Feria Valencia: otro despilfarro que no es delito

En los últimos días Valencia Plaza ha desvelado algunas de las conclusiones del informe pericial sobre la ampliación de Feria Valencia, una obra de 325 millones que acabó costando 587. La factura la estamos pagando todos los valencianos porque la Generalitat avaló y subvencionó el (sobre)coste de los pabellones soñados por Rita Barberá, la gran valedora de esa ampliación como presidenta del patronato de la institución ferial.

El análisis, realizado por la Intervención de la Generalitat por encargo de la Fiscalía Anticorrupción, acredita lo que ya intuíamos, que en Feria Valencia se pagaron sobrecostes millonarios porque la obra principal se adjudicó por un importe un 26,8% superior al presupuesto de licitación; porque durante las obras se aprobaron decenas de modificaciones de contrato; y porque gran parte de los elementos de la obra se acabaron facturando por mucho más dinero del que las constructoras reflejaron en el proyecto inicial. Como muestra, basta destacar los 47,5 millones en sobrecostes injustificados abonados a la UTE que ejecutó el principal contrato para la obra civil o los 17 millones que Feria Valencia les perdonó a las constructoras al pagar directamente la redacción de unos proyectos que debían abonar las empresas.

Pese a ello, dos años después de iniciar las pesquisas, la Fiscalía no ha considerado necesario trasladar el asunto al juzgado para que investigue si ese dinero acabó donde no debía o si el lujoso mobiliario con precios hinchados ha ido a parar a casa de alguno de los exdirectivos del recinto. El Ministerio Público no ve indicios de actuación delictiva, pero no ha detallado los argumentos que sustentan su conclusión. La idea que subyace en el archivo ya nos resulta familiar por casos anteriores que directa o indirectamente acabaremos pagando entre todos: el despilfarro no es delito.

Porque lo que acredita el informe pericial es que el derroche existió. La intervención ya alertó en un primer informe en 2014 de sobrecostes de hasta el 86% en las obras. Ese trabajo, encargado por el entonces conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se realizó sobre una muestra del 2% de las facturas. Lo relevante del último informe, en el que los interventores han analizado todas las facturas y certificaciones por orden de la Fiscalía Anticorrupción, es que el despilfarro sigue ahí. Y con cifras concretas, sin necesidad de extrapolaciones.

¿Porque qué es sino despilfarro que una jardinera prefabricada de hormigón incluida por 4.800 euros en el proyecto aprobado se acabase facturando por 79.000 sin justificación alguna? ¿O que en la segunda fase de la ampliación haya unidades de obra facturadas por siete veces más que idénticas piezas utilizadas en la fase anterior?

Puede que el dispendio no iguale el obsceno calibre de los de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero nadie puede rebatir que algunos vicios se repiten. Según el informe pericial, la consultora Áreas, Ingeniería y Arquitectura, del arquitecto José María Tomás, ingresó 58 millones de euros por la redacción de los proyectos y la dirección de obra. Feria Valencia pagó por los primeros más de 17 millones que se podría haber ahorrado, mientras que las constructoras abonaron directamente al estudio el grueso de sus honorarios por dirección de obra. Esto es, las empresas que sobre la marcha presentaban modificaciones de contrato, que en varios casos superan el millón de euros, pagaban el salario de quien debía dar el visto bueno a esos cambios.

El control económico de las obras subvencionadas por la Generalitat era “inexistente”, tal y como certifican los interventores en una conclusión de aplastante sentido común: "Es difícil mantener la exigencia y el control de calidad y de ejecución sobre una empresa contratista que, a su vez, es la responsable de abonar los honorarios de la dirección de obra”. Pues eso.

La solución que viene: borrar la deuda

Ante ello, el informe cuestiona que un plan gestionado con semejantes carencias merezca una subvención pública, por lo que insta a la administración a reclamar a Feria Valencia que devuelva el dinero. La conclusión, impecable desde el punto de vista técnico, implicaría la quiebra inmediata de la institución, una alternativa poco deseable por la mayoría y menos en el año de su centenario.

Aquí es donde entra el plan ideado por el Consell del Botànic para resolver el nudo gordiano de Feria Valencia, una de tantas “ruinas en diferido” que como no se cansa de repetir Mónica Oltra les ha dejado el PP.

El Consell, tal y como explicamos, legislará para que no haya dudas de que la Generalitat renunciará a su derecho de devolución y cargará con los casi 600 millones de deuda de la Feria. La solución consiste en aprobar un decreto de asunción de deuda que ya va con retraso respecto a los plazos prometidos. En la Conselleria de Economía Sostenible, la misma en la que se pasaron meses para enterarse dónde estaban hasta que vinieron a resolverles el problema de Feria Valencia, no se pierde ocasión para poner en duda esa solución, pero sin aportar alternativas.

La complejidad de la situación se evidencia en el hecho de que la Conselleria de Hacienda, a través del IVF, haya tenido que pedir asistencia jurídica externa para encajar una compleja ecuación: la Generalitat se come la deuda, el negocio ferial lo explota una empresa de mayoría privada y el Ayuntamiento, cuando acabe la concesión, recupera el solar y se queda con unos pabellones pagados por otros.

Así pues, con la investigación de las eventuales responsabilidades penales en vía muerta y el complicado plan financiero para borrar la deuda de Feria Valencia atascado antes de arrancar, la comisión de investigación de Les Corts sobre la ampliación adquiere más sentido que nunca. Esperamos que el trabajo de nuestros diputados esté a la altura.