España cierra su presidencia del Consejo de la UE sin lograr el reconocimiento del catalán

Ha sido la cuarta vez consecutiva en la que España, que durante este semestre ha decidido el orden del día de las reuniones, ha incluido la incorporación en el reglamento lingüístico europeo de las tres lenguas cooficiales en el Consejo de Asuntos Generales de la UE.

En un primer momento figuró como un punto para adopción, pero la evidente falta de apoyos para una modificación de las reglas comunes que requiere unanimidad, provocó que se limitara a un balance de la situación. La falta de resultados en el que era uno de los compromisos del PSOE con Junts de cara a la nueva legislatura ha enojado también al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien en las redes sociales ha considerado "insuficientes" las gestiones del Gobierno.

En este contexto, apenas siete delegaciones han tomado la palabra además del secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, que ha defendido la petición española, según han indicado a Europa Press distintas fuentes europeas.

Varias delegaciones lamentan que el asunto siga en el orden del día a pesar de la falta de avances y de no contar con la información precisa sobre el impacto legal, práctico y financiero necesario, a su juicio, para abordar una reflexión de fondo. Mientras desde uno de los países con más dudas apuntan que esperan que "este sea el último Consejo en una temporada en que tratamos este tema", desde otro socio inciden en que "no se tienen los datos necesarios para tomar una decisión".

Entretanto, Bélgica, que el 1 de enero tomará el relevo como presidencia de turno del Consejo de la UE, ha mostrado disposición para tomar "las acciones adecuadas" durante su semestre "con especial atención en los distintos análisis requeridos" por los países miembro. Con todo, apuntan fuentes diplomáticas, una reunión de ministros "no es un grupo de trabajo" por lo que no prevén que la petición española vuelva al debate de alto nivel hasta que no se den pasos significativos a nivel técnico primero.

España defiende que las especificidades de las lenguas cooficiales, incluido su encaje en la Constitución y su uso en el Congreso de los Diputados y el Senado, hacen del expediente español un "caso único" que no sería extrapolable a otras regiones europea; rebatiendo así las dudas de varios socios que temen un "efecto dominó" en sus territorios.

El Gobierno también ha asegurado que asumirá la factura de introducir el uso del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas, renunciando así a las disposiciones del propio reglamento de las lenguas de la UE que prevé que ese gasto corra a cargo de las arcas comunitarias. Además, planteó un despliegue gradual para introducir primero el catalán y dejar para más adelante, sin aclarar calendario, el desarrollo del euskera y del gallego.

En una evaluación preliminar, la Comisión Europea ha estimado en unos 44 millones anuales la introducción de una nueva lengua en el funcionamiento de la Unión Europea, lo que se traduciría en 132 millones de euros en este caso, pero no ofrecerá un análisis definitivo mientras el Consejo no tome posición formal sobre la petición española.

De hecho, el Ejecutivo comunitario ha dejado claro que su cálculo se basa únicamente en la experiencia de Irlanda con el gaélico, última incorporación al catálogo de lenguas oficiales de la UE en 2015, sin tener en cuenta otras variables como el número de traductores e interpretes disponibles, si existen bases de datos suficientes sobre terminología o los detalles del régimen de transición que propone España.