Foto: Matias Chiofalo/EPVALÈNCIA (EP). La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI) ha manifestado su "completa y total oposición" a parte del contenido del Decreto nº 98/2022 de la Generalitat Valenciana que regula el Registro de Agentes Inmobiliarios, al considerarlo "discriminatorio".
En concreto, APEI cree que el carácter obligatorio que se pretende dar a este Registro "podría vulnerar la sentencia del Tribunal Constitucional nº 97/2018 que indica que no pueden existir registros obligatorios de agentes inmobiliarios", ha aseverado en un comunicado.
Además, la entidad ha afirmado que "se establece una enorme discriminación a favor del colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria, API, a los cuales se les permite el acceso directo al registro en detrimento de los otros múltiples intermediarios inmobiliarios de Valencia que no son APIS y que ejercen normalmente su profesión desde hace años". "Estamos ante una clara vulneración de los principios básicos de la libre competencia".
Asimismo, APEI ha apuntado que "esta reglamentación vulnera frontalmente lo dispuesto en la legislación estatal (Real Decreto Ley 4/2000) que proclama el libre ejercicio de la intermediación inmobiliaria en nuestro país"
Otro de los aspectos que para este colectivo profesional resulta "especialmente cuestionable" tiene que ver con los requisitos exigidos a los profesionales: "Si existe un dato que refleja a todas luces la posible ilicitud de esta norma es el hecho de que se obligue a todos los intermediarios inmobiliarios que ejercen habitualmente estas funciones en Valencia y que no son APIS ni "niversitarios a pasar, para poder continuar con su trabajo, por un curso de 200 horas lectivas. Si no lo hacen, simplemente, tendrán que dejar su profesión. Creemos que se vulneran los derechos adquiridos y que la medida puede perjudicar en gran medida a estos otros intermediarios".
APEI ha remarcado que existen otras comunidades autónomas que han creado registros de intermediarios, "la mayoría de ellos voluntarios" (Canarias, Navarra, Madrid). La entidad mantiene "que ni siquiera el régimen más restrictivo de todos, el único que establece un registro obligatorio, el que se sigue en la Comunidad Autónoma Catalana, ha llegado a impedir que los intermediarios que venían actuando como tales antes de su promulgación puedan seguir ejerciendo sus funciones".
