Jose Donoso. Foto: UNEFVALÈNCIA. La larga tramitación de proyectos de renovables en la Comunitat Valenciana ha sido un problema que durante años ha bloqueado la puesta en marcha de plantas, ralentizando así la transición verde de la región. Tanto es así que en este momento existe un tapón de 400 expedientes sin resolver y solo hay instalados 2.406,8 MW procedentes de fuentes renovables, pese a que el objetivo es llegar a los 10.000 MW en 2030. De esta forma, la autonomía está a la cola de España en cuanto a despliegue de etse tipo de energía y solo aporta el 3% de la potencia renovable instalada en todo el país.
Una situación que ha llevado al sector a poner la voz de alarma en varias ocasiones y al Consell a mover ficha. Así, esta misma semana, la Generalitat Valenciana aprobaba el decreto-ley 'Simplifica', que elimina trabas y duplicidades para los promotores, lo que, según expertos, permitirá que, de media, la tramitación de un expediente tarde unos 18 meses. Un plazo más que razonable y que valoran las empresas, y más teniendo en cuenta que hay iniciativas que llevan hasta cinco años de espera. Una norma que el sector celebró como agua de mayo y que espera que ayude a revertir el actual panorama.
Precisamente, la norma se aprobó el mismo día que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) celebraba una jornada en València para abordar los retos del futuro. Una cita en la que participó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien avanzó la aprobación del decreto, asumiendo que en los últimos años "se ha perdido mucho tiempo" y ahora la Comunitat quiere "protagonizar el cambio" en el camino hacia la descarbonización.
"Esperemos y confiamos que a raíz de este decreto haya un antes y un después en la Comunidad Valenciana", asegura José Donoso, director general de UNEF, quien admite que la autonomía va con retraso en cuanto a potencia instalada respecto de otras autonomías y "no puede quedarse atrás en la descarbonización". Valencia Plaza se reúne con Donoso, el mismo día que se aprobó el decreto por parte del Consell, pero antes de conocer los detalles de la nueva norma.
-La Comunitat Valenciana está a la cola de España en cuento al despliegue de renovables. A su juicio, ¿qué ha fallado?
-Venimos de unos años en los que no se ha comprendido por parte de la Administración la importancia que tiene para nuestro país las renovables, ni desde el punto de vista de la biodiversidad, ni desde el de la emergencia climática, ni de la oportunidad económica. A nuestra tecnología todo el mundo tiene acceso. En Alemania una planta fotovoltaica produce entre 850-900 horas, mientras que en la Comunidad Valenciana hablamos de 2.000 horas. Además, tenemos terrenos para economías de escala y eso quiere decir que 1 kilovatio/hora en España cuesta la mitad que en Alemania. Eso es una ventaja competitiva para las empresas industriales que se quieren asentar en el país. Lo vemos con proyectos como el de Sagunto -la gigafactoría de PowerCo- o con los centros de datos. Esta oportunidad no la podemos perder. Es una responsabilidad histórica, pero esto no siempre lo ha comprendido la Administración.
Nosotros lo que intentamos todos los días es que las empresas hagan las cosas lo mejor posible. Y que lo hagan de forma excelente, en contacto con el territorio, huyendo de las fórmulas de las expropiaciones y haciendo todo lo posible para renaturalizar los territorios, pero necesitamos que esa responsabilidad histórica se corresponda con una responsabilidad de la Administración por avanzar conjuntamente.
-¿Ha faltado entonces voluntad política?
-Para ser justos, creo que ha habido una situación de bloqueo porque había personas en el periodo anterior que sí tenían voluntad política, pero otras que tenían más bien la contraria: la de no permitir el desarrollo de las renovables. Esa situación generaba bloqueo y, al final, lo que hacia era paralizar plantas. Hemos visto proyectos denegados por razonamientos absolutamente absurdos, que no tenían nada que ver con la realidad.
-¿Ese rechazo ha cambiado con el nuevo Consell de Carlos Mazón?
-De acuerdo con las palabras del presidente Mazón, lo que se ve perfectamente es una oportunidad económica. Eso lo dicen las empresas y, de hecho, en Sagunto lo han dicho muy claro: si no hay una planta fotovoltaica, no hay industria. Es un ejemplo que representa la totalidad. Aunque no todos los proyectos vayan con una planta asociada, pero todos buscan eso: la energía barata que produce la solar. Hay una oportunidad ahí y queremos creernos que habrá un cambio con el decreto de simplificación y que habrá un cambio significativo. Eso no quiere decir que todos los proyectos se aprueben, sino aquellos que cumplen.
-Precisamente este decreto de simplificación elimina trabas para agilizar los expedientes. ¿Cree que será efectivo?
-Esperemos y confiamos que a raíz de este decreto haya un antes y un después y empiece el proceso, tras el retraso respecto de otras autonomías. Hace falta simplificación administrativa, pero también voluntad política de apoyar aquellos proyectos que cumplen con los requisitos, tienen una DIA adecuada, consenso en el territorio y apoyo municipal. Hay que agilizar esos proyectos. La Comunidad Valenciana es un centro de consumo y no puede quedarse atrás en el compromiso con la descarbonización, ni perder la ventaja competitiva que tiene nuestro país en energía fotovoltaica.
-Con el nuevo decreto, ¿será posible llegar a los 10.000 MW que se ha fijado alcanzar la Comunitat en 2030 dado el retraso acumulado?
-Dependerá de la voluntad del Consell. Nuestra tecnología tiene una gran ventaja y es la rapidez en cuanto a su despliegue. No necesitamos grandes infraestructuras, solo el tiempo de la tramitación administrativa y en un año se pueden instalar. La pregunta va más dirigida para el Consell: ¿Va a aprobar 10.000 MW en este periodo hasta 2030? Si los aprueba, se van a construir. Estamos en 2024, por lo que se necesitaría ir con un ritmo de 2.500 MW al año.
-¿La situación en la Comunitat Valenciana era conocida en España? ¿Ha habido empresas que sepa que no han venido a la región por las trabas?
-Sí, claro. Incluso conozco proyectos que lo que han hecho ha sido trasladarse a Castilla- La Mancha porque están en la frontera, pero se han conectado a subestaciones de Valencia, que estaba considerada una zona muy difícil y con complejidad para obtener la autorización. Además, muchas empresas la han desechado de partida y otras llevan años. Creemos que si se crea una atmósfera adecuada y con una Administración que quiera ir adelante y analizar adecuadamente los proyectos, esas empresas van a volver.
-Uno de los principales debates es el impacto de los parques fotovoltaicos en la biodiversidad y el paisaje. ¿Cómo se consigue un equilibrio?
-Ese es un tema que a nosotros nos preocupa desde el principio. Según nuestros cálculos, y ahora el Ministerio nos ha dado la razón, para construir todo lo que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) necesitamos el 0,2% del territorio agrícola en España. Eso en el caso de que todo se hiciera en terreno agrícola. Es una cantidad insignificante. Por tanto, es falso cuando se quiere contraponer fotovoltaica y agricultura. Desafortunadamente, en nuestro país se queda en baldío más terreno agrícola del que necesitamos nosotros para hacer las plantas fotovoltaicas, pero siempre hemos tenido clara nuestra responsabilidad sobre el territorio.
De hecho, antes de que empezara el 'boom', organizamos un grupo de expertos ambientalistas para ver cómo diseñar una planta para que no sea un problema para la biodiversidad, sino una oportunidad. Partimos de una intuición y es que una planta se ubica en un terreno en el que durante 30 años la actividad humana va a ser reducida. Esto ya lo vimos con la covid y es que cuando la naturaleza humana se reduce... Vimos hasta jabalíes en Moncloa en Madrid. Por tanto, definimos cómo debía ser esa planta: nada de uso de pesticidas, ni herbicidas, cemento ni hormigón, de forma que después de 30 años va a estar mejor ese terreno. También, implementamos medidas para favorecer la renaturalizacion con humedales, hoteles de insectos o nidales. Y vemos todos los días como se convierten en auténticas zonas refugios.
-Entonces, ¿a qué achaca ese rechazo social que existe?
-Es una mezcla entre interés económico y desconocimiento. Lo que nos encontramos en muchos casos son intereses económicos competitivos por el uso del suelo. Por ejemplo, las macrogranjas de cerdos necesitan terrenos para depositar los purines, pero no van con la pancarta. También están los cazadores, existen intereses turísticos...Todos son legítimos, pero normalmente no van de cara.
-Pero también es cierto que ha habido proyectos que se han proyectado en zonas sensibles o en terrenos cultivados.
-Por eso nuestra primera responsabilidad es hacer que las empresas hagan las cosas bien. No todas lo hacen, pero lo que no se puede hacer es coger la particularidad por el todo. Por eso, hemos sacado nuestro certificado de excelencia para aquellas plantas que cumplen con todo lo que decimos, tanto desde el punto de vista de la integración socioeconómica como de la paisajística. En cualquier caso, en terrenos cultivados como viñedos si es la voluntad libre del propietario del terreno estamos en un libre mercado y hay que respetarlo. Por ejemplo, en La Sagra, en Toledo, hubo un conflicto, pero hablando se entiende la gente y se llegó a un acuerdo. Había un señor que quería alquilar sus terrenos de viñedos, pero la cooperativa se oponía y la empresa financió a la cooperativa como gesto y el señor de los terrenos se comprometió a invertir los ingresos de la planta en cultivar el doble de viñedos que tenía antes. Siempre se pueden encontrar soluciones.
-¿Qué tamaño medio de planta es el que más sentido tiene en una región como la valenciana?
-Con la cuestión del tamaño le aseguro que le he dado muchas vueltas y no es fácil. Es muy poliédrico porque, por ejemplo, esa renaturalización que comentábamos, cuanto más grande es la instalación, más posibilidad para los animales y tendrá un efecto mayor que una planta pequeña. No es un debate tan simple con una cifra mágica. Le he dado muchas vueltas y hay que ver caso por caso, su impacto y dónde se instala.
Por otro lado, el autoconsumo es fundamental y también las comunidades energéticas. En Valencia están creciendo mucho porque existe mucha tradición de cooperativismo. Creemos que es una vía y que en esta región tienen mucho recorrido las comunidades energéticas.
-¿Qué consecuencias puede tener la Comunitat si no alcanza su soberanía energética?
-Las vemos todos los días con los efectos del cambio climático, que se nos han adelantado 10 años. Los estábamos pensando para la próxima década, pero están ya aquí. Sin embargo, la gente no termina de ver una realidad que está ante sus ojos. Y es que hace unos meses, en pleno invierno, había sequía y restricciones en Cataluña y en muchos pueblos de España y habrá cada vez más. La inacción no es una alternativa. La historia nos ha regalado un cisne verde. España nunca ha tenido en una revolución industrial una ventaja competitiva en el factor energía porque tenemos carbón, malo y caro; petróleo ni para un mechero; y gas para dos bombonas. En cambio, ahora resulta que la tenemos y no podemos no actuar porque perderemos la ventaja competitiva económica y, por intereses personales, no podemos poner esto en riesgo.
-¿Qué impacto económico genera la industria renovable en España?
-Hoy en día, en empleo son más de 225.000 empleos entre directos e indirectos. A nivel local, somos muy intensivos en la construcción porque se necesitan entre 300-500 personas para levantar una planta, trabajadores que luego no se despiden porque normalmente se van a construir otra. Si comparamos, por ejemplo, con un secano producimos cuatro veces más empleo que una planta de secano.
Además, un ayuntamiento recibe ingresos, normalmente 10.000 euros por MW/año; el que alquila recibe entre 1.500 y 2.000 euros, mientras que la PAC le daba entre 100 y 400 euros. Toda esa renta genera un efecto indirecto y fomenta más riqueza en las poblaciones. Es una oportunidad para sitios por donde no ha pasado la historia. Muchas veces se habla de la 'España Vaciada' y ahora tienen una oportunidad y deben aprovecharla bien e inteligentemente. Muchas veces, la oposición viene del 'dominguero', del que pasa el finde semana en esos municipios y habla del 'paisaje', cuando el paisaje se ha alterado siempre durante la historia de la humanidad. Nosotros proponemos que para que tengan un menor impacto nuestras plantas se rodeen de muros vegetales, pero al final lo que tienes que ver es el coste de oportunidad.
-Uno de los principales retos a futuro es el almacenamiento. ¿En qué punto se encuentra su regulación? ¿En qué otros aspectos España debe incidir?
-El sector tienen en este momento tres retos de país. El primero es la aceptación social y que la gente entienda que estamos en un estado garantista. Los proyectos se analizan y los que se hacen están en el sitio adecuado y no son una amenaza para la agricultura. El segundo es el de la electrificación. Ha sido un éxito la descarbonización del sector eléctrico, pero va muy lenta la del resto de consumos industriales. Necesitamos avanzar en la sustitución de los combustibles fósiles por energía eléctrica. Es complejo y difícil, pero hay que avanzar.
Finalmente, el tercer reto es precisamente el almacenamiento, en el que hay que trabajar para extender esas horas baratas de energía solar más allá para dar garantía a los consumidores y reducir el consumo de los ciclos combinados. Necesitamos un marco regulatorio porque en este momento no existe y es algo urgente. También un marco retributivo con subastas.
