«Es un error hacer política con la sanidad»

VALÈNCIA.- En diciembre de 2012, en plena crisis, Manuel Llombart (València, 1969) dejó su cargo como director general de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), creada entre otros por su abuelo, para convertirse en conseller de Sanidad del Gobierno de Alberto Fabra. Cuatro meses después se afilió al PP y al término de la legislatura entró en la lista electoral y salió elegido diputado de Les Corts, diputado de la oposición. Llombart dejó el escaño y volvió al IVO, aunque se autoimpuso un plazo de dos años -en el área de Internacionalización- antes de volver a la Dirección General. Recién nombrado, se enfrentó a su sucesora en Sanidad, Carmen Montón, por el nuevo contrato de acción concertada entre la Conselleria y el IVO, que se pudo firmar gracias a la mediación de Ximo Puig.   

— ¿Cómo está funcionando el nuevo concierto del IVO con Sanidad?

— Empezó a funcionar el 1 de noviembre, con lo cual la experiencia es corta todavía. Las bases que se publicaron el 12 de junio habilitaban únicamente una vía de llegada del paciente desde la sanidad pública, evitando la posibilidad de que este accediera de forma directa a nuestra institución. Esa instrucción empezó a desarrollarse el 1 de noviembre, y ha habido problemas pero estamos en contacto con la Conselleria para poder minimizarlos. Nosotros, en virtud de esa instrucción, entendíamos que el paciente solicitaba en el IVO la prestación sanitaria, nosotros tramitábamos la petición y, a partir de ahí, la Administración tenía tres días para estudiarla y contestarnos si admitía o denegaba la solicitud. Eso se ha complicado porque la solicitud no se hace aquí, sino en un centro externo, y entendemos que el silencio administrativo es positivo para el paciente.

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— ¿Ha habido casos en los que no se ha respondido en tres días?

— Hay casos en los que las peticiones se han quedado en el limbo durante tres días pero nosotros tenemos que saber si hay o no autorización. Si al paciente le han dicho que le llamarán desde un centro público, le llaman para decirle que vaya pero nosotros no lo sabemos y le llamamos a los tres días diciendo que venga, le estamos complicando la vida a un paciente que ya de por sí tiene un momento muy difícil. Esto es lo que estamos intentando solventar.

— Da la impresión de que la consellera de Sanidad, Carmen Montón quiere, si es posible, que todos los pacientes se traten en la sanidad pública.

— Eso parece que estamos viendo, tanto durante ese complejo proceso de negociación previo al acuerdo de acción concertada como en la implementación de la instrucción. Yo creo que aquí no hay pacientes públicos ni privados, sino pacientes. El IVO es uno de los grandes logros de la sanidad valenciana y lo que deberíamos hacer todos es aprovecharlo al máximo para ayudar a aquellas personas que estén en una situación tan compleja como es la de tener un cáncer.

—  El concierto está recurrido por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). ¿Cree que la fórmula de acción concertada era la adecuada para este contrato?

— Que ASPE iba a actuar así lo sabíamos porque ya planteó la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley 7/17 de Acción Concertada, que es la aplicación de la Directiva 4/14 a la Comunitat Valenciana. Si entendía que la ley que iba a abarcar esta convocatoria tenía visos de inconstitucionalidad, lo normal es que recurriera la convocatoria, que es lo que ha hecho.

— La convocatoria fue cuestionada en un principio por la Abogacía de la Generalitat.

— Entiendo que si la Administración saca una forma de vehicular una prestación, sea acción concertada o ley del sector público, debe de hacerlo con todos los beneplácitos de la Abogacía y de la Intervención de la Generalitat. Por eso nos presentamos. Si la Administración hubiera optado por la ley de contratos del sector público para vincular la terciarización de esta prestación, el IVO habría acudido igual.

— Se acusa al IVO de ser un negocio familiar, un negocio rentable. ¿Tiene beneficios?

— El que sea una fundación sin ánimo de lucro no quiere decir que no tenga excedentes. La diferencia fundamental entre una sociedad mercantil y una fundación privada es que aquí el excedente solo puede ser reinvertido en los fines fundacionales, en mejorar la prestación oncológica. Si se confunde una fundación privada con una entidad que no pueda tener excedentes, y así hubiésemos empezado a trabajar en 1975, el IVO hoy sería el edificio redondo con el que se empezó la actividad, a lo sumo pintado y en buen estado de uso. Pero el hecho de haber incrementado las prestaciones a la población valenciana y que el IVO sea un centro de prestigio nacional e internacional, del cual los valencianos nos hemos podido beneficiar hasta el 1 de noviembre de 2017, es porque esta estructura hacía que los excedentes se invirtieran en nuevas instalaciones, nuevas estructuras, nuevas prestaciones, contratar más médicos...  esto nos lo ha permitido esta fórmula. Aquí nadie reparte dividendos porque esto no cabe en una fundación, porque no tiene propiedad, porque la propiedad de la fundación es la sociedad valenciana.

«Que el IVO sea una fundación sin ánimo de lucro no quiere decir que no tenga excedentes sino que estos deben reinvertirse en los fines fundacionales»

— Pero sí que tiene relación con su familia.

— Tampoco creo que sea un pecado. Mi abuelo fue el que tuvo la brillante idea —una visión adelantada en aquellos años— de que los institutos oncológicos monográficos eran la solución más adecuada para las patologías neoplásicas. Lo desarrolló  con personas muy importantes para la evolución de este centro, como Tomás Trenor —el abuelo—, Vicente Iborra o José Simó. Luego ha habido gente de la familia Llombart y gente que no era de la familia Llombart. Mi padre es una persona que ha trabajado muchísimo por este instituto y que lo ha hecho crecer. Pero también ha habido otras personas menos conocidas como Fernando Martínez Costa, que trabajó mucho hasta su fallecimiento en 1996 para que el instituto sea lo que es. Yo he trabajado durante más de veinte años aquí pero también muchas otras personas. Simplificar el IVO a que es un proyecto familiar... El IVO es un proyecto de todos los valencianos y ha sido posible gracias a cientos de personas.

— Si el IVO hubiera decidido no presentarse a la convocatoria. ¿Cree que la Administración valenciana hubiera tenido suficiente capacidad para asumir a los pacientes oncológicos?

— La estructura oncológica de la Comunitat y del área metropolitana de València se crea teniendo en cuenta la existencia del IVO, los hospitales de referencia nacen sabiendo que existe el IVO y nosotros hemos llevado a cabo entre un 40% y un 50% de la oncología del área metropolitana de València. Querer que con celeridad se asuma lo que en tanto tiempo se ha ido realizando es un ejercicio altamente complejo. La sanidad pública necesita al IVO al igual que el IVO no tiene sentido hoy en día sin un convenio con la sanidad pública.

­— La Fundación tuvo conversaciones con el grupo australiano GenesisCare para diversificar sus ingresos. ¿En qué quedó aquello?

— Tuvo y tiene. La sanidad de 2017 nada tiene que ver con la de 1975. Este centro tiene la obligación de seguir prestando el servicio que siempre hemos dado a los pacientes de la Comunitat Valenciana. Pero también tiene la obligación de diversificar la entrada de recursos para la sostenibilidad de la calidad que siempre ha querido tener. Por lo tanto, la conversación con este grupo, que entró en España a mediados de 2016, era simplemente para tener un acuerdo con ellos y que aquellos operadores que vengan de la mano de GenesisCare puedan ser atendidos en la Fundación IVO, y tener así una fuente de recursos alternativa. Pero puedo asegurar que ningún facultativo tendrá ningún tipo de trato diferente ante un paciente u otro porque no va a saber ni cuál es su origen.

— Con el número de pacientes que entran de la sanidad pública, ¿podría continuar el IVO con su ritmo actual?

­­— Vamos a ver en qué queda la aplicación de este nuevo acuerdo. Es cierto que hay una disminución de la entrada de nuevos pacientes. Hay que distinguir entre la prevalencia de los pacientes, entre los  que tenían historia abierta en el IVO y que siguen siendo tratados, y los nuevos pacientes que entran, que son los que están disminuyendo. Pero la prevalencia de los pacientes dentro de cinco años será la de los que entren ahora. Si hay una disminución de los nuevos pacientes habrá una disminución de la prevalencia y por lo tanto una disminución de los ingresos. Si no lleváramos a cabo ninguna acción, disminuiría la actividad y habría que adecuar los recursos. Por eso hay que adecuar la actividad con nuevas líneas. Primero, que la sanidad pública entienda cuál es la necesidad real que tiene de la Fundación IVO, que yo creo que está por encima de lo que hoy está entendiendo, y segundo, buscar vías alternativas con pacientes de otro origen que aporten recursos para ser un centro de excelencia en el tratamiento oncológico.

— Con estas incertidumbres, ¿cuál es el plan a medio plazo del IVO?

­— Este centro no tiene sentido sin una vinculación sólida con la Administración pública valenciana, por lo que lo primero es terminar de solventar las dudas en el modelo de relación que la Administración quiere tener. En segundo lugar, debemos estar abiertos a nuevas vías de trabajo que permitan mantener la excelencia en el centro. Y estos dos años que he estado fuera de España era para tener nuevos proyectos en España, para que podamos aportar el valor añadido que esta institución ha generado en sus más de cuarenta años de trabajo y que eso nos permita llegar a acuerdos en otros países que generen un incremento de la calidad del servicio allá donde vayamos y un aumento de la entrada de recursos que siga permitiendo nuestro desarrollo.

— ¿Hay algún acuerdo que se vislumbre en el exterior?

— Ha sido un ejercicio difícil durante estos dos años porque era algo que se había hablado en el IVO pero nunca se había implementado. Cuando uno sale fuera no consigue firmar un acuerdo al día siguiente. Durante estos dos años hemos hecho una prospección de lo que entendíamos eran actividades compatibles con el espíritu de la Fundación IVO y ahora tenemos tres proyectos en Latinoamérica, concretamente en Bolivia, Colombia y Honduras, que no están cerrados pero que están en vías de avanzar.

«El problema no está en tener o no tener beneficios con la Sanidad, sino en que las cosas deben hacerse con la mayor calidad posible»

­— ¿Cómo evoluciona el coste de los tratamientos?

­— Va a más. Hace treinta años disponíamos de cinco fármacos para la lucha contra las enfermedades oncológicas y todos ellos ya habían pasado su proceso de propiedad de patentes y tenían unos precios asequibles. El hecho de que haya una actividad tan intensa, que a todos nos beneficia, en la aparición continua de nuevos fármacos obliga a las empresas farmacéuticas a tener que recuperar la inversión en investigación porque para que aparezca un fármaco que sea exitoso imagino que tendrán miles de líneas de investigación que habrán sido no exitosas. Todo eso redunda en que los nuevos fármacos tienen un gran impacto económico y el coste de los tratamientos es más alto que hace veinte años. También es verdad que las tasas de curación y de calidad de vida nada tienen que ver con lo de entonces.

­— Hablando de coste, ¿es sostenible la sanidad pública?

­— Es el gran reto que tienen hoy los gestores públicos: trabajar por la sostenibilidad de un sistema sanitario con la filosofía que vienen desarrollando desde este Gobierno, porque la sanidad pública y universal no se ha inventado hoy. La sanidad pública y universal lleva existiendo en este país desde después de la Segunda Guerra Mundial. Los países de la era posindustrial ya entendieron que el estado del bienestar era tener una educación gratuita y una sanidad universal, por lo tanto esto no es un invento de 2015. Si nos ceñimos a España, tenemos un órgano que para mí es fundamental en esa sostenibilidad: el Consejo Interterritorial. Habida cuenta de que tenemos las competencias transferidas, en la Comunitat Valenciana desde 1987, ese órgano que reúne a los responsables de los sistemas autonómicos y al del Ministerio debe trabajar para hacer políticas sanitarias que permitan esta sostenibilidad que todos queremos. No se debe hacer política con la sanidad en estos órganos porque puede llevar a tener verdaderos problemas de sostenibilidad.

—­ Como conseller, fue usted noticia el pasado mes de octubre por unas polémicas declaraciones en una jornada de la Fundación Faes, con José María Aznar. Dijo que quienes no contribuyen al sistema no pueden obtener los mismos derechos que quienes contribuyen.

­­­— El gran reto del sistema nacional de salud es su sostenibilidad. La esperanza de vida es cada vez mayor. Tenemos la inversión de la pirámide poblacional en los países avanzados. La tasa de natalidad cada vez es menor y la esperanza de vida es mayor. Los que contribuimos a la sostenibilidad del sistema de sanidad y las pensiones cada vez somos menos. La evolución del sector farmacéutico y biotecnológico consigue resultados exitosos pero cada vez más costosos. Con todo esto, lo que hay que hacer, y de ahí es difícil que se me saque porque soy un firme convencido, es políticas sanitarias, y eso debe hacerse en el Consejo Interterritorial, que debe reunirse para tomar las decisiones sensatas que permitan que los ciudadanos sigan teniendo una sanidad con la filosofía que se ha tenido hasta ahora. Si nos salimos de ese guión y pensamos en dar una prestación que no da la comunidad de al lado, estamos entrando en un problema que dificultará mucho el mantener el sistema actual.

­— La polémica viene por el derecho de turistas o inmigrantes irregulares a las mismas prestaciones que los residentes.

­— Los turistas tienen derecho a la misma prestación si están en la Unión Europea o tienen convenios de bilateralidad y los inmigrantes tienen, en principio, la misma prestación. Los irregulares tienen derecho a prestaciones sanitarias que son las que están recogidas en decretos. Aquí se demostró, al menos cuando yo estaba de conseller, que queríamos incrementar las prestaciones que por normativa básica estábamos obligados a dar basándonos en ley general de salud pública, prestaciones como enfermedades infecto contagiosas de declaración obligatoria o todo lo que tenía que ver con la salud mental. No creo que nadie pueda, aunque se haya intentado, hacer ver que he sido yo alguien que ha ido en contra de la universalidad de la sanidad. El ofrecer las mismas prestaciones a un número mayor de personas pasa por debates sensatos y no por politizar la sanidad.

— La consellera de Sanidad opina lo contrario y ha universalizado la asistencia, eliminado los copagos y ampliando la asistencia a personas que había restringido el Consejo Interterritorial.

— Eso no son medidas que se toman desde la comunidad autónoma, se toman desde normativas básicas y afectan a todo el país. De todas maneras, el reto va más allá. No está en hechos puntuales de una comunidad autónoma, sino en conseguir tener un pacto de Estado en lo referente a la Sanidad para que no haya intereses partidistas. Trabajar todos conjuntamente, homogeneizar la cartera de prestación de servicios que oferta el sistema nacional de salud y, a partir de ahí, trabajar para que esto sea sostenible y el paciente residente en el país y en la Comunitat Valenciana tenga las máximas prestaciones posibles y que se las garantice el sistema. Ese es el reto. Lo demás es hacer de la sanidad política en lugar de hacer política sanitaria.

— Pero el modelo sanitario es una cuestión política. Montón, por ejemplo, apuesta por tener menor actividad privada en la Sanidad pública.

— Yo tengo un criterio divergente y es el criterio de un ciudadano que tiene un conocimiento más amplio del sector sanitario que el que puede tener la consellera. Para mí no es trascendente que el medio para conseguir esa prestación universal que todos queremos sea la colaboración público-privada, la gestión directa o las concesiones administrativas con modelos capitativos, el IVO o el medio que sea. Lo importante es conseguir que el paciente tenga la mejor prestación posible de la forma más eficiente, porque eso es lo que hará que el sistema sea sostenible. Si entramos a minimizar los instrumentos que tenemos para generar un mayor grado de eficiencia por razones ideológicas, estamos complicando aún más algo tan difícil, haciendo imposible el objetivo.

­— ¿Es más eficiente la gestión privada?

­— El sistema público es garantista y es menos dinámico a la hora de la toma de decisiones. Y no es una crítica, es una descripción de lo que es el derecho público. El derecho privado es menos garantista y mucho más ágil en la toma de decisiones. Eso tiene que traducirse en que debe haber un mayor grado de eficiencia en los recursos de aquellas entidades que se rigen por el derecho privado. Por eso, para mí la colaboración público-privada es un ejercicio muy complicado en su implementación pero muy fácil en su concepto. Al final, si la Administración puede llevar a cabo una prestación con la misma calidad que una entidad de gestión directa en aquellos casos en los que cabe la terciarización, adelante, pero hay casos en los que la gestión directa es la única alternativa, lo que hay que hacer es aprovechar el gap que puede existir. Esa diferencia tiene que ser ahorro de la Administración en la prestación del servicio y, por otra parte, un beneficio para quien realice la prestación. Si es una sociedad, será un beneficio para sus propietarios, y si es una fundación, pues se traducirá en un incremento de las prestaciones sanitarias.

­— Esa es la línea roja que marca la consellera, que no se puede ganar dinero con la Sanidad.

— Creo que cuando un tema es complejo, si le ponemos líneas rojas lo convertimos en imposible. Lo que hay que tener es la mente muy abierta. Entender dónde podemos tener instrumentos que nos permitan ayudar a que el sistema sanitario sea más eficiente y podamos prestar el mismo servicio con menos recursos. El modelo de financiación es un modelo impositivo en España. Entre los impuestos se recaudan los recursos para llevar a cabo la sostenibilidad del sistema sanitario. Los recursos van a ser los que son, y estarán sujetos a los ciclos económicos, mientras que el gasto sanitario va a tender a incrementarse porque el desarrollo va a traer de forma continua nuevas prestaciones. Por lo tanto, hay que buscar fórmulas. En el año 1997, con la ley de nuevas formas de gestión sanitaria, ya se estaba hablando de esto. Que nos permitan hacer más eficiente la prestación sanitaria para poder hacer más con menos recursos. El problema no está en tener o no tener beneficios con la sanidad, sino en que las cosas deben hacerse con la mayor calidad posible, ya que el ciudadano cada vez lo exige más. Se trata de mantener la filosofía del sistema de sanidad español que viene desde hace años.

— Montón está empeñada en acabar con el modelo concesional. Su relación con Ribera Salud como conseller también fue tirante. ¿Qué opina del 'modelo Alzira'?

— Entiendo que conceptualmente el modelo concesional, el 'modelo Alzira', es un instrumento que puede ayudar mucho a lo que es el uso eficiente de los recursos y permitirá seguir trabajando para mantener el sistema nacional de salud. Hay un hecho que recuerdo de mi época de conseller que nos hacía trabajar más por el sistema, y era el grado de satisfacción, que era muy alto. Es la primera variable que tiene que tener en cuenta un gestor público, que la ciudadanía esté contenta con la prestación que recibe de forma mayoritaria en las áreas de gestión indirecta. A partir de ahí, no es que fuera tirante la relación, sino que en la época que viví yo en la Conselleria teníamos restricciones presupuestarias, la crisis estaba en su momento más crudo y, obviamente, debíamos discutir constructivamente para llevarlo a los términos que pudieran hacer que nos entendiéramos, sabiendo todos que era un modelo positivo. La discusión siempre fue por el mantenimiento del sistema. No por líneas rojas o verdes había que hacer desaparecer un sistema que avalaban los cientos de miles de ciudadanos que reportaban una satisfacción con estos centros.

— ¿Es un error no prorrogar el contrato de Alzira?

— Creo que en todo aquello que es bueno para la eficiencia lo que hay que hacer es sentarse a hablar, a consensuar, cambiar lo que haya que cambiar pero mantener todo lo que contribuya a consolidar un sistema como el que tenemos.

— ¿Se arrepiente de haberse metido en política? ¿Por qué decide entrar en el Gobierno valenciano?

— Hay cosas que pasan... y pasan. Lo que hay que hacer es el análisis posterior. Para una persona que lleva toda su vida dedicándose a la sanidad y es valenciano, uno de los mayores orgullos en su vida es ser responsable de la Sanidad de su comunidad autónoma. Segundo, fueron años muy complicados en circunstancias tremendamente difíciles, y me siento orgulloso de haber conseguido mantener la prestación sanitaria que había en circunstancias económicamente muy complejas. El trabajo que se hizo, y no soy yo quién para juzgarlo, creo que fue muy bueno. En lo personal, todas esas dificultades te hacen crecer y salí de ese proceso con una visión del entorno sanitario más amplia que cuando entré. Y desde luego, en absoluto arrepentido porque entiendo que en un momento difícil contribuí en mi pequeña proporción, porque había mucha más gente detrás trabajando. Trabajábamos con una intensidad tremenda e incluso conseguimos incrementar prestaciones sanitarias abriendo centros de salud, abriendo centros sanitarios integrados, e incluso poniendo en funcionamiento hospitales como los de Llíria y Gandia.

— ¿Volvería a ser conseller?

— La experiencia fue muy positiva; lo dejamos ahí.

— ¿Cómo ha sido hasta ahora la relación con Carmen Montón y cómo percibe que lo está haciendo?

— Mi relación con la consellera ha sido prácticamente inexistente, por lo tanto, no puedo decir más. Y creo que no soy la persona más adecuada para juzgar cómo lo está haciendo porque tendría unos sesgos que claramente se pondrían de manifiesto. El tiempo juzgará la gestión de todos, la mía y la suya. 

* Esta entrevista se publicó originalmente en el número 38 (diciembre 2017) de la revista Plaza