CASTELLÓ. (EP). El presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, deberá declarar de nuevo en la causa abierta al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por supuestamente ocultar su patrimonio para impedir la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Audiencia de Castellón revocó parcialmente el auto de Procedimiento Abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón en la causa relativa al patrimonio de Carlos Fabra, exclusivamente en relación a Fernando Roig, su hijo y otro empresario, al entender que no habían sido informados suficientemente de los derechos que les asistían cuando prestaron declaración como investigados.
El juzgado ha vuelto a practicar las declaraciones como investigados de dos de ellos y hará lo propio con el presidente de Pamesa en breve. Después de ello, el Juzgado deberá dictar una nueva resolución. El Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló abrió en junio del pasado año juicio oral al expresidente de la Diputación y del PP de esta provincia Carlos Fabra y a los otros nueve acusados en el marco del procedimiento penal sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del político.
El auto señalaba a la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho. El magistrado decretó también la apertura de juicio oral para seis mercantiles como personas jurídicas.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada solicita 12 años de prisión para Fabra, al que acusa de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y delito continuado de cohecho. Además, el ministerio público pide para el exdirigente del PP multas que suman más de tres millones de euros, así como la suspensión para empleo o cargo público por el mismo periodo.
