VALÈNCIA (EP). Facua Comunitat Valenciana ha expresado su rechazo a que los usuarios deban solicitar en València los servicios de plataformas de VTC, como Uber y Cabify con al menos una hora de antelación, como ha planteado el concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento, Giuseppe Grezzi. Para la asociación, los usuarios "no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y vehículos con conductor".
Desde Facua advierten que, de aprobarse finalmente está ampliación del plazo en la capital valenciana, "se estaría restringiendo a los consumidores de forma injustificada el acceso a servicios de transporte con licencias VTC". Resulta "obvio", apuntan, que solo un reducido porcentaje de pasajeros conoce con exactitud con tanta antelación en qué momento necesitará un servicio de estas características.
Además, también critica que la Generalitat "deje en manos de los ayuntamientos la fijación del tiempo mínimo de contratación de VTC, provocando que los usuarios valencianos tengan que acogerse a un plazo u otro dependiendo de la ciudad donde se encuentren".
Así, medidas como la planteada por el consistorio valenciano "solo provocarían en los usuarios confusión y desprotección", en opinión de esta entidad.
"Los usuarios no merecen ser tratados como rehenes"
Facua insiste en reclamar a las administraciones que "dejen de obviar los intereses de los usuarios en la búsqueda de soluciones ante las reivindicaciones del sector del taxi".
La asociación de consumidores "se solidariza con los taxistas ante la feroz competencia que ha llegado a España y comparte con ellos la necesidad de establecer un marco regulatorio que garantice la protección de la parte más débil del mercado frente a grandes empresas multinacionales", pero recuerda que "dentro de la parte más débil están los consumidores, que no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y VTC".
La asociación señala que tanto la regulación del taxi como la de los vehículos con licencias VTC y la de las respectivas plataformas que actúan de intermediarias debe garantizar un marco de derechos de los pasajeros que en la actualidad resulta claramente insuficiente.
Por ello, insta al Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos a que "asuman la necesidad de tener en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los intereses de los consumidores en el diálogo abierto sobre el marco regulatorio de las VTC y en la necesaria actualización de las normas autonómicas y locales relativas al sector del taxi".
