VALÈNCIA. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud Computing (GCP) son, en este momento, los principales proveedores de infraestructura cloud en el mundo. Todas ellas son estadounidenses y, entre las tres, absorben entre un 60 y un 70% de la cuota del mercado a escala global.
No hablamos de un mercado pequeño, sino más bien gigantesco y en pleno desarrollo. Si en el año 2020, el tamaño del cloud representó 60 billones de dólares, el 2022 se cerrará con 500 billones, mientras que la previsión para 2024 es alcanzar los 1.500 billones de dólares.
Otro dato interesante, este procedente de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), es que solo un 15% de las pymes europeas -alrededor del 12% en España-han migrado a la computación en la nube. Sí lo han hecho los Gobiernos, las grandes corporaciones y las startups de perfil más tecnológico, pero recurriendo mayoritariamente a los proveedores de EE.UU. El resto de las empresas continúan con el modelo tradicional, el de on-premise, con toda la instalación informática, el mantenimiento y los servidores inhouse.
Todo esto significa varias cosas. La primera es que todavía queda mucho por hacer en un contexto donde el cloud se ha convertido en habilitador imprescindible para que se produzca el salto definitivo a la digitalización. En segundo lugar, que Europa tiene que ponerse las pilas y crear su propia infraestructura cloud si no quiere que EE.UU. le siga comiendo la tostada. De aquí que algunos países miembros de la Unión hayan incluido al cloud dentro de los sectores estratégicos, a la altura del energético o las telecomunicaciones.
Pero no es solo una cuestión de números y de mercado. David Amorín, CEO de Jotelulu, proveedor español de infraestructura cloud, identifica cuatro problemas que afectan a los países de la Unión Europea relacionados con esta industria.
El primero de ellos es la competencia desleal que ejercen empresas como Microsoft con prácticas monopolistas. Teniendo en cuenta que actualmente la inmensa mayoría de las empresas utilizan algún programa de Microsoft, como Windows u Office, algunos de sus clientes se han quejado de tener que pagar más cuando optan por un proveedor cloud que no sea Azure. Esto merma la competencia y limita la capacidad de elección en el mercado de servicios de computación en la nube.
Un segundo problema sería definir la estandarización o las reglas del juego de estas empresas en el territorio europeo. Establecer los protocolos de actuación compartido que facilite la portabilidad cuando se desea, muy complicada a día de hoy.
En tercer lugar habla Amorín de absoluta falta de transparencia. Tal vez sea este el problema que más afecte a la mayoría puesto que lo que está en juego es la privacidad de nuestros datos. Señala el CEO de Jotelulu que, tal y como están las cosas ahora, si un juez u otra autoridad estadounidense reclama información de cualquiera de sus clientes a alguno de sus tres grandes players proveedores de infraestructura en la nube, están en la obligación de facilitársela, independientemente de que ese cliente sea belga, español o asiático y sin que el propio interesado consienta ni tenga conocimiento de ello. Es, pues, una cuestión de soberanía y control de nuestros datos potestad que, a juicio de Amorín, “debería recaer sobre el dueño original del dato. Más en una economía en la que el valor del dato empieza a superar al del dinero”.
El cuarto y último problema está relacionado con facilitar la construcción de una infraestructura cloud propia en el territorio de la Unión Europea, la única manera de recuperar la independencia y hacer las cosas a nuestra manera. No habla tanto de subvenciones, como de facilitar el trabajo a las empresas proveedoras de infraestructura en la nube. Como aquel que dice, a éstas les toca levantar las aceras con pico y pala para luego meter la fibra, un proceso que resulta caro.
Para impulsar el desarrollo de estas empresas y facilitarles el trabajo surge Gaia-X, una iniciativa europea del sector privado para la creación de una infraestructura de datos abierta, federada e interoperable, constituida sobre los valores de soberanía digital y disponibilidad de los datos, y el fomento de la Economía del Dato. En definitiva, como decía el presidente de Comunidades de Castilla-la Mancha, García-Page, en la asamblea constituyente de Gaia-X España en Talavera de la Reina, “se trata de crear el Mercado Único del Dato en Europa para, a la postre, ser soberanos en esta materia”.
En el mismo acto, apuntaba la ministra de Economía, Nadia Calviño, que la gestión de datos supondrá el 4% del PIB en 2025 y podría emplear a 750.000 personas. Gaia-X, en cuyo proyecto participan más de 300 organizaciones, persigue crear un entorno comunitario en el que los datos se puedan almacenar, usar y compartir bajo el control de los usuarios propietarios, con objetivo de devolver la soberanía tecnológica a las empresas europeas.
En la misma línea se crea CISPE (Coalición Europea de Proveedores de Servicios de Infraestructura en la Nube) de la que, entre otras, forman parte las españolas Jotelulu o Gigas, pero también AWS. Se presentan como “la voz del servicio de infraestructura en la nube”, cuya misión es “proporcionar a los proveedores de servicios cloud europeos un código de conducta para la protección de datos y asegurar así el cumplimiento a la normativa vigente: El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)”.
La pertenencia a la coalición implica, entre otras cosas, garantizar que los clientes que quieran contratar sus servicios van a tener la certeza de que los datos almacenados o tratados por el proveedor “no van a ser accedidos ni revendidos a terceras empresas y que los repositorios de datos estarán siempre y exclusivamente en el Espacio protegido de la Unión Europea y bajo las regulaciones vigentes de la UE”.