EPS: Empastre Público de Salud

VALÈNCIA. La Empresa Pública de Salud (EPS) es la medida más idónea para dar una respuesta inmediata, adecuada, eficaz y sin un alto índice de problemática jurídica para la gestión directa de servicios sanitarios que hasta ahora se venían prestado de forma indirecta por empresas privadas.

No lo digo yo, sino el preámbulo del decreto-ley de la consellera del PSPV Ana Barceló para justificar la "extraordinaria y urgente necesidad" de crear una sociedad pública mercantil para asumir la gestión del Hospital de Torrevieja y otros servicios sanitarios externalizados, una norma que el Consell ya habría aprobado de no ser por el rechazo frontal de Compromís y Unides Podem y de los trabajadores de los servicios afectados.

Eso era así hasta el jueves, cuando la consellera, de forma inesperada, comunicó al comité de empresa de Torrevieja que cuando se produzca la reversión en octubre pasarán a depender directamente de la Conselleria de Sanidad, tal y como reclamaban. Aunque Sanidad no ha aclarado qué pasará ahora con la EPS, todo indica que el repentino cambio de criterio de la consellera será la puntilla a la empresa en la que también se había previsto la subrogación del servicio de resonancias y de la farmacia sociosanitaria.  

De esa forma, la Generalitat se subrogará al personal de las empresas privadas que prestan esos servicios –y los que vengan en el futuro–, tal y como hizo Carmen Montón con la plantilla del Hospital de Alzira bajo la controvertida fórmula de personal laboral "a extinguir", una anomalía jurídica que todavía hoy sigue siendo fuente de conflictos laborales.

Para contentar a los sindicatos, Barceló pasa por encima del derecho de acceso al empleo público por igualdad, mérito y capacidad

Barceló debería explicar por qué, sin haber cambiado la situación, se decanta ahora por una fórmula que ella misma considera que no es "ni ágil, ni eficaz, ni operativa, sino más bien originadora de complejas problemáticas jurídicas" con los trabajadores, según reflejó en el preámbulo del decreto de creación de la EPS que ella misma firmó no hace ni un mes.

También debería aclarar por qué lo hace precisamente ahora que está al caer la sentencia del Tribunal Supremo sobre la validez de la reversión del Hospital de Alzira sin informes económicos que la justificasen, un hecho que convierte el volantazo de Barceló en una decisión de alto voltaje.

Y si al final los radiólogos también acaban como empleados de la Conselleria de Sanidad, a ver cómo explica la consellera los tres años que le ha estado pagando a Eresa por el servicio de resonancias mediante expedientes de enriquecimiento injusto porque el contrato venció en 2018 y, ni ha convocado un nuevo concurso, ni se ha hecho cargo de un servicio que teóricamente debía acabar en la EPS.

La presión de sus socios de Gobierno y el vértigo de tener a los sindicatos manifestándose viernes tras viernes frente al Palau de la Generalitat ha sido sin duda determinante para doblar el brazo de Ana Barceló. Pero la última maniobra de Mónica Oltra para envalentonar a los sindicatos e indignar al PSPV puso en evidencia la inconsistencia de una consellera que, según comentan en su entorno, tampoco acababa de creerse lo de tener que hacer una empresa pública para evitar otro empastre jurídico.

Barceló, cegada todavía por el cabreo con Mónica Oltra, no halló mejor forma de consumar este giro inesperado que con una reunión con el comité de empresa de Torrevieja, convocada a última hora y en pleno festivo de San Juan, y un escueto comunicado a los medios de comunicación en el que ni siquiera se intuye por qué lo que hasta la semana pasada era la única alternativa posible de repente ya no vale.

La consecuencia es que Barceló pasa por encima del derecho constitucional de todos los ciudadanos de acceder a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad y ningunea el criterio del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Generalitat sobre la integración del personal afectado por sucesión de empresa, como es el caso.

La aplicación de la fórmula Alzira para la reversión de Torrevieja consolida la distorsión que supone que convivan como empleados de la Conselleria de Sanidad funcionarios que han superado una oposición con trabajadores procedentes de empresas privadas que acceden por la puerta de atrás a la administración con la perspectiva de seguir recibiendo un sueldo público hasta su jubilación porque su plaza no puede salir a concurso.

Frente a ello, la integración en una empresa pública de salud permitiría evitar esa distorsión y sería la mejor fórmula para compaginar el derecho de la administración a asumir la gestión directa de un servicio público con el de los trabajadores a mantener todas sus condiciones y seguir rigiéndose por el derecho privado sin las penalidades que implica la condición de "a extinguir", ya que al no ser empleados públicos no pueden participar en procesos de promoción o movilidad interna.

El Consell Jurídic Consultiu así se lo ha dicho al Consell al menos en tres ocasiones. Las dos primeras, en 2018, en sendos dictámenes sobre el encaje del personal del Hospital de la Ribera y sobre la incorporación de trabajadores "a extinguir" en entidades del sector público instrumental.

La tercera, en febrero de 2019, con otro dictamen a raíz de la subrogación directa del personal afectado por la sucesión de empresa en la asunción del servicio de resonancias prestado por Eresa en el que el CJC insistía de nuevo en que la mejor fórmula era la creación de una sociedad pública mercantil.

Pero la oposición de los sindicatos ha podido más que la determinación de la consellera de Sanidad, que tampoco ha demostrado ningún interés en negociar con sus socios del Botànic la forma de corregir el precedente que se sentó en 2018. Y así es como la EPS, tras meses de trabajo para darle forma, se encamina a convertirse en el penúltimo empastre de Sanidad.