ERC y las plataformas vecinales se desmarcan de la petición en Bruselas contra el Puerto de Valencia

VALÈNCIA. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya i del País Valencià (ERC-ERPV) como la Comissió Ciutat-Port se desmarcan de la petición que presentó un despacho de abogados con sede en Madrid y en Bruselas, ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) hace dos semanas. Javier Silveira, director del bufete HBA Partners Public Affairs, presentó una petición contra la ampliación del puerto de València por incumplir la norma europea de impacto ambiental, que quedó cerrada por mayoría del grupo popular y del grupo socialista, tras informar la Comisión Europea en contra y remitir a la jurisdicción nacional. 

Dos semanas después de celebrarse la sesión, aún no se sabe quién contrató a un prestigioso despacho de abogados en Madrid, inscrito como lobista en el registro de Transparencia de la Comisión Europea en Bruselas. Valencia Plaza se ha puesto en contacto con el despacho, sin respuesta alguna. Javier Silveira se presentó ante la sesión del PETI en el Parlamento, como si se tratara de un ciudadano afectado, ya que ésta es la función del Comité de Peticiones ciudadanos. Aunque afirmó que se había recibido 27 adhesiones a su petición, representando a grupos ecologistas y asociaciones vecinales. 

Algunas fuentes señalen la fuerte competencia entre compañías navieras rivales. La ampliación del puerto de València beneficia claramente a MSC, una empresa Italo-suiza de cruceros y de transporte marítimo de contenedores, en detrimento de Cosco (China Ocean Shipping Group), una de las mayores navieras del mundo, perteneciente al gobierno de la República Popular China. 

Cosco ya es dueña del puerto del Pireo, que compró en 2016 al gobierno de Grecia, cuando no podía afrontar el rescate tras la crisis financiera. En 2017, Cosco compró el 51% de Noatum, asegurándose el control del puerto de Valencia y situándose a la cabeza de los puertos del Mediterráneo.

En juego, el control del puerto 

La visita del eurodiputado de ERC, Jordi Solé, el pasado mes de julio al puerto de València, invitado por la Comissió València-Port, al parecer sin el permiso de la Autoridad Portuaria, no tiene nada que ver con la petición presentada en el Parlamento el 1 de septiembre. La petición fue registrada en el Parlamento en agosto de 2020 y admitida en febrero de este año. Mientras que Solé llegó hace dos meses para llevar este tema a Europa desconociendo que ya había una petición al respecto.

La Comissió Ciutat-Port invitó al eurodiputado de ERC para pedir consejo respecto a la ampliación del puerto de Valencia, a la que se oponen algunas asociaciones ecologistas y grupos vecinales. Solé les aconsejó que “el camino para que este tema llegara a Europa era el Comité de Peticiones el parlamento Europeo”. No obstante, la petición ya estaba en camino desde agosto de 2020, cuando un ciudadano que representa a un despacho de abogados madrileño, Javier Silveira, interpuso la petición que hace dos semanas se discutió en Bruselas. 

No obstante, la plataforma que agrupa el movimiento ecologista y vecinal en contra de la ampliación del puerto ha negado estar detrás de esta petición en Bruselas. Solé estuvo acompañado por Josep Barberà (ERPV), quien afirma: “Nos enteramos muy tarde de que existía esa petición. Solé bajó en julio para marcar nuestra postura y para que lo viera de primera mano. Como estamos en el grupo parlamentario europeo Ale-Verds, lo lógico es que nosotros les asesoráramos”. 

Además, añade Barberà, “como partido, les ofrecimos esta posibilidad porque es una lucha social y los vecinos eran los que deberían haberla presentado. Pero el comité no admite varias peticiones en el mismo sentido. Tenemos representación en Europa y podemos hacerlo de otras formas, dirigiéndonos directamente a la Comisión”. 

ERC, en contra de la ampliación en Barcelona

Respecto a la especulación de si los intereses del puerto de Barcelona podrán estar detrás, con la ampliación sur, Barberà fue categórico. “Puertos de Barcelona dice que no van a seguir con la ampliación previendo una recesión económica. Por nuestra parte, también estamos en contra porque es una atentando ecológico, sea en Valencia o en Barcelona, y siempre hemos estado en contra”. La ampliación sur del puerto de Barcelona, que desvía el curso del río Llobregat, está a 8 kilómetros del Estany de la Ricarda, una laguna incluida bajo la protección de la Red Natura 2000 de la Unión Europea (UE).

“Y ahora se ha visto cómo estamos en contra de que el aeropuerto afecte a la Ricarda. De hecho, el próximo día 25 hay una postura en contra oficial, cuando se reuna el Consell Nacional de Esquerra”, comentó Barberà, recordando su oposición también a la ampliación del aeropuerto del Prat que ha llevado a un cisma con Junts, sus socios de gobierno en la Generalitat de Catalunya. Y añadió que ”cualquier iniciativa que podamos hacer paralela con la Comisión Europea, la haremos. Ya se lo hemos comunicado en la reunión previa con Solé a los vecinos”. 

Por su parte, Antonio Montiel, miembro y asesor jurídico de la Comissió Ciutat-Port, recuerda su extrañeza cuando se enteraron días antes de la sesión en el Parlamento, que no se hubiesen puesto en contacto con ellos y que “alguien sin ninguna relación aparezca y hable". Y, añade, nos planeamos como hipótesis que sería una empresa ya radicada en el puerto y que resultaría perjudicada”. Montiel explica que, “desde luego, este ciudadano -Javier Silveira- no tiene ninguna relación con nosotros. De hecho, nos enteramos un día antes por la prensa y nos conectamos para ver quién era. Otra cosa es que aproveche nuestro relato”.

No es un ciudadano afectado

“No es un ciudadano afectado, que es el espíritu del Comité de Peticiones, sino que lo hacen de encargo y tenemos la intuición de que se trata de una empresa de la competencia, por los contactos de algún intermediario  del sector que apareció en algún momento. Pero no nos encontró receptivos…”. El asesor de la plataforma de asociaciones vecinales apuntala su hipótesis con el hecho de que hubo algún contacto previo por una empresa del sector que nunca se clarificó. 

“Con más de 150 asociaciones que han firmado el manifiesto en contra, no es posible que haya otras asociaciones afectadas ajenas a nuestro colectivo”, añade Montiel, al recordar las palabras de Silveira durante su comparecencia en el Parlamento, donde afirmó que había 27 ciudadanos, asociaciones vecinales y grupos ecologistas adheridos. Y añade que “hay una alianza internacional de empresas de transporte marítimo, pero que al mismo tiempo se disputan también el mundo en términos geoestratégicos y cada una intenta ser la empresa de referencia en un puerto internacional”. 

Se trata de un juego de presiones y dinámicas para tomar posiciones en este reparto. En esa disputa, que es como una gran partida de ajedrez, quien podría quedar postergada en Valencia es la empresa de capital chino. 

Respecto a la posibilidad de que la plataforma de afectados planteara una nueva petición en Europa, Montiel afirma que “es un mal precedente que se haya cerrado la petición de Silveira, porque tendríamos que cambiar el enfoque, no podemos volver a los mismos argumentos”. Pero, añadió, “el tema no está agotado, no lo descartamos. Para nosotros fue una mala noticia, perquè podía ocurrir que con esa petición hecha desde Madrid se esterilizase un camino”.

Sacrificar el sur

Abundando en esta afirmación, Julio Moltó, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Nazaret, comenta que “estábamos pensando en presentar una petición como Comissió Ciutat-Port. Y, al final, han hablado todos menos los que estamos afectados, que somos los perdedores de toda la vida. Hay que sacrificar el sur para ganar el norte, nos dijeron cuando la ZAL. Y ahora van a por el norte”. Moltó explica que “el conflicto entre la ciudad y el puerto, que eran Nazaret y la Punta, hemos conseguido socializarlo, ahora somos más”. Y recuerda que “se aprovechó la Copa América para hacer el soporte para el dique norte que aún estamos pagando”.

Moltó alerta de que el despacho de Madrid “no tiene nada que ver con la Comissió Ciutat-Port ni con nosotros. Otra cosa es que utilice nuestro relato para hacerle el papel a una empresa competidora de MSC, que resultaría perjudicada por esa adjudicación a MSC”, que supone la ampliación del puerto.

En este sentido, Daniel Adell Lorenzo, miembro de la asociación vecinos Cabanyal-Canyamelar, recordó que “los camiones siguen pasando de la playa norte a la playa sur cargados de arena porque los diques se han comido la playa. Rafael Aznar, cuando era presidente del puerto, ya dijo en 2012 que el dique norte no iba a afectar a las playas, cuando la de Pinedo ya está desapareciendo”. Adell Lorenzo insistió en que “la ampliación es una apuesta por una infraestructura con una entrada de camiones brutal. Nos dicen que va a crear empleo, pero afectará en su pérdida porque la carga y descarga se va a mecanizar”.

"No queremos ser Génova"

E insiste en que “el interés general no lo veo, el futuro es invertir en las universidades, en la economía del conocimiento, y no en la economía sucia. No queremos ser Génova. La ampliación norte requiere un acceso norte y más tráfico de camiones. Nos jugamos el futuro de València. Estratégicamente, ¿qué quieren hacer de València? El interés general es desmontar el dique, preservar las playas e invertir en conocimiento. Estoy interpelando directamente al President de la Generalitat. Si queremos ser una ciudad sucia, un puerto con ciudad o una ciudad con un puerto. El ejemplo lo tenemos cerca, tienen Sagunto ahí al lado”. 

Montiel agregó que la plataforma vecinal va a emprender acciones legales y abrirá un contencioso en la Audiencia Nacional por silencio administrativo, respecto de una resolución del Ministerio de Transición Ecológica que daba autonomía al puerto para decidir sobre la declaración de impacto ambiental de la ampliación. “Vamos a llevar la batalla jurídica en paralelo con la batalla social y política”, finalizó.