forma privada?

–El de los rescates que acaban en el sector público son otro problema importante. Hay una parte del Gobierno que entiende que rescatar mucho es de ser muy 'progre', pero creo que progre es quien hace políticas sociales, refuerza el Estado del Bienestar, no es cortoplacista en sus políticas y además es eficaz y eficiente.

– Uno de los ejemplos que se están debatiendo en la actualidad es de los bomberos forestales...

"¿Desde cuándo un personal que depende de una mercantil del Estado (Tragsa) puede integrarse como personal de la Generalitat? Nunca"

–Lo digo porque suceden cosas incomprensibles como decir sí a la petición de los bomberos forestales en el debate de la Ley de Medidas para su integración en la Generalitat, sin analizar las consecuencias y pensando que la ley lo puede todo, pero por encima está la Constitución y el derecho comunitario. ¿Desde cuándo un personal que depende de una mercantil del Estado puede integrarse como personal de la Generalitat? Nunca. Veremos qué opinan los tribunales de esto cuando les llegue. Si un funcionario de la Administración General del Estado no puede integrarse en la Generalitat, aún menos un personal que no ha superado ningún proceso selectivo. Ninguno. Que nadie se sienta ofendido por esto porque simplemente digo lo que la sentencia del Tribunal Supremo le dijo a Tragsa en concreto cuando se planteó que las convocatorias para selección de empleo no se acomodaban a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. En concreto, les dijo que Tragsa es una mercantil sujeta a derecho privado y las ofertas de empleo no tienen por qué ser tan exigentes. Eso impide que el personal de estas sociedades pueda integrarse posteriormente en empresas públicas en las que las exigencias de empleo son los principios rectores recogidos en la Constitución.

Foto: KIKE TABERNER

–Pero el Consell aprobó subrogarse a ese personal en la Agencia de Seguridad como trabajadores 'a extinguir'...

–Eso no es una figura jurisprudencial. Ni siquiera ha sido sometida a la fiscalización jurídica de los tribunales, más allá de los informes de la Abogacía de la Generalitat sobre esta figura que se crea en Les Corts para responder a la voluntad de Podemos. Vamos a ver lo que pasa porque esto ya se está convirtiendo en un problema. Cuando uno abre la espita y deja entrar por la rendija a una persona sabiendo que hay mil detrás, inmediatamente viene la avalancha.

–El Consell prevé hacer lo mismo con el personal de las residencias concertadas, que en la Comunitat integra nada menos que a 3.000 empleados...

"Cuando se abre la espita y deja entrar por la rendija a una persona sabiendo que hay mil detrás, inmediatamente viene la avalancha"

–Todos 'a extinguir'. Hablo de políticas cortoplacistas porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. Uno ha de rescatar cuando puede mantener el servicio; y esta comunidad debe 43.000 millones de euros. Es verdad que es una losa heredada del Consell del PP, pero esa es la realidad y con ello hemos de vivir. Es cierto que quizás eso son 3.000 votos para este Consell pero, ¿eso se puede mantener? Porque no es solo asumir al personal, las residencias que se asumen hay que mantenerlas. Se está generando un problema con esos rescates porque no se están teniendo en cuenta las limitaciones que pueda imponer el Estado por mandato de la UE; esta comunidad está intervenida. El sector de la diversidad funcional es muy sensible y no se puede asegurar que vaya a recibir los niveles de inversión que necesita. Eso es lo que un gobierno progresista debería plantearse antes de llevar a cabo un rescate.

–Critica el cortoplacismo de estas medidas. ¿Cree que el Consell está actuando de forma responsable al regular mediante una ley la recuperación de todas las residencias?

–Creo que no está siendo responsable. Hay que rescatar servicios que las administraciones públicas puedan prestar con mayor calidad. Con el resto, si está bien, lo que hay que hacer es exigirles más a quienes están gestionando el servicio.

Foto: KIKE TABERNER

–La Abogacía de la Generalitat ha advertido al Consell de que las plazas del personal 'a extinguir' en las empresas públicas no pueden salir a concurso, lo que implica que quienes las ocupan podrán estar en ellas hasta el final de su vida laboral, aunque no hayan superado ningún proceso selectivo...

–La Abogacía alerta de manera tibia porque esa figura jurídica aún no ha sido 'fiscalizada' por un órgano como el Consell Jurídic Consultiu (CJC), que suele ser mucho más potente en sus dictámenes que la propia Abogacía y habrá que ver qué dice sobre la Ley de Acompañamiento. La fórmula del personal 'a extinguir', no es una figura judisprudencial como la de los indefinidos no fijos, ni una figura regulada ni en el estatuto sanitario ni en el estatuto docente. Es una figura pseudoartificial generada pensando que la ley lo puede todo. Las Comunidades Autónomas no tienen competencias para crear una figura jurídico-laboral, es competencia del Estado. Habrá que ver qué pasa cuando los 400 empleados temporales del IVASS que tendrán que superar un proceso selectivo vean que, con el rescate de las residencias, quienes trabajan en ellas se quedan hasta que se jubilen y sin embargo ellos se tienen que examinar. Esto no va a ser una situación pacífica. Espero que más pronto que tarde haya un pronunciamiento de los tribunales de justicia que acabe con esta situación que no tiene parangón y que responde a políticas cortoplacistas.

"la fórmula del personal 'a extinguir' es una figura pseudoartificial generada pensando que la ley lo puede todo"

–Pero el Consell ya metió en la Ley de Acompañamiento de 2018 que los bomberos de Tragsa se iban a integrar en un organismo autónomo como la Agencia de Seguridad...

–El error es el chantaje de grupos políticos para aprobar los presupuestos que, sin estar en el Gobierno, creen que van a lograr más votos por hacer estas cosas. Ya se ve por las encuestas que no va a ser así. Eso es en manos de quien estamos. Los políticos son servidores públicos que deben defender el interés general, no el de cuatro.

–La reestructuración de las empresas públicas ha resultado muy difícil, ha habido tres directores generales diferentes y la prometida Ley del Sector Público no ha salido, ¿cree que debería aprobarse en la próxima legislatura?

–Sí, nosotros vamos a empujar para que salga en la próxima legislatura. Los acuerdos que hemos alcanzado en la comisión del Diálogo Social del Sector Público allanan mucho el camino en la redacción de la ley, que era nuestra pretensión. Con la regulación de la ley se puede minimizar el impacto de este personal 'a extinguir'; si hay actividades que pueden seguir siendo desempeñadas por mercantiles y el personal que venía de una mercantil pasa a otra, se ha acabado el problema. El Gobierno ha de ser valiente en eso y apostar por figuras ágiles; puede seguir habiendo mercantiles públicas como instrumento eficaz que no habría que desechar. Las entidades de derecho público o las entidades públicas empresariales deberían quedar exclusivamente para gestionar materias como por ejemplo subvenciones. Cuando las subvenciones han estado gestionadas por entidades de derecho público y no por las direcciones generales es cuando se han producido las corruptelas por parte del Gobierno del PP porque no existía fiscalización previa.

Foto: KIKE TABERNER

–Otra ley que tampoco va a salir esta legislatura es la de Función Pública...

–Estamos aún en fase de negociación. Hemos adelantado mucho con la consellera Gabriela Bravo. Se ha renovado mucho la legislación y estamos en un 90% de ejecución de los compromisos del acuerdo de legislatura de la Mesa General, por lo tanto no hay más que felicitarle por su gestión. Cuando llega a gobernar, todo el mundo cree que las leyes son la panacea de la gestión y no siempre es así. Es verdad que hace falta remozar la Ley de Función Pública actual y abordar los criterios de los procesos selectivos para adaptarlos al siglo XXI.

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