Feria Valencia provisiona un millón de euros por el ERE de 2011 anulado en los tribunales

VALÈNCIA. Feria Valencia se prepara para las posibles consecuencias económicas tras la anulación del ERE que ejecutó en 2011. Para ello, los actuales gestores de la institución han incluido una provisión de cerca de un millón de euros en las cuentas definitivas del ejercicio 2016 aprobadas esta semana con el resultado bruto de explotación 872.000, el primero positivo de los últimos diez años.

Según explican fuentes de la institución, la dotación se realiza atendiendo al criterio de prudencia contable a la espera de que se resuelva el recurso planteado por Feria Valencia ante el Tribunal Supremo. El ERE anulado, ejecutado por los anteriores responsables del recinto, afectó a un tercio de su plantilla.

En el peor de los escenarios, los actuales gestores calculan que el coste que podría tener la anulación si no prospera el recurso supera los 5 millones de euros. El coste definitivo, no obstante, dependerá de si los afectados solicitan la readmisión en el caso de que la sentencia se haga firme.

El TSJ de la Comunitat anuló el ERE el pasado mes de noviembre al estimar que hubo fraude de ley. Ese proceso, en el que Feria Valencia pagó 7 millones en indemnizaciones, implicó la salida de 106 personas. De ellos, 34 ya están jubilados.

El tribunal estimó los recursos interpuestos por los empleados despedidos contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, de 24 de enero de 2011, por la que se autorizaba a la Feria a extinguir las relaciones laborales de hasta un máximo de 106 trabajadores.

Entre los motivos para aceptarlo, el TSJ señaló que no existió una comunicación fehaciente de la empresa a los trabajadores de la intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo; tampoco se comunicó a la Autoridad Laboral el inicio del periodo de consultas ni a la entidad gestora de prestaciones por desempleo.

Además, no se consignaron en actas parciales las reuniones negociadoras ni se levantó el acta final en los términos reglamentariamente exigidos, por lo que no había constancia alguna de ellas.

El tribunal indicó que el periodo de consultas, que duró un día, fue un trámite con contenido nulo y dotado de una realidad "inexistente". La simultaneidad en la apertura de la iniciación y fin del periodo de consultas determinó la imposibilidad material de que el Informe de la Inspección de Trabajo se encontrase en el expediente en el momento previsto legal y reglamentariamente.