VALENCIA. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ya tiene definida la estructura de su operativa como banco público para financiar proyectos estratégicos para la Generalitat. Su director, Manuel Illueca, expondrá esta tarde a todo el Consell, reunido en Morella, la estrategia a seguir para captar fondos europeos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Plan Juncker. La Generalitat fía gran parte de su capacidad inversora de los próximos años, sobre todo en infraestructuras, al volumen de fondos comunitarios que sea capaz de atraer. El reto es hacerlo sin aumentar su deuda.
El IVF dio este viernes el primer paso en esa dirección mediante la firma de un acuerdo con la patronal de constructoras de obra pública Fecoval para crear un fondo privado destinado a financiar infraestructuras.
El Pacto del Botánico, que recoge los ejes básicos de la acción del Consell, preveía la refundación del IVF en una entidad pública con acceso al crédito del BCE y fondos del BEI. No obstante, acceder directamente a la financiación del BEI implicaría elevar todavía más la abultada deuda de 40.000 millones de euros, algo para lo que no existe margen.
Para salvar ese escollo, el IVF creará vehículos de inversión de capital mayoritariamente privado con el fin de canalizar la captación de fondos europeos, ya que actualmente carece de músculo financiero para desarrollar grandes infraestructuras. La Comisión estima que hasta 2018 se pueden poner en el mercado 315.000 millones de euros para financiar proyectos de colaboración público privada.
Esos fondos irán destinados a financiar proyectos estratégicos para la administración pero que, al mismo tiempo, resulten atractivos a la iniciativa privada.
No obstante, el esquema diseñado implica que las empresas asuman parte del riesgo financiero de las operaciones. En el caso de la inversión en infraestructuras, por ejemplo, las constructoras deberán implicarse también en el mantenimiento de las obras
A cambio, la administración abonará un canon a ese vehículo de inversión con mayoría de capital privado como compensación por los servicios que presta a la administración. Debido a que el principal cliente de ese fondo sería la administración, las empresas optarían con garantías de competencia y concurrencia. Actualmente se trabaja en definir la forma jurídica de esos vehículos.