España, Europa y el Oriente Medio

El terrible ataque terrorista de Hamas contra varias ciudades y comunas agrícolas (kibbutzim) de Israel, el pasado 7 de octubre, ha suscitado una condena general por parte de gobiernos, partidos y organizaciones sociales. Sólo algunos sectores islamistas y radicales de la extrema izquierda se han manifestado reticentes a expresar una clara condena de hechos tan salvajes, tratando con ello, por un lado, de establecer una equivalencia entre el ataque terrorista de Hamas y los excesos cometidos por el gobierno de Israel en su política de ocupación de Cisjordania y el aislamiento de Gaza; y tratando también, por otro lado, de justificar la inhumana actuación de Hamas en base a la defensa de la justa causa palestina –la lucha por su independencia y soberanía–. Por otra parte, la respuesta militar de Israel sobre Gaza, para perseguir a los terroristas y liberar a los rehenes capturados por Hamas, con los cientos de víctimas inocentes causados por las operaciones militares, no ha hecho sino provocar el olvido del cruel ataque terrorista de Hamas –del que se deriva la actual tragedia– y aumentar la crítica sobre las actuaciones de Israel. Y, claro, España no podía permanecer al margen de todo lo ocurrido.

El presidente Sánchez viajó a Jerusalén, a Ramala y a Egipto, donde hizo unas contundentes declaraciones sobre los trágicos hechos, ante el presidente de Israel, Isaac Herzog; el primer ministro, Benjamín Netanyahu; el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y también en la frontera de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza. Entonces el presidente dijo que "las atrocidades cometidas por la organización terrorista Hamas son absolutamente estremecedoras" y añadió inmediatamente que "Israel tiene derecho a la autodefensa frente a estos ataques", si bien "Israel debe cumplir también con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en su respuesta". Además, el presidente Sánchez, en apoyo de sus palabras aludió a la terrible experiencia española causada por el terrorismo de ETA: "Mi país –dijo– lleva décadas sufriendo terriblemente el azote del terrorismo, y estamos en condiciones de comprender el dolor y la frustración de Israel". Estas palabras, además han sido reafirmadas por el presidente en un discurso realizado un acto para su partido, celebrado en Madrid el pasado 26 de noviembre, en el que vino a decir, sobre lo que había afirmado en Israel, que "no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología. Es una cuestión de humanidad".

En principio, las palabras del presidente parecen impecables, desde un punto de vista moral o ético. La condena del ataque terrorista de Hamas y la necesidad de que la respuesta de Israel se someta a las previsiones del derecho internacional es, además, algo inobjetable desde los puntos de vista jurídico y político. Sin embargo, hay en la actuación del presidente Sánchez y en su visita al Oriente Medio algo que me deja perplejo y muy preocupado.

Comencemos por lo más sencillo, la alusión al terrorismo de ETA. Creo que, en estas circunstancias, es de todo punto desafortunada. En sus 60 años de existencia, entre 1958 y 2018, ETA asesinó a 854 personas. Hamas, en una sola mañana, asesinó sin piedad alguna, a 1.400 personas, es decir, casi el doble. Y a ello habría que añadir los cientos de heridos y asesinados en los constantes ataques terroristas sufridos por Israel desde 1967. Es decir, no cabe comparación alguna. Poner muertos encima de la mesa, para ver quien tiene más, siempre me ha parecido repugnante, pero, sobre todo, es lo peor que se puede hacer cuando lo que se quiere es iniciar una negociación o un proceso de paz.

En segundo lugar, el presidente Sánchez no es el "presidente de turno de la Unión Europea", como se ha dicho con profusión en los medios de comunicación. En realidad, el presidente Sánchez no preside nada, en el marco del funcionamiento institucional de la UE. Tras las reformas producidas en 2007 por el Tratado de Lisboa en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), la política exterior de la UE (la PESC) es competencia sólo del Consejo, en su formación de Asuntos Exteriores; formación que tiene una presidencia permanente que corresponde al denominado Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Este elevado puesto corresponde hoy al español Josep Borrell –"Mr PESC"–, no al señor Sánchez, y menos aún a su ministro de asuntos exteriores, el señor Albares. Y, en lo que se refiere a la presidencia del Consejo Europeo –la reunión de los jefes de Estado o de gobierno de los países de la UE– tampoco la ejerce el señor Sánchez, dado que las reformas del Tratado de Lisboa introdujeron una presidencia permanente, que hoy ocupa el belga Charles Michel.

A partir de las mencionadas reformas del Tratado de Lisboa, sí sigue habiendo una presidencia rotatoria de un Estado de la UE cada seis meses, pero esa presidencia se ejerce sólo sobre las demás formaciones del Consejo: en total, nueve formaciones, que se ocupan de temas tales como asuntos económicos y financieros, agricultura y pesca, competitividad, medio ambiente, etc. Estas nueve formaciones del Consejo sí están siendo presididas en la actualidad por España durante este segundo semestre del año. En realidad, por el ministro del ramo correspondiente, no por el presidente del gobierno (bajo su presidencia rotatoria los ministros del gobierno de España presidirán 46 reuniones ordinarias del Consejo, que tienen lugar en Bruselas y Luxemburgo, no en España).

Por otra parte, a partir de una reforma que se hizo en el año 2009, ante la entrada masiva de países pequeños en la UE, incapaces de asumir por sí solos una presidencia rotatoria, se acordó agrupar las presidencias en grupos de tres Estados (uno grande, uno pequeño y uno nuevo) que ejercerían la presidencia por un plazo de 18 meses (seis meses cada uno), con un programa común, además de los programas semestrales particulares. En este momento, el trío de la presidencia rotatoria del Consejo está formado por España (Estado grande), Bélgica (Estado pequeño) y Hungría (Estado nuevo). En este sentido, España, Bélgica y Hungría se pusieron de acuerdo en la redacción de un programa común para 18 meses, dentro de cuyas líneas generales España redactó en suyo para sus propios seis meses. Es verdad que el programa común y el programa particular de España incluyen líneas de actuación que entran de lleno en el terreno de la política exterior y de la política de defensa de la UE, algo que, si bien supone un verdadero exceso, dado que no les corresponden esas políticas como presidencia rotatoria, tampoco se puede decir que sea una grave violación de los Tratados, por cuanto se trata más bien de meras recomendaciones o declaraciones de intención.

Pero, una vez más aquí, llaman la atención dos cosas: primero, en lo que se refiere al Oriente Medio, no hay en esos programas declaración alguna referida al conflicto palestino-israelí; sólo –en el programa de España– se encuentra la afirmación de que "la Presidencia velará por un entorno estable y seguro en el Mediterráneo oriental e impulsará el desarrollo de una agenda positiva con Turquía". Y segundo, dado que España y Bélgica han pretendido actuar como presidencia rotatoria de la UE –aunque, una vez más, en un terreno que no es el suyo– ¿por qué no viajó también con ellos Hungría? ¿Porque la visión de Hungría sobre el conflicto palestino-israelí es diferente a la suya? Esto, evidentemente, ha debilitado la pretendida representatividad de la UE ante este conflicto, poniendo en evidencia la profunda división interna existente.

Y, en fin, si España –más allá del marco institucional de la UE– desea realizar un loable y necesario papel mediador o, siquiera sea, de facilitador en este conflicto, como ya hizo, de manera transcendental, bajo el gobierno de Felipe González en 1991, la actuación del señor Sánchez no ha podido ser más desafortunada. Sus palabras, más que una afirmación de humanidad –que lo fueron–, fueron un grave error diplomático, una ofensa grave a una de las partes en el conflicto, a la que se pretendió dar una clase sobre cómo comportarse en estas graves circunstancias. "Las operaciones militares deben distinguir con claridad entre los objetivos terroristas y la protección de la población civil", dijo Sánchez ante Netanyahu, a lo que añadió: "El terrorismo no puede erradicarse exclusivamente mediante el uso de la fuerza". ¿Cree el presidente Sánchez que el gobierno de Israel no sabe hacer esa distinción y que su actuación en Gaza se mueve sólo por el estímulo de matar civiles, o por intenciones genocidas, como sostienen algunos miembros de su gobierno? ¿Cree el presidente Sánchez que, tras treinta años de intensas y frustradas negociaciones de paz, en tres de las cuales, al menos, la paz se tocó con la yema de los dedos (Camp David, 2000; Cuarteto 'Roadmap', 2002; Annapolis, 2007), el gobierno de Israel no sabe que el terrorismo no puede erradicarse sólo con el uso de la fuerza?

Es verdad que la respuesta del gobierno de Israel a las palabras de Sánchez ha sido totalmente desabrida. Decir que el señor Sánchez –por muy torpe que haya sido su declaración, desde un punto de vista diplomático– apoya el terrorismo, como ha sostenido el ministro de asuntos exteriores de Israel, Eli Cohen, es una solemne estupidez, además de una injusticia. Lo cual, la verdad, no sorprende mucho, viniendo como viene de un gobierno como el del señor Netanyahu.

Es una pena que el presidente Sánchez haya perdido una oportunidad tan extraordinaria de contribuir a la tan necesaria paz en la zona y, en vez de comportarse como un verdadero estadista ante tan grave conflicto, haya preferido comportarse como un mero miembro de una ONG militante, tratando de dar lecciones de humanidad –¡y de política!–, por igual, a los terroristas de Hamas y al gobierno de Israel.

El señor Sánchez debe saber, como deben saberlo también muchos de los políticos que hoy se manifiestan y vociferan en las calles, que los palestinos no necesitan más militantes para su causa. Lo que necesitan es políticos capaces de asumir el liderazgo en este proceso de paz –hoy muerto– con el coraje suficiente como para, en primer lugar, distinguir a los verdaderos representantes del pueblo palestino –hoy la Autoridad Nacional Palestina–, de quienes se han dedicado sistemáticamente a destruir el sueño palestino de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras del armisticio de 1967, mediante constantes actos de terror y bombardeo de misiles –Hamas y la Jihad Islámica–, por el mero hecho de que reconocer esas fronteras y el propio Estado palestino supondría necesariamente reconocer también la existencia del Estado de Israel, algo que ellos rechazan de plano. En segundo lugar, políticos capaces de traer a la mesa de negociación a las dos partes. Y, en tercer lugar, políticos capaces de poner sobre la mesa un plan de paz creíble y realizable, sobre el que las dos partes puedan negociar, con visos de futuro.

El presidente Sánchez propone la celebración de una conferencia internacional para resolver el conflicto. Es una magnífica idea, aunque nada original. La propuesta es ya antigua y España organizó una en 1991. Sería estupendo que España pudiese llegar a organizar otra similar en 2024. Pero la increíble y arrogante torpeza del señor Sánchez ha malogrado esa posibilidad. Quizá lo haga Francia, que está ahí, agazapada, esperando su oportunidad. Nicolas Sarkozy se cargó el proceso de Barcelona en 2008 (una estupenda iniciativa también del presidente González, que había sido puesta en marcha en 1995), que hoy sólo languidece sin futuro alguno, como acabamos de comprobar este fin de semana en Barcelona. Y hoy, sin que se note mucho, una vez más, en Francia aplauden hasta con las orejas la increíble torpeza de Sánchez, que les deja expedito el camino para cualquier iniciativa.

¡Qué pena!, ¡qué error!, ¡qué gran error!

Antonio Bar Cendón es Catedrático de Derecho Constitucional y Catedrático Jean Monnet ad personam de Derecho y política de la UE (PE) en la Universidad de Valencia