Ana Barceló, consellera de Sanidad Universal. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Eresa continuará prestando el servicio de resonancias al menos tres meses más tras acabar el contrato con la Generalitat valenciana el próximo 31 de octubre. Así se lo comunicaba este lunes la Conselleria de Sanidad Universal a la UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa (Grupo Ascires) y participada por Inscanner y Ribera Salud, en una reunión celebrada en la Conselleria. La UTE ha sido favorable a la solución del departamento de Ana Barceló a una situación que Valencia Plaza ya adelantaba este domingo.
El servicio de resonancias privatizado tiene un coste anual para las arcas públicas superior a los 40 millones de euros, por lo que estos tres meses tendrán un coste de unos 10 millones, si no se alarga aún más.
Eran tres los condicionantes que la administración se había marcado para internalizar el servicio. Por un lado, tener claro el personal necesario y abordar tanto la subrogación como la creación de plazas públicas. En segundo lugar ser propietaria del equipamiento. Y, por último, tener listo el concurso para prestar un servicio adicional al de la gestión pública para realizar una "transición suave".
De estas tres cuestiones, el decreto para la subrogación de personal está en fase de borrador, a la espera de que la Abogacía de la Generalitat y el Consell Jurídic Consultiu emita el informe preceptivo. Era difícil que llegara a tiempo para estar aprobado el 31 de octubre, pero con el nuevo escenario ya no será necesario correr. En el caso de las máquinas, Sanidad ha comprado los equipos a Eresa, además de tener licitada la adquisición de máquinas adquiridas con la donación de Amancio Ortega. Con todo, el detonante de la decisión de alargar el servicio que presta la UTE es la tercera cuestión.
El retraso que ha sufrido el nuevo concurso de resonancias ha sido el motivo esencial por el que han decidido posponer el paso a la gestión pública del servicio a pesar de finalizar un contrato de ocho años con la UTE Erescanner. La falta de este servicio complementario para facilitar la transición a la gestión pública ha hecho que Sanidad no se arriesgue a perjudicar a los ciudadanos, según admiten fuentes de la Conselleria.
Aunque el concurso fue licitado en el mes de marzo, no se adjudicó hasta el mes de septiembre y actualmente sigue sin ser definitivo. Inicialmente, el proceso se vio alargado por sendos recursos de IMED y Eresa a la totalidad de lotes del concurso. Ahora, tras resultar adjudicatarias estas dos compañías junto con Alliance Medical, dos empresas han vuelto a recurrir dos de los cinco lotes, los de Alicante y La Marina Baixa.
A esto se suma que desde que se les asignen definitivamente los lotes, las compañías tienen tres meses para preparar la puesta en marcha del servicio, por lo que hasta enero -por lo menos- los hospitales no tendrán ese refuerzo necesario para no generar largas listas de espera en la sanidad pública.
Esto supone mantener el servicio que prestan Eresa e Inscanner sin concurso, realizando pagos a través de expedientes de enriquecimiento injusto, como ya ocurre en el Hospital General de València. En este departamento -dirigido por un consorcio formado por la Conselleria de Sanidad Universal y la Diputación de Valencia- terminaron los dos contratos en enero y julio de este año, pero la empresa -en este caso, Eresa en solitario- ha continuado prestando el servicio sine die, a la espera de que realicen la reversión y tengan preparadas las nuevas máquinas.
A pesar de que el concurso es el motivo principal de la decisión, tampoco el decreto para subrogar al personal, alrededor de 150 personas, iba a llegar a tiempo. Tan solo quedan dos semanas para que pueda ser aprobado a pesar de que fue en el mes de julio cuando el Consell realizó una declaración de urgencia para tramitarlo, pero todavía quedan cuestiones por dirimir.
Eresa facilitó un lista de personal a subrogar que el equipo de Ana Barceló está cotejando a través de aplicaciones donde se recogen las historias clínicas. Según el borrador, solo aquellos trabajadores de la UTE que lleven al menos un año trabajando en el servicio de resonancias magnéticas de los hospitales públicos podrán formar parte de la subrogación. Además, la Abogacía está estudiando el documento que contiene cuestiones que se encuentran en pleno debate, como el 'personal a extinguir'.
