Exdirectivo de Puertos dice al juez del 'caso Koldo' que cumplía órdenes del Ministerio al contratar la compra de mascarillas

Así lo han explicado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que han añadido que el ex alto cargo ha respondido como investigado a las preguntas tanto del fiscal como de su defensa.

Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Ismael Moreno, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.

De estos, un número importante se realizó desde Puertos del Estado --8 millones de mascarillas por 20 millones de euros-- y el fiscal ha querido saber por qué se optó por la empresa Soluciones de Gestión, del investigado Víctor de Aldama. Ante esto, Sánchez Manzanares ha comentado, según estas mismas fuentes, que la orden venía de sus superiores jerárquicos, aunque no ha citado en ningún momento el nombre del exministro Ábalos.

Además, ha añadido que él en el momento de optar por esa empresa mostró sus dudas sobre la capacidad de la misma para el encargo, aunque, según otras fuentes, habría añadido que en realidad por el momento de urgencia y por el tipo de contrato expresó dudas sobre todas las empresas con las que se contrataba.

Sobre la empresa que se contrató para distribuir esas mascarillas, Raminatrans S.L., Sánchez Manzanares ha indicado que fue sugerencia del expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo, dado que era una compañía de Castellón y que él la conocía de cuando estuvo allí destinado.

Koldo era un protagonista

Por otro lado, también se le ha preguntado por su relación con el ex asesor de Ábalos, Koldo García, y según las fuentes habría dicho que le conoció en esa época, que tuvo un papel importante en la gestión de esos contratos y que tenía protagonismo.

Sobre Aldama, Sánchez Manzanares ha indicado que desconocía qué papel tenía pero ha defendido que mantenía correos electrónicos con ambos porque eran personas implicadas en la gestión de la compra de mascarillas y entendía que tenía que reportarles también.

Según las fuentes consultadas por esta agencia de noticias, el fiscal del caso, Luis Pastor, ha centrado sus preguntas en el contenido del sumario del caso, pero también ha puesto sobre la mesa el informe de auditoría interna encargado por el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En esta causa, el juez investiga entre otros a Koldo García, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

En la declaración de este miércoles han estado presentes tanto las defensas de los investigados como las acusaciones populares, entre las que se encuentra 'Hazte Oir', el partido político Vox, Liberum o Iustitia Europa.

Vox: "hacían negocio"

La letrada de Vox, Marta Castro, en declaraciones a los medios, ha explicado al término de la comparecencia que el 'caso Koldo' es de relevancia pública porque mientras los españoles estaban confinados en sus casas por el coronavirus "en el Consejo de Ministros se hacía negocio".

"Unos hacían negocio patrimonial, otros sacaban rédito político y algunos las dos cosas", ha explicado, para incidir en que ahora con esta investigación se dilucidará el alcance y "en qué bolsillos acabó" el dinero que salió de todos los españoles.

Sobre la declaración de Sánchez Manzanares, si bien no ha dado detalle de la misma, entiende que de la misma queda acreditado que "recibió órdenes directas de parte de sus superiores jerárquicos, desde el propio Puertos del Estado y escalando hacia el ministro --Ábalos-- y el Consejo de Ministros".

La declaración ante la UCO

Sánchez Manzanares fue cesado en marzo por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, pero en febrero negó ante la Unidad Central Operativa (UCO) que hubiera sufrido presiones para adjudicar a Soluciones de Gestión el contrato para la compra de los 8 millones de mascarillas.

En esa declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, señaló que "solo existía en ese momento ese suministrador", que buscaron más pero "no había mercado" y que aunque no conocían a la empresa, se fiaron porque decía tener la posibilidad tanto de comprar como transportar el material sanitario.

Y manifestó que hicieron las comprobaciones básicas legales que exige el procedimiento de contratación de emergencia y Soluciones de Gestión "cumplía los requisitos".