Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. (EP). Escola Valenciana ha anunciado que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula parte del decreto de la Generalitat que prioriza el uso del valenciano en la administración al entender que la resolución judicial "atenta contra los derechos lingüísticos de la ciudadanía".
Así lo ha avanzado la entidad cívica tras conocer que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha
declarado la nulidad parcial del Decreto 6/2017 de la Generalitat que regula el uso del castellano y del valenciano en la administración autonómica. En concreto, deja sin efecto un total de 11 artículos y una disposición, como los que dan un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, rotulación de edificios y comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Para Escola esta es "una decisión que no se ampara ni en el Estatuto de Autonomía, ni en la Constitución Española, ni tampoco en el corpus jurídico europeo". "·Se trata de una decisión con claros tintes políticos, centrada en el argumento de la supremacía del castellano, lengua oficial, junto con el valenciano", ha señalado el responsable de Derechos Lingüísticos de Escola, Vicent Romans.
La entidad cívica ha lamentado, a través de un comunicado, que "de ahora en adelante, el valenciano no tendrá un uso prioritario en la función pública". Por ello, apunta esta sentencia judicial "todavía no firme, supone un retroceso gigantesco en la normalización de nuestra lengua".
"La diversidad lingüística de nuestro país se ve seriamente amenazada con decisiones judiciales que limitan el desarrollo de una de las lenguas. La consecuencia directa de la resolución del TSJ es que las comunicaciones entre el personal funcionario y la ciudadanía, la rotulación y las notificaciones ya no hace falta que se hagan en valenciano. Es, francamente, incomprensible", señalan.
Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua recuerda que "trabaja por la igualdad lingüística desde que nació hace 33 años". Con "perspectiva histórica", la entidad valora que "el valenciano ha sido durante muchos años una lengua minorizada".
"El decreto trataba de contrarrestar esta situación discriminatoria con el objetivo de recuperar ámbitos. El valenciano necesita una acción compensatoria porque pueda equipararse en derechos y usos al castellano, la lengua con quien comparte oficialidad. Hasta que no haya un marco legal, una ley de igualdad lingüística, estas injusticias no cesarán", advierten.
Ante esta situación, Escola valora presentar un recurso contra la decisión de TSJCV e iniciar otras acciones de rechazo para que el uso del valenciano se viva "con normalidad a las administraciones públicas valencianas".
"La ciudadanía tiene el derecho a ser atendida en valenciano. Las trabajadoras y los trabajadores de la función pública tendrían que garantizar este derecho y tener un dominio funcional de las dos lenguas oficiales al País Valenciano. Es decir, solo la plena competencia lingüística evitará la vulneración de derechos lingüísticos", rematan.