VALÈNCIA. Entre las múltiples actuaciones que el juez investiga en la nueva causa que afecta al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por, supuestamente, haber ocultado patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia del caso Naranjax se encuentra el uso de una mercantil que administró durante casi ocho años.
Se trata de Asdecas, una firma que funcionó entre octubre de 2007 y mayo de 2015 y cuyo objeto social era el de servicios de gestión administrativa y asesoramiento jurídico, fiscal, laboral, tributario, contable y urbanístico, siempre que no constituya actividad profesional. En este periodo de tiempo, sin embargo, no tuvo ningún ingreso externo relacionado con su actividad salvo uno: 58.920 euros provenientes de la cuenta del PP de Castellón a la que tenía acceso el propio Fabra.
Llama la atención del magistrado en su último auto -que ha venido publicando Valencia Plaza- que la mayor parte de las transferencias efectuadas desde las cuentas de Asdecas van a parar a otras tituladas por María Desamparados Fernández Blanes, en ese momento mujer del exdirigente popular. Los investigadores han averiguado que fueron de carácter mensual entre agosto de 2008 y abril de 2013 con, generalmente, el concepto "nómina". En total, ascendieron a los 134.622,19 euros. Para el juez, los movimientos tenían una apariencia de legitimidad pese a que la mercantil habría carecido de actividad real. Por lo tanto, considera que eran el pago de una falsa nómina.
Según el historial laboral de la Seguridad Social, únicamente figuran dados de alta como trabajadores de la mercantil dos personas, pero no la exmujer de Fabra. Pese a que las transferencias por "nómina" en su cuenta sumaron los mencionados 134.622,19 euros, un informe de la Agencia Tributaria todavía apunta a una cifra más alta por rendimientos de trabajo en Asdecas: 179.981 euros.
La Policía da respuesta al porqué. Al dinero que proviene de la mercantil se añaden 23.112 euros transferidos a Fabra y 23.000 retirados por éste en efectivo, lo que daría una cantidad de 180.735 euros, muy cercana a esos 179.981 declarados como rendimientos del trabajo por Asdecas respecto a su entonces mujer.
El juez concluye que la práctica totalidad de los fondos dados a la mercantil (el 99,71%) fueron aportaciones de efectivo de Carlos Fabra o de su entorno, operaciones desde cuentas bancarias personales tituladas por él o por su hijo, u operaciones desde la cuenta del PP de Castellón. Estas cantidades, indica, acabaron revirtiendo en el propio expresidente de la Diputación mediante transferencia o efectivo, justificándolos a efectos tributarios como supuestos rendimientos del trabajo de su exmujer.
Todos esos ingresos, a excepción de los que tienen origen en cuentas bancarias personales de su hijo, fueron, además, incluidos por Fabra como integrantes del crédito que él mismo concedió a Asdecas en 2014 ante notario a cambio de 380.601 participaciones valoradas en un euro cada una, íntegramente suscritas por él y tras una ampliación de capital acordada en el mismo acto.
"Por tanto, los fondos con origen en cuenta a nombre del PP de Castellón fueron computados" por el exdirigente popular "a la vez como fondos propios en la escritura pública citada, y como fondos con origen en tercero en la declaración de la mercantil Asdecas", sostiene el magistrado.
El auto también menciona el cobro de nóminas por parte de María Desamparados Fernández de otras dos firmas de su familia investigadas en la causa. De un lado, Carmacas, controlada por su hija Claudia Fabra Fernández y de la cual percibió 24.658 euros entre febrero de 2007 y julio de 2008, periodo en el que estaba dada de alta en la Seguridad Social.
De otro, 12.050 euros de Sipcas, controlada por su hijo. Preguntado al respecto en su declaración judicial, el propio Borja Fabra afirmó que cuando su madre fue a pedir la jubilación le faltaban unos meses, de modo que él la contrató en su empresa "para completar el tiempo que le faltaba para poder percibir luego la jubilación".
