Foto: ALBERTO ORTEGAVALÈNCIA. (EP) La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este lunes un informe sobre la reforma de las administraciones públicas en el que recomienda revisar la estructura salarial y ofrecer una carrera profesional que resulte atractiva para atraer trabajadores a las administraciones públicas.
En el caso de la elección de los consejeros de las empresas públicas, la Fundación aboga por los "mecanismo transparentes y objetivos", basados en criterios de mérito, conocimiento del sector y capacidad de gestión.
El informe de Fedea, que indica que la modernización de las Administración Pública requiere una mejor aplicación de la normativa ya existente más que una modificación total de sus leyes y funcionamientos, apunta, en primer lugar, a la gestión de los recursos humanos, debido al "elevado grado de envejecimiento de las administraciones públicas españolas".
Las estimaciones prevén que en la próxima década se jubile un tercio de los empleados públicos, lo que obliga a contar con un "plan estratégico de renovación de recursos humanos", que atienda tanto al personal como a las necesidades técnicas y digitales.
Como parte de la modernización de la Administración, el informe, coordinado por el economista Alfonso Novales, destaca que la digitalización resulta "necesaria" para mejora la calidad de la atención y de su funcionamiento. No obstante, desde Fedea advierten de que la digitalización por sí sola no garantiza mejores servicios y subraya la importancia de evitar el riesgo de exclusión de la población.
El informe también alude a la necesidad de cambiar el sistema concesional para mejorar el reparto de riesgos entre el sector público y el sector privado. Asimismo, incide en la transparencia y la participación de los ciudadanos a través del acceso a documentos e información pública.
Entre sus sugerencias, Fedea propone un modelo "basado en controles aleatorios" de la actividad económica-financiera de las administraciones públicas españoles, ya que el actual sistema de control se utiliza para "detectar e impedir el uso indebido de los recursos públicos, más que para evaluar y asegurar la calidad de los servicios o la eficacia y eficiencia de las actuaciones públicas".
La modernización de las Administraciones Públicas se enmarca dentro del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
