Consell de Alberto Fabra en 2013. VP VALENCIA. Este jueves, el president de la Generalitat, Ximo Puig, revelaba que el Tribunal de Cuentas, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, había solicitado al Consell un informe que justificase las "irregularidades" detectadas por la Sindicatura de Cuentas en 2013 referentes al anterior gobierno del PP de Alberto Fabra. En concreto, pide informes sobre las incidencias halladas por la Fiscalía en las cajas de las consellerias de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua; Economía, Empleo y Turismo y Gobernación y Justicia, la caja fija de tres hospitales, y los contratos menores realizados desde las consellerias de Insfraestructuras y Bienestar Social.
El jefe del Consell denunciaba estos hechos después de que la portavoz popular, Isabel Bonig, criticara la gestión del actual gobierno autonómico e iniciara la sesión de control acusándole de "alta traición" por haber recibido este lunes al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, una persona que "quiere romper España", acusaba Bonig.
Sin embargo, momentos después de que la síndica parlamentaria popular le incidiera en si el actual Consell cumpliría el Plan Económico Financiero 2016-2017 de la Comunitat Valenciana, Puig se defendía replicando que a la Generalitat "no paran de llegar denuncias de todo tipo" con las que tenían que lidiar como la de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por la que se pide que se justifiquen los contratos menores que en su etapa como consellera de Infraestructuras, Bonig hizo de "manera ilícita o ilegal", tildó Puig.
Isabel Bonig fue consellera de Infraestructuras en 2013. Foto: EVA MAÑEZEn el informe de la Sindicatura del ejercicio 2013 queda reflejado que había expedientes que no tenían factura de gasto, ausencia de justificación documental de los criterios seguidos para elegir contratistas -no se solicitaron varios presupuestos- y posibles fraccionamientos de contratos.
A este respecto, cabe señalar que de los 156 contratos menores, la Sindicatura observa que el importe de 89 de ellos oscila entre los 17.000 y 18.000 euros, el máximo legal establecido y que podrían evidenciar que se hubiera incumplido el artículo 86.2 de la Ley de Contratos del Servicio Público que señala que no se pueden fraccionar contratos con el fin de disminuir la cuantía de los mismos y, así, evitar la concurrencia y publicidad.
Momentos después de que Puig soltara tal noticia en el parlamento valenciano, los medios de comunicación pedían que la portavoz del Partido Popular en Les Corts hiciera declaraciones al finalizar la sesión de control. No obstante, la situación no se dio y la síndica abandonó el hemiciclo evitando el encontronazo con los medios de comunicación, a quienes sí atendió en Altea momentos más tarde en un acto junto a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para acusar a Puig de lanzar una "cortina de humo interesada para esconder su falta de gestión en educación y sanidad". También defendió que el informe de la Sindicatura señalaba que "no hay responsabilidad contable".
Asunción Sánchez-Zaplana, consellera de Bienestar Social en 2013.En el caso del área que lideró Asunción Sánchez Zaplana, según el informe, también se dieron casos en los que algunos expedientes no contenían factura de gasto ni se detallaba el criterio seguido para elegir contratistas. Además, la Sindicatura comprobó ocho de los 50 contratos menores que esta conselleria realizó y descubrió que, de la misma manera que sucedía en Infraestructuras, éstos también alcanzaban el máximo legal establecido sin que constara en ningún documento la forma en la que se habían determinado los precios.
José Císcar, conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua en 2013. Foto: EVA MAÑEZEl Tribunal de Cuentas también exige explicaciones referentes a esta conselleria dirigida entonces por José Císcar, no obstante, en este caso se piden por las "irregularidades" en la Caja que se desprenden del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2013. La Sindicatura señala que, como resultado del análisis de las cuentas justificativas se ponen de manifiesto algunas incidencias que deben ser consideradas para subsanarse.
Entre ellas, por ejemplo, que el mismo órgano cuentadante –encargado de rendir cuentas– se ocupó a su vez de aprobar la cuenta justificativa con lo que no existía "la debida segregación de funciones". Además, también se denuncia que en la revisión de 25 justificantes no consta la aprobación de 14 de ellos y "en 5 no hay evidencia de que la factura haya sido comprobada". También se aprecia que operaciones "de entrega en metálico" obtuvieron el carácter de "gastos a justificar", algo que no permite el Decreto 24/1998 que regula los fondos de caja fija del Gobierno Valenciano.
De la misma manera que con la Conselleria de Economía, Empleo y Turismo, el informe de la Sindicatura apunta que durante ese ejercicio, no existió constancia en todas las facturas o tickets de cuáles habían sido los motivos de trabajo y número de asistentes en casos de gastos de restauración, o de los motivos concretos respecto a otros gastos. Además, en algunas de ellas, tampoco existe una "correcta imputación contable al ejercicio corriente por corresponder a ejercicios anteriores".
Máximo Buc, conseller de Economía, Empleo y Turismo en 2013. Foto: EVA MAÑEZLa revisión de la caja fija de esta conselleria también registra anomalías durante el ejercicio en el que fue conseller Máximo Buch (independiente). A las que comparte con Presidencia, se le suma la de que durante los meses de julio y agosto las cuentas justificativas no estuviesen formadas, con lo que se habría incumplido el plazo mensual que exige la norma reguladora.
Serafín Castellano, conseller de Gobernación y Justicia en 2013. Foto: EVA MAÑEZPor lo que respecta a la Conselleria que dirigió Serafín Castellano, el Tribunal de Cuentas pide también un informe para esclarecer por qué en el contrato 31 de esta área no consta "o es inadecuada la conformidad de la recepción del servicio o suministro".
Manuel Llombart, conseller de Sanidad en 2013. Foto: CORTSLas anomalías detectadas también llegan a la Conselleria de Sanidad que ocupaba Manuel Llombart, en concreto, se registran en la caja fija de los hospitales de la Vega Baja, Elche y el General de Castellón.
En estos hospitales, señala el informe, se pagaron contratos menores a través de la caja fija por importe superior a 12.020 euros y, además, tampoco constaba la "adecuada justificación" sobre la necesidad o idoneidad para realizar dichos contratos. Incluso en el Hospital General de Castellón también pudo darse posibles casos de fraccionamiento de contratos "adjudicados a los mismos proveedores y con el mismo objeto", señala el informe.
De momento, el Tribunal de Cuentas reclama que se califique si se acometieron tales "irregularidades" y si se considera que causaron daños en el erario público. Si se considerase que sí se produjo un perjuicio para el erario público, solicita que se indique la cuantía y el período concreto en que se cometieron las anomalías.
Además, se reclama que se determine quiénes fueron las autoridades y funcionarios que intervinieron en el control contable de los hechos denunciados con nombre, apellidos, DNI y domicilio de aquellas personas que tuvieron responsabilidad en el ámbito de la gestión económico-administrativa denunciada como presuntamente ilícita.
