VALÈNCIA. Juan Carlos Fulgencio (Bilbao, 1960) es intendente jefe de Recursos Humanos de la División Central de Policía Local de València y miembro de la agrupación socialista de Moncada. Apoyó la campaña de Pedro Sánchez para la Secretaría General del PSOE, así como la de Mercedes Caballero, mano derecha del secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, Jose Luis Ábalos, para el liderazgo provincial de Valencia.
Secretario general del PSPV de l'Horta Nord fue nombrado delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana el pasado mes de junio después de que Pedro Sánchez lograra los votos para sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Su estreno vino marcado por la llegada del Aquarius al puerto de València. Y desde entonces, como responsable de 'Interior' en la Comunitat Valenciana, ha debido gestionar la seguridad de situaciones complejas como la manifestación del 9 d'Octubre.
Precisamente ahora, con las amenazas de España 2000 a la actuación de Mongolia en La Rambleta o Dani Mateo en el Palau de la Música -antes el Olympia-, la seguridad de los eventos está en el punto de mira.
-Usted dijo que quería reforzar las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil dedicadas a la violencia de género, ¿cómo está actuando respecto a ese compromiso? ¿Se está trabajando ya en ese programa piloto de oficina especializada en violencia de género?
-Partimos de un déficit de casi 1.200 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil en la Comunidad Valenciana. Los protocolos de atención a las víctimas de violencia de género y a los propios menores deben ser adecuados, por lo que necesitamos un desarrollo de los actuales medios. De esto se ha dado traslado tanto al Ministerio del Interior como a la Secretaría de Estado de Seguridad. Y la delegación, de momento, ha hecho un estudio previo sobre la posibilidad de ampliar los servicios de atención especializados a las víctimas de violencia de género que establece que estamos en disposición de destinar agentes exclusivamente a esta materia. Por otra parte, es cierto que el proyecto piloto puede tener distintas versiones sobre cómo implementarlo físicamente o cuál será su composición. Pero nosotros estamos más cerca del proyecto que plantea la Conselleria de Justicia por la propia operatividad del Cuerpo Nacional de Policía que es quien tendría que desarrollarlo. En los próximos días yo creo que se podrán anunciar avances.
-¿Qué está fallando en la política contra la violencia de género que no se consigue frenar esta lacra?
-No está fallando la política, sino la sociedad. La política es el reflejo de la sociedad, y hemos sido muy permisivos con el maltratador. Educamos mal a nuestros jóvenes y cuando eso falla, también lo hace el resto de la estructura. Sigue habiendo comportamientos familiares de tolerancia, sigue habiendo comportamientos en los medios de comunicación de puesta en valor de la mujer como objeto meramente comercial en relación con su cuerpo... Tenemos un sistema de protección de las víctimas de violencia de género que debe de actualizarse y a esto me he referido en otras ocasiones porque hay casos más que evidentes.
-¿Qué le parece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén persiguiendo a tuiteros, artistas y gente políticamente incorrecta?
-Las Fuerzas de Seguridad hacen aquello que deben de hacer, y no es una frase hecha. Nuestro sistema legal marca aquello que es infracción. Ante determinadas conductas que puedan ser delictuales lo que hacen es perseguirlas porque están alejadas del ordenamiento jurídico; y ahí no hay valoración, sino obligación.
-¿Pero no hay un cierto retroceso en la libertad de expresión?
-Esa sería una valoración política que ni a las Fuerzas de Seguridad del Estado ni al delegado del Gobierno corresponde manifestar.
-Poco tiempo después de llegar al cargo, usted dijo que revisaría los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). ¿Qué se ha hecho en esa materia? ¿Hay avances en la modificación de la Ley de Extranjería?
-Los CIE son una medida cautelar. Más allá de la valoración política de la conveniencia o no de estos centros de internamiento, es cierto que dentro del ordenamiento europeo esta es una realidad que existe y España no encuentra otra medida porque la alternativa sería ejecutar personalmente una a una las órdenes de expulsión. Ojalá no existieran los Centros de Internamiento de Extranjeros, pero tendremos que seguir buscando la fórmula.
-¿Le preocupa el ascenso de grupos de ultraderecha en la Comunidad Valenciana? Este viernes pudimos ver cómo se canceló durante unas horas el espectáculo de Mongolia en La Rambleta, días atrás la actuación de Dani Mateo en el Teatro Olympia...
-Sí que me preocupa, como a la inmensa mayoría de la población. Y a mí especialmente porque, entre otras cosas, es motivo de seguridad. La prensa suele referirse a si queda garantizada la seguridad en determinados actos, pero esa pregunta no tiene respuesta absoluta. Ningún delegado de Gobierno le dirá jamás que queda absolutamente garantizada porque es imposible... La Policía Nacional, la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben anticiparse, conocer, programar la respuesta adecuada y, en todo caso, proceder posteriormente a la represión por vía administrativa de las conductas que son ilícitas. Vamos a adoptar siempre todas las medidas para que estos grupúsculos que tratan de alterar la convivencia ciudadana no lo hagan y podamos garantizar que se puedan celebrar estos eventos. Mongolia podrá hacer su espectáculo y se aplicarán los dispositivos de seguridad necesarios para este evento.
-¿Cómo ve la cobertura que dan los medios a este tipo de situaciones amenazas?
-Si se produce esa cobertura es porque la gente lo consume. Creo que es absolutamente necesario. Son realidades que chirrían y la prensa se hace eco; está bien que los medios de comunicación vigilen las reacciones que las administraciones realizan de la actividad de aquello que preocupa a los ciudadanos. Me parece un control democrático por parte de los medios absolutamente ecuánime.
-¿Qué índices de delincuencia se manejan en la Comunidad Valenciana?
-Los índices de delincuencia en la Comunidad Valenciana han ido bajando los últimos años. Ahora mismo nos situamos por debajo de la media. Somos uno de los países más seguros de la Unión Europea y con mayor tasa de efectividad en la resolución de delitos.
-Hace unas semanas tuvo lugar una pelea masiva entre los ultras del Hércules y el Club Deportivo Castellón. ¿Cómo ha acabado y qué se puede hacer para erradicar este tipo de comportamientos?
-Es un tema que ya está judicializado. Se procedió a detener a las personas implicadas y se aplicaron las sanciones que prevé la Ley del Deporte a todos los participantes. Los hechos que se produjeron ese día están fuera del propio encuentro deportivo. No todos los equipos fútbol, y no lo digo por el caso del Castellón si no en términos generales a nivel del Estado, tienen la misma política en relación al acogimiento que realizan a determinados hinchas. Esto es un debate social. Estamos hablando de una actividad privada con cobertura policial por parte de la Administración del Estado y lo que sería deseable es que hubiera por parte de los clubes en general una actitud de radical intolerancia hacia algunos de sus seguidores.
-Está previsto que salgan a licitación en unas semanas las obras del Corredor Mediterráneo entre Castellón y Vandellós. ¿Cuándo podrían comenzar?
-En septiembre se cerró el plazo de presentación de ofertas o solicitudes de participación. En estos momentos la comisión técnica está analizando las propuestas antes de su adjudicación. Una vez esto se haga, el periodo de actuación es de 12 meses. Una de las obligaciones que nos imponemos en la delegación desde hoy es dar publicidad a través de nuestras redes sociales de todas estas licitaciones y adjudicaciones.
-Acuamed está obligada a poner en funcionamiento las desaladoras de la provincia de Castellón antes del mes de abril si no quiere devolver 35 millones de euros a la Unión Europea. Actualmente está negociando con los ayuntamientos, pero aún no hay acuerdo. ¿A partir de ese mes las plantas darán agua para consumo humano?
-Acuamed y el Ministerio para la Transición Ecológica están negociando la puesta en marcha de estos recursos que desde consideramos necesarios. Es una cuestión de que las distintas administraciones lleguen a ese acuerdo.