Insiste en que la idea es que los trabajadores con carreras irregulares no pierdan pensión y no ve riesgos de congelación de fondos europeos
VALÈNCIA. (EP) El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que el procedimiento de suspensión de fondos europeos publicado ayer por el Ejecutivo comunitario "no habla de España ni del sistema de pensiones español", sino que se trata de una norma de carácter "general".
"Lo que ha salido es una norma que ni habla de España ni del sistema de pensiones español ni de los hitos. Es una norma general", ha subrayado el ministro, que ha denunciado que lo que se ha hecho en la prensa "es una interpretación" a partir del procedimiento que ayer hizo público Bruselas para congelar los pagos en caso de incumplir los hitos y objetivos comprometidos por los distintos países.
"Es una interpretación que no soy capaz de valorar, porque yo leo la norma y la brecha entre lo que dice la norma y lo que dicen algunos titulares es bastante grande", ha subrayado Escrivá en rueda de prensa para presentar el balance sobre la acogida de refugiados ucranianos un año después del inicio de la guerra.
En declaraciones posteriores a La Sexta recogidas por Europa Press, Escrivá ha señalado que "no hay que buscar una relación" entre la reforma de pensiones y comunicación de la Comisión Europea sobre cómo se valorarán con carácter general los hitos y objetivos de los planes de recuperación.
El ministro ha defendido que el acuerdo en pensiones es "inminente" en los distintos ámbitos, pues al ser "el cierre de la reforma de pensiones" se está trabajando en tres ámbitos: con los agentes sociales, con las formaciones políticas y con Bruselas para el cumplimiento de los hitos.
"Tenemos que armonizar esos tres niveles y estamos en tiempo y vamos en el buen camino", ha asegurado Escrivá, que ha subrayado que la fecha límite para tener esta segunda parte de la reforma de pensiones (31 de diciembre de 2022) es una "referencia tentativa" en un calendario que se hizo hace dos años y medio.
"Es una referencia flexible, lo importante es que este hito se cumpla antes de que se haga la evaluación del cuarto desembolso por parte de la Comisión. Todavía hay tiempo. Ha habido otros hitos y objetivos en España y en otros países donde ha habido flexibilidad en calendarios de referencia", ha explicado.
Por tanto, Escrivá "no ve" que se pueda decir que hay riesgo de que España pueda ser penalizada por Bruselas a causa de la reforma de pensiones.
En todo caso, el ministro ha defendido que España tendrá esa reforma, no tanto porque sea un hito recogido en el Plan de Recuperación, sino porque es un compromiso con el Pacto de Toledo y con los agentes sociales. "Queremos hacerla por razones fundamentalmente nacionales, no porque haya alguien en Europa nos lo esté pidiendo", ha enfatizado.
Preguntado por unas declaraciones a 'El Confidencial' del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en las que asegura que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones "está descartada", Escrivá ha señalado que no es así y que la reforma contendrá "algún elemento" relacionado con esta medida.
En este sentido, ha explicado que el Plan de Recuperación y el Pacto de Toledo no hablan estrictamente de la ampliación del periodo de cómputo, sino de dar opciones a las personas cuyas carreras no son lineales y cuyos últimos años profesionales no son los mejores, todo con el objetivo de que no se vean penalizados en su pensión.
"En ningún caso esto va de recortar gasto en pensiones, ni lo dice el hito, ni lo dice el Pacto de Toledo ni aparecerá en la norma. Esa interpretación interesada es falsa", ha dicho Escrivá, que cree que Álvarez, con sus declaraciones sobre el descarte de la ampliación del periodo de cálculo, "no ha interpretado bien" lo que se va a hacer en la norma.
El detalle del procedimiento de suspensión de pagos publicado ayer por el Ejecutivo comunitario prevé sanciones aplicables al montante que corresponde a cada hito y objetivo relacionado con la entrada en vigor de una reforma o un "paso final", aunque en ningún caso la sanción afectará a la totalidad del tramo.
En concreto, la penalización por incumplimiento de plazos abre un periodo de seis meses de congelación de parte del pago en el que el Estado miembro tiene la oportunidad de completar el hito u objetivo correspondiente en caso de demora, lo que, según el documento de la Comisión, "favorece la aplicación continuada del plan y da tiempo a los países para levantar la suspensión si cumplen la medida".
Si eso ocurre, la Comisión levantará la suspensión mediante una evaluación positiva y posteriormente, pagará el importe congelado tras el dictamen positivo del resto de Estados miembros a través del Comité Económico y Financiero.
Este proceso ofrece tiempo adicional a un Estado miembro para abordar cuestiones específicas de aplicación mientras se beneficia de un pago parcial, pero Bruselas ha advertido de que "la señal correcta aquí es que hay que cumplir el plan" aunque se obtenga una prórroga de seis meses ya que, en caso de evaluación negativa, el importe correspondiente se suspenderá permanentemente y se deducirá del presupuesto del plan.
Como excepción a esta metodología, las únicas medidas que no podrán ser sometidas a suspensiones parciales son aquellas que corresponden a los hitos de auditoría y control, ya que estas no pueden cumplirse de manera parcial.
Tras recibir una evaluación favorable de la Comisión para el tercer desembolso de los fondos, dotado con 6.000 millones de euros, España debe encarar ahora las medidas para la solicitud del cuarto tramo, como la segunda pata de la reforma del sistema de pensiones.
Tras superar el 31 de diciembre, el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que el acuerdo se cerraría antes de concluir febrero y el pasado lunes, en Bruselas, apuntó a Semana Santa como fecha probable.
Según los sindicatos, las conversaciones formales entre la Seguridad Social y los agentes sociales se encuentran estancadas por las discrepancias con una de las propuestas del Ministerio, la ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
