VALÈNCIA. Desde hace algunos años, la Unión Europea (UE) viene trabajando en el establecimiento de un conjunto completo de normas sobre servicios y actividades de inversión con el fin de dotar al mercado de un funcionamiento más justo, transparente, eficiente e integrado. La MiFID es uno de los pilares del Plan de Acción de Servicios Financieros que nace en 1999 a partir del FSAP (Financial Services Action Plan), cuyas 42 medidas están provocando cambios sustanciales en la regulación de los mercados financieros de la UE.
El primer conjunto de normas adoptadas por la UE contribuyó a aumentar la competitividad de los mercados financieros mediante la creación de un mercado único de servicios y actividades de inversión. También garantizaron un mayor grado de protección armonizada para los inversores en instrumentos financieros, como acciones, bonos y derivados. Sin embargo, después de la crisis financiera de 2008 se hizo evidente que se necesitaba un marco regulador más robusto para reforzar aún más la protección de los inversores, abordar el desarrollo de nuevas plataformas y actividades comerciales.
A partir de estas necesidades es como se gesta la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros, conocida por sus siglas en inglés MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) con la aplicación de la Directiva 2004/39 / CE y que como explicamos en anteriores artículos no se ejecuta de manera automática en los Estados miembros sino que necesita del desarrollo de legislación propia para hacerlo. En vigor desde noviembre de 2007 se ha convertido en una piedra angular de la regulación de la UE de los mercados financieros dado que afecta a la prestación de servicios de inversión en instrumentos financieros por parte de bancos y empresas de inversión y al funcionamiento de las bolsas de valores tradicionales y de los centros de negociación alternativos.
Si bien la MiFID creó la competencia entre estos servicios y trajo más opciones y precios más bajos para los inversores, las deficiencias fueron expuestas a raíz de la crisis financiera y en junio de 2014 la Comisión Europea adoptó nuevas normas para revisar el marco de la MiFID. Éstas consisten en una revisión de la directiva (MiFID II) y una revisión de la regulación (MiFIR).
La MiFID II pretende reforzar las actuales normas europeas sobre los mercados de valores garantizando que el comercio organizado tenga lugar en plataformas reguladas, introduciendo reglas sobre la negociación algorítmica y de alta frecuencia. Todo ello para mejorar la transparencia y la supervisión de los mercados financieros, incluidos los mercados de derivados, con el fin de abordar algunas deficiencias en los mercados de derivados de productos básicos y, en definitiva, mejorando la protección de los inversores y las normas de conducta empresarial; así como las condiciones de competencia en la negociación y compensación de instrumentos financieros.
Basándose en las normas ya establecidas, las normas revisadas de la MiFID también refuerzan la protección de los inversores mediante la introducción de requisitos sobre la organización y la conducta de los agentes en estos mercados. En coherencia con ello, MiFIR establece requisitos sobre divulgación al público de los datos sobre la actividad comercial, divulgación de datos de transacciones a los reguladores y supervisores y negociación obligatoria de derivados en lugares organizados. Además de la eliminación de las barreras entre los centros de negociación y los proveedores de servicios de compensación para garantizar una mayor competencia y acciones específicas de supervisión sobre instrumentos financieros y posiciones en derivados.
La fecha de solicitud de MiFID II y MiFIR, prevista inicialmente para el 3 de enero de 2017, se ha ampliado hasta el 3 de enero de 2018 para lo cual hay que echar un vistazo a los últimos datos del Colegio General de Economistas sobre la situación de las Empresas de Asesoramiento Financiero a cierre de 2016 es un buen indicador de su futuro cercano. Así, el número de EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente), que en 2009 era de 16, ha alcanzado las 160 empresas, pasando de 317 clientes en la primera fecha a casi 6.000 en la actualidad.
Por lo que respecta al patrimonio bajo asesoramiento ha pasado de los 1.400 millones de euros hasta los más de 27.000 millones de euros, con unos ingresos que empezaron en 3 millones y ahora se sitúan en torno a los 52. Con estos datos solo podemos que reforzar la convicción que el asesoramiento independiente cada día es más valorado y solicitado por los inversores en nuestro país.
Miquel Vicent Boix Domingo es director comercial de Buy & Hold Asesores EAFI