CASTELLÓ. "Era sismicidad natural". Con esta sorprendente sentencia, el exconsejero delegado de Escal UGS, José Luis Martínez Dalmau, cerró, en respuesta a su abogado, su declaración en la primera sesión del juicio que trata de concretar la responsabilidad de él mismo, la empresa y el expresidente de la misma, Recaredo del Potro, en la crisis sísmica que en septiembre y octubre de 2013 sacudió la costa norte de Castellón.
La frase es un burdo resumen de sus declaraciones en la sesión inaugural del proceso penal, en las que ambos negaron cualquier relación entre la inyección de gas y los cientos de terremotos (hasta 3.500 según algún estudio) que hicieron temblar las viviendas y a los vecinos de Vinaròs y de muchas localidades cercanas durante semanas. En las dos horas en que los dos responsables de Escal UGS declararon este lunes en la sala 20 de la Ciutat de la Justícia de Castellón, ambos trataron de demostrar su desvinculación con cualquier tipo de decisión que motivase los terremotos.
Por ejemplo, al señalar, en ambos casos, que nadie percibió, durante la inyección de gas, ningún temblor. O cuando Del Potro apuntó que la empresa redujo la intensidad de la inyección de gas al aumentar la sismicidad el día 12 de septiembre, días después de retomar esta actividad y uno antes de que el Observatorio del Ebro les pidiese bajar el caudal, que era el máximo. Un aspecto curioso porque, según destacaron los dos, la presión de la inyección, siempre alrededor -según dijeron- de los 7 u 8 bares, estaba muy lejos del umbral de 49 que podía causar problemas.
A pesar de esto, tras retomar la inyección de gas a inicios de septiembre -tras las fases de julio y agosto, de pocos días de duración- los empleados de Escal UGS y el propio Observatorio del Ebro, encargado de vigilar la sismicidad del proceso, comprobaron que "estaba sucediendo algo que no esperábamos, que no estaba en la rutina", reconoció Recaredo del Potro a la fiscal del caso, Dolores Ofrecio.
Y ello a pesar de que, según expuso Del Potro en varias fases de su declaración, la "microsismicidad" es algo habitual en las inyecciones de gas en almacenes subterráneos, como han comprobado por ejemplo en Francia y Holanda, incluso con movimientos de mayor magnitud, señaló el expresidente de la compañía participada en su mayoría por ACS.
En una comparecencia ante el tribunal en que ambos trataron de minimizar la importancia de los sismos en repetidas ocasiones, Martínez Dalmau destacó que sí existía una "correlación temporal" entre estos y la inyección de gas, "pero ni siquiera una correlación espacial", ya que algunos "estaban ocurriendo a 20 kilómetros" de distancia, obviando el tamaño de la cavidad subterránea. Además, la "pequeña presión" con la que se produjo la inyección de gas - aseguraron ambos en una sentencia casi calcada-, alzaba dudas sobre la vinculación con la actividad sísmica. "Lo supimos tres o cuatro semanas después", reconoció Del Potro, tal y como han demostrado posteriormente numerosos estudios.
Lo que sí dejaron ambos claro en sus declaraciones es que no estaban, en el momento de la crisis sísmica, en Vinaròs. Y es que presidente y consejero delegado de Escal UGS llevaban a cabo su actividad principalmente en Madrid, señalaron. Y el mismo Recaredo del Potro se encontraba de viaje "profesional" en Alemania cuando se desencadenó el episodio, motivo por el que adelantó su regreso.
A pesar de ello, los dos responsables de la empresa concesionaria reconocieron que estaba previsto continuar con la inyección de gas antes de que el 17 de septiembre de 2013 el Gobierno decidiese cesarla ininterrumpidamente. "Todo el mundo lo daba por hecho", incluso la Administración, apuntó Del Potro. Y eso que para tener una mejor perspectiva del problema -"cuando te ocurre algo que no es lo que tenías previsto", en palabras del exconsejero delegado-, deberían haber contado con sismógrafos "que rodeasen la fuente" de los terremotos. En su lugar, la empresa ubicó dos en la costa, mientras los de las Islas Baleares "están muy lejos" como para determinar el epicentro de los terremotos, afirmó Martínez Dalmau.
"Eso te lleva a que de forma intrínseca sea difícil definir la ubicación de los sismos", apuntó el segundo de Escal UGS en este punto. A pregunta de la abogada de la acusación particular de la asociación de afectados Aplaca, Esther Abellán, sobre por qué no ubicaron sismógrafos más cercanos, aquel se limitó a señalar: "Pues porque está el mar".
Todo en una jornada, la inaugural del juicio, marcada por las declaraciones de estos dos únicos acusados (además de la propia compañía). Junto a ellos comparecieron, en calidad de testigos, dos consejeros de Escal UGS, que durante la instrucción dejaron de estar imputados; y el exdirector del Observatorio del Ebro, David Altadill. Este afirmó ante el tribunal no recordar nada de aquellos días, ni siquiera si se reunió con los responsables de la adjudicataria, que pocas semanas antes había firmado un convenio que lo unía al observatorio y que tenía una cláusula de confidencialidad. Sí dijo que la firma no les avisó al empezar con la inyección de gas.
Para este martes está prevista la declaración de varios técnicos del mismo observatorio, así como algunos trabajadores de la compañía. Ninguno de ellos, como tampoco sucedió este lunes, declarará al abogado de Arca Ibérica, la asociación más beligerante en este caso y que hace solo unos días presentó un escrito renunciando a formar parte del caso. Para reducir la carga testifical, el presidente del tribunal, Esteban Solaz, informó a la abogada de Aplaca que solo el presidente y otros tres miembros de la asociación prestarán declaración, en lugar de las 123 personas afectadas que estaban previstas. Solaz, junto a las magistradas Aurora de Diego y Raquel Alcacer, integrantes de la sala primera de la Audiencia Provincial de Castellón, deberán dejar el juicio visto para sentencia el 15 de noviembre.