VALÈNCIA (EP). El pleno del Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde a las nuevas reglas comunes para armonizar el registro de la oferta de propiedades destinadas al alojamiento turístico de corta duración en plataformas como Airbnb; una reforma con la que la Unión Europea quiere reforzar la transparencia del sector y combatir la actividad ilegal.
El nuevo marco, acordado el pasado noviembre por los negociadores de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos), supone que los Estados miembro deberán contar con un único punto de entrada digital para recibir mensualmente datos de las plataformas sobre la actividad del anfitrión, por ejemplo, el número de noches que alquiló su propiedad, el número de huéspedes atendidos o datos como la dirección, número de registro y URL del anuncio.
La recopilación de estos datos permitirá a las autoridades supervisar el cumplimiento de los procesos de registro de clientes y permitir a las autoridades nacionales aplicar políticas adecuadas en el sector del alquiler de alojamientos de corta duración.
Las nuevas normas, pendientes aún del visto bueno formal de los Veintisiete para ser ley, obligarán a las plataformas a garantizar que la información proporcionada por los anfitriones sea "fiable y completa" y que el número de registro sea claramente visible en los anuncios correspondientes.
También tendrán que hacer "esfuerzos razonables" para llevar a cabo comprobaciones aleatorias de información, según apunta la Eurocámara en un comunicado.
Las autoridades competentes pueden suspender los números de registro, pedir a las plataformas que eliminen anuncios ilegales o imponer sanciones a las plataformas o anfitriones que no cumplen las normas.
Además, las plataformas 'online' que ofrecen servicios de alquiler de corta duración tienen que cumplir con las obligaciones relativas a los procedimientos de registro y el intercambio de datos para las propiedades de su catálogo localizadas en áreas donde ese proceso es obligatorio.
Hasta el momento las plataformas no estaban obligadas a proporcionar datos sobre la actividad de los alojamientos ofertados lo que hacía difícil aplicar las reglas locales en cada caso.
Ahora se abre la puerta a que los Estados miembros impongan un el registro de las propiedades en renta a través de un procedimiento 'online' que las autoridades locales deberán ofrecer de manera "gratuita o a un coste proporcionado".
Cumplido este proceso, los anfitriones recibirán un número de registro que les permitirá alquilar su propiedad por lo que las autoridades conocerán la identidad de quien ofrece el alquiler y podrá verificar la información.
