VALÈNCIA. La pandemia de coronavirus ha concernido a múltiples departamentos de las administraciones, pero uno de los involucrados de pleno ha sido el de emergencias. El secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel (València, 1956), está convencido de que el tiempo ha dado la razón a la Generalitat Valenciana en la instalación de hospitales de campaña en las tres provincias. "Esto va a quedar como propiedad de la Generalitat", explica, y además, la decisión de dejarlos montados hasta otoño por una posible oleada, dice, hace que la administración valenciana esté mejor preparada ante situaciones como la que se vive ahora en Cataluña.
Este viernes se dieron a conocer las sanciones que recibirán quienes incumplan las medidas preventivas frente al coronavirus. Preguntado sobre si se van a endurecer, Ángel dice que son "suficientes". El secretario autonómico dice que hay medidas como el confinamiento selectivo -de barrios, ciudades o regiones concretas- que están "en el imaginario de todos nosotros", aunque niega con rotundidad que la Comunitat Valenciana, pese a los brotes registrados, se encuentre en tal tesitura.
Una de las medidas estrella implantadas por la Generalitat durante la desescalada veraniega es la contratación de un millar de auxiliares de playa desempleados para informar y ayudar a los usuarios en el cumplimiento de las medidas preventivas en la costa. Un programa que, si bien tiene un balance satisfactorio para el secretario autonómico, también admite que ha generado muchos "dolores de cabeza". Un centenar de bajas que han tardado en cubrirse y advertencias por malas praxis en el trabajo han sido los principales problemas. El procedimiento ha estado "encorsetado" para obtener financiación europea, y no ha sido "lo rápido y ágil que debería", asume el responsable.
La pandemia ha disparado las llamadas al 112, servicio que dirige también Ángel, quien señala que habitualmente se reciben entre 8.000 y 10.000 llamadas diarias. Durante lo peor del estado de alarma, alcanzaron las 13.000 en un día. En total, este año, se han atendido más de 1,5 millones de llamadas, 130.000 más que el año anterior por estas fechas. Precisamente, 136.000 de todas ellas han estado relacionadas con la pandemia.
Para hablar de todo ello, el secretario autonómico recibe a Valencia Plaza en el centro de emergencias de l'Eliana. Ahora, dice, toca "repensar todo lo que hemos hecho y reforzar determinadas necesidades tecnológicas".
- ¿Con repensar quiere decir que se han hecho cosas mejorables?
- No, repensar es que probablemente algunos automatismos que tenemos en la emergencia. La emergencia no tiene color. La emergencia tiene un denominador común: salvar vidas y reducir el tiempo de respuesta. Esta es la máxima. En la emergencia no cabe la improvisación. Trabajamos con hipótesis de trabajo, con protocolos y automatismos, que nos dan garantía. El ser humano tiende a producir desajustes cuando improvisa.
- Se le ha dado mucha presencia a la Unidad Militar de Emergencias (UME) respecto a otros cuerpos. ¿Por qué?
- La UME juega un papel importantísimo en la respuesta a las emergencias en el estado español. Fue una de las mejores decisiones que tomó el gobierno central en un momento determinado. La protección civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen demostradas sus capacidades para hacer frente a cualquier tipo de emergencia. Lo importante es que la ley de 2015 de Protección Civil es sólida y permite a las comunidades autónomas movilizar sus recursos en función de sus necesidades. En la Comunitat seguimos en el nivel 2 de emergencia. Desde la agencia le pedimos a la consellera, Gabriela Bravo, continuar en este nivel porque entendíamos que la pandemia tiene una evolución y una conducta difícilmente previsible. Entendemos que podemos tener unos picos y eso obliga a seguir estando atentos. El nivel 2 nos permite estar tensionados para dar respuestas.
- ¿Hasta cuándo se espera mantener este nivel?
- La comunidad científica dice que vamos a estar con picos de afección a parte de la población civil. Esto hace que estemos en tensión. La autoridad científica dice que hasta que no tengamos una vacuna, estamos en riesgo de contaminación. Ahora lo que tenemos que hacer es vigilar que los comportamientos que recomienda Sanidad es lo que cumplimos la sociedad civil.
Es lo mismo que si lo traducimos al momento en el que la administración detectó que la ingesta de alcohol y la conducción nos provocaban 2.000 muertos al año. Y empezamos a hacer campañas de seguridad vial, pero al mismo tiempo acciones punitivas. Si vas borracho conduciendo, eres un temerario, y eso se sanciona. Esto es un escenario en el que tenemos que plantearnos que los ciudadanos temerarios y con una conducta impropia merecen una respuesta para garantizar que las conductas en la vía pública se adecuan a lo que dice la autoridad sanitaria: distancia, mascarilla, etcétera.
- ¿Espera endurecer las medidas punitivas ya aprobadas?
- No. Creo que las medidas de castigo siempre pueden cercenar los derechos de los ciudadanos, pero por hacerme un control de alcoholemia no están cercenando ningún derecho. Están vigilando los niveles de alcohol para garantizar mi seguridad y la de los demás. Ahora pasa lo mismo: tenemos que reforzar las medidas para el estricto cumplimiento de las normas.
Las medidas que nosotros hemos puesto son suficientes. Es verdad que tenemos que estar muy pendientes de la evolución. En todo caso, los confinamientos selectivos, de una ciudad, un barrio o un municipio, está en el imaginario de todos nosotros porque es la práctica que están llevando a cabo no sólo algunas comunidades autónomas, sino también se está elucubrando en algunos países europeos.
- ¿Se plantea hacerlo?
- No, ahora no. En la Comunitat Valenciana no estamos en el umbral de una situación en la que tengamos que hacerlo. Pero en nuestras hipótesis de trabajo es una situación que está contemplada.
- ¿Teme que la segunda oleada que se espera se produzca en paralelo a otras circunstancias de emergencias, como podría ser una Dana?
- Ya lo hemos tenido. En el mes de abril hubo fuertes lluvia en Burriana y tuvimos que tener una actuación compleja. Evacuamos a determinados ciudadanos de alrededor de Burriana y otros municipios afectados. Era algo que contemplábamos. La consellera Gabriela Bravo dijo que todas las ciudades y consorcios estuvieran atentos a la emergencia climática y que nuestros bomberos forestales se dedicaran a satisfacer necesidades de la sociedad civil, como el tema de los profilácticos, la lejía, y el reparto de otros materiales. La división de tareas ha funcionado.
- Se han instalado hospitales de campaña que, aunque no se han tenido que usar, se van a dejar hasta otoño por si hay una segunda oleada. ¿Son seguros estos hospitales?
- Sí, sí. Los hospitales están acreditados por una empresa que instala hospitales de campaña. Además, la autoridad sanitaria junto al área de Emergencias hemos querido plantearlos como un anexo o apéndice de los centros hospitalarios. No algo alejado de la respuesta sanitaria. Queríamos que, con el control de los grandes centros hospitalarios, hubiera una única dirección facultativa para dar respuesta en función del análisis clínico. No tenían por qué ser destinados sólo a coronavirus. Podrían destinarse para minimizar las listas de espera en un momento determinado de la presión asistencial. Por eso están dotados de la máxima tecnología. Ha habido dos encargos: el recinto hospitalario -hecho desde Emergencias-, y el material sanitario -coordinado desde Sanidad-.
El tiempo nos ha dado la razón. Cuando apostamos por esto, entendíamos por una parte que teníamos que mejorar nuestro patrimonio: esto va a quedar propiedad de la Generalitat Valenciana para contestar ante cualquier emergencia. Pero además, ahora estamos viendo lo que ocurre en Cataluña. Han tenido que poner un hospital de campaña. Si pasara aquí, tenemos esas instalaciones preparadas.
- ¿Podrían trasladarse los hospitales a otras zonas si fuera necesario?
- No, no. Lo que haríamos sería trasladar a los grandes centros hospitalarios la respuesta. Pero este trabajo modular nos permitiría tenerlos para poder asistir a una zona concreta.
- ¿Han notado un descenso de incendios con motivo del confinamiento?
- No. El comportamientos de los avisos por incendios sigue teniendo una pauta similar a otros años. A mí no me gusta decir esto, pero esto va bien. Los comportamientos son estándares. Probablemente, estamos alejados de unos siniestros totales. Con probabilidad, se debe a un trabajo de prevención y de vigilancia permanente. Gastamos dinero para que haya una vigilancia aérea por las mañanas. Esto, junto al buen trabajo en los cambios operativos, estamos muy pendientes.
- La campaña con los auxiliares de playa ha empezado con mal pie. ¿Tienen cuantificadas las personas que han abandonado?
- Ciento y pico incidencias hemos tenido. Probablemente por la muy buena idea del president Ximo Puig de dotar a los ayuntamientos de un personal de apoyo con un perfil joven, alegre y con ganas de trabajar. Quizá las dificultades de la administración española en su conjunto han complicado el proceso. Vincular estos jóvenes a la iniciativa pública es complejo. Para conseguir el apoyo de las instituciones europeas teníamos que vincularlos como funcionarios interinos, lo cual reviste cierta complejidad. Si a alguien que hemos vinculado se quiere ir, tiene que renunciar por escrito, tengo que darle de alta, etcétera. Y para esto pasan varios días porque es muy garantista.
Si esta idea de tener jóvenes en las playas para dar una respuesta asistencial a los usuarios viene para quedarse, hay que buscar una fórmula mucho más ágil. Que las altas y las bajas no estén encorsetadas por el procedimiento administrativo. De una buena idea, hemos tenido dolores de cabeza. Algunos alcaldes se han enfadado porque habían pedido un número de auxiliares y les hemos dado menos. Ahora ya están todos, pero han pasado 15 días.
- ¿Se ha tenido que despedir a alguien por infracciones?
- Ha habido... Como en todas las empresas. ¿Cuántos incidentes tendrá la Ford con sus 8.000 trabajadores? ¿Cuántos incidentes tendrá una gran empresa? Aquí igual.
- ¿Pero se ha tenido que acudir a esta medida?
- El procedimiento administrativo hace que desde lo público no puedas despedir a nadie. Eso es garantía también. Sí ha habido alguna advertencia o comunicación de mala praxis en el trabajo, que hasta ahora no se ha traducido en ningún despido. Pero sí en una advertencia: cuando uno viene a trabajar, viene a trabajar.
- ¿Se ha vuelto a rellenar la bolsa de auxiliares de la que ya se ha echado mano para suplir las bajas?
- Sí. Porque algunos aspirantes no han aceptado. Ha sido complicado. No ha sido lo rápido y ágil que debería. Por eso probablemente otra experiencia que se puede llevar a cabo es hacerlo de manera localizada. La consellera tenía interés de hacerlo de manera localizada desde el principio, pero jurídicamente era difícil. Pero eso sí que genera una comunión entre el alcalde y el joven de la localidad. Por eso, si esto viene para quedarse, el año que viene buscaremos un mecanismo más ágil y más próximo.
- Quiere decir que se haría por municipios o comarcas, no por provincias como ahora.
- Exactamente. Toda esta dificultad ha sido por estar vinculado al sector público. Una iniciativa privada no tiene ningún problema. Pero en la iniciativa pública, si no se hacía de esta manera, Europa no te subvenciona.
- Esto abre la puerta a hacerlo con un mecanismo diferente, ¿quizá con algún convenio?
- Una opción es que nosotros demos la subvención y que los ayuntamientos contraten a los jóvenes de sus localidades.
- Se han gastado 7,4 millones de euros en este programa. ¿Prevé aumentar la cuantía?
- No creo. Habitualmente ponemos una cantidad máxima. Ahora estamos dando más material: una toalla, gorra, dos camisetas, dos pantalones, crema solar, botellas de agua, un walkie.
- Sí que ha habido quejas por falta de material, al menos al principio.
- Sí, probablemente. Pero es normal. Contratar rápidamente a 1.000 personas genera complicaciones. Y luego cada alcalde es un mundo.