El Estado compensará a Cataluña con 2,8 millones de euros en 2025 por la asunción de la gestión integral del IMV

VALÈNCIA (EP). La Administración General del Estado compensará anualmente a la Generalitat de Cataluña por los gastos ocasionados en la asunción de la gestión integral de la prestación y servicios asociados del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En concreto, para el ejercicio presupuestario de 2025 ambas partes han valorado dicha compensación en 2.817.547 euros.

El convenio, publicado este lunes 2 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene por objeto la asunción por la Generalitat de Cataluña de la gestión de la prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital, "a excepción del pago de la prestación y actuaciones que se deriven de ello, dentro del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y del respeto al principio de solidaridad, conteniendo los procedimientos, plazos y compromisos necesarios para una ordenada gestión de dicha prestación", según se lee en el BOE.

Tal y como se precisa, el convenio "se perfeccionará con la prestación del consentimiento de las partes" y resultará eficaz una vez inscrito en el plazo de dos meses desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal.

Además, se indica que la asunción de las funciones por la Generalitat de Cataluña se producirá a los nueve meses del perfeccionamiento del mismo, siempre que se garantice su capacidad de actuación para una correcta gestión de la prestación, incluyendo, entre otros, el correcto funcionamiento de todos los protocolos de intercambio de información, "evitando cualquier efecto negativo sobre los ciudadanos".

El acuerdo de asunción de competencias por parte de Cataluña de la gestión del Ingreso Mínimo Vital fue firmado el pasado 24 de julio en el Palau de la Generalitat, en un acto en el que estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el entonces presidente de la Generalitat en funciones Pere Aragonès, y el entonces consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano.

Cataluña se suma así a Navarra y País Vasco, que gestionan esta prestación de la Seguridad Social desde el año 2022.