MADRID, (EP). Un total de diez países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, han acordado este martes las líneas generales de un futuro acuerdo para establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin.
El ministro austriaco de Finanzas, Hans Jörg Schelling, que ha liderado las conversaciones entre estos diez países, ha señalado en el debate público del encuentro de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) que se trata de "un paso importante" y "probablemente esencial" para acabar el trabajo. "Lo que hemos fijado no es más, grosso modo, que los elementos que esperamos que tendría, pero no hemos ido más allá", ha añadido.
El documento de una página acordado en una reunión entre los ministros de los diez países recoge las características generales que tendría que tener este gravamen tanto en relación a las transacciones de acciones como de derivados. El objetivo, ha asegurado el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, es alcanzar un acuerdo final antes del verano.
En el caso de las primeras, el impuesto gravará todas las transacciones intra-día y todas las operaciones de la cadena excepto los casos en los que agentes y los miembros de compensación actúan como facilitadores. Además, recoge la posibilidad de implantar exenciones en mercados con falta de liquidez.
En relación al ámbito de aplicación, queda aún por determinar "si es mejor comenzar con la tasa sobre las acciones emitidas en el Estado miembro que participa en el gravamen".
Con respecto a los derivados, el ámbito de aplicación del gravamen combinará el principio de residencia y de emisión, con aplicación del principio de contraparte. Además, el texto establece que "el impuesto debe basarse en el principio de las base más amplia posible y las tasas bajas", y añade que "no debe impactar en los costes de la deuda soberana".
El último punto del documento afirma que será necesario un análisis más amplio para analizar los efectos de este impuesto en la economía real y en los sistemas de pensiones, que tiene que ser "minimizados".
El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, ha destacado en rueda de prensa posterior al Ecofin que el acuerdo de principios es "un avance fundamental" y ha subrayado que el texto recoge la línea roja marcada por el Ejecutivo de que excluyese del gravamen a los derivados de deuda pública.
En la misma línea se ha pronunciado en el debate público el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, quien ha explicado que su país es partidario de este impuesto no hiciera más cara la deuda pública. Asimismo, ha confiado en avanzar en los próximos meses en la definición definitiva de todas las características del gravamen.
El más crítico con esta iniciativa ha sido el ministro británico, George Osborne, quien ha solicitado más detalles sobre la propuesta y ha subrayado que el impacto de la misma solo debe afectar a los países que finalmente adopten este impuesto. "Si la propuesta tiene impacto en Reino Unido o en otro Estado miembro, o sobre el mercado único, desgraciadamente tendremos que acabar en los tribunales", ha amenazado.
Por su parte, el alemán Wolfgang Schauble ha afirmado que "es necesario intentar mejorar el marco normativo para poder contrarrestar lo que ha ocurrido", en referencia a la crisis económica, una vez que "hay límites en lo que pueden hacer la política monetaria y presupuestaria".
"Creo que si no se hace nada nos vendrá encima una crisis en el futuro, y nos van a preguntar: ¿qué han hecho?, ¿por qué no han aprendido nada?", ha enfatizado.
Los países que forman la cooperación reforzada para el impuesto de transacciones financieras son Austria, España, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia. Estonia se ha separado del proyecto finalmente.