Fiscales instan en València a "superar las barreras de la infradenuncia" en los delitos de odio

VALÈNCIA (EP). El fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, y la fiscal delegada de la sección de delitos de Odio y Contra la Discriminación de Valencia, Susana Gisbert, han reclamado recursos para atender a víctimas de delitos de odio y ha advertido de que está "en juego la convivencia" y "en peligro la calidad de nuestro sistema democrático", situación ante la que han reclamado "músculo" a los poderes públicos para poder dar una respuesta "profesionalizada".

Además, durante una ponencia este jueves en València con motivo del segundo aniversario de apertura de la Oficina de No Discriminación de València, han instado a "superar las barreras de la infradenuncia" y han insistido en reclamar más medios para hacer frente al aumento de las demandas por delitos de odio.

Por un lado, Aguilar ha abordado el papel "importante" de los poderes públicos a la hora de "empoderar" a las víctimas. "Aquí tenemos responsabilidad todos, tanto el judicial, el ejecutivo y el legislativo", ha aseverado. En este punto, como representante del primero, ha reclamado recursos para poder atender a las víctimas y ha considerado que no es "de recibo" que estas reciban una respuesta "al cabo de cinco o seis años" de haber interpuesto la denuncia.

También ha subrayado la labor de la administración local al ser "el primer contacto" con las víctimas, por lo que ha incidido en la importancia de la especialización, y ha valorado el papel "fundamental" de las ONG como "antena y termómetro social", al trabajar con víctimas "muy frágiles", por lo que ha reivindicado que reciban "la importancia institucional que corresponde".

"Infradenuncia" e "infradetección"

El fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio ha reconocido el problema de la "infradenuncia" e "infradetección": "Se denuncia pero, por falta de formación o especialización, no se detecta, queda camuflada y, a veces, se minimiza". Ante esta situación, ha expuesto un plan de actuación y ha insistido en la necesidad de "visibilizar lo que hay detrás" del concepto de delito de odio. "Las cosas hay que llamarlas por su nombre", ha recalcado.

Miguel Ángel Aguilar ha advertido del riesgo de "banalizar y edulcorar unos hechos que son graves" al no hacer uso de este concepto, del que hablan "todos los organismos a nivel mundial de manera unánime", ha remarcado. "Antes, en España éramos ha excepción ibérica", ha lamentado.

En este sentido, ha avisado de la gravedad de los delitos de odio y ha pedido "no ver solo la clave individual": "Cuando una mujer musulmana está esperando el bus, alguien le escupe y le dice 'mora de mierda, vete a tu país', además de la dignidad y los derechos fundamentales de la persona, está infundiendo miedo y zozobra en el colectivo al que pertenece". También ha mencionado el caso de los menores no acompañados, a los que se "criminaliza" desde "sentimientos de odio, hostilidad y rechazo". "Una auténtica barbaridad", ha censurado.

"Basura tóxica"

Respecto al perfil de los autores de estos delitos, ha especificado que la "mayor parte" son "personas normales" y no "extremistas", y actúan "por prejuicios" e "intoxicados de barbaridades que se difunden en las redes sociales", contenido que ha calificado de "basura tóxica".

Por otro lado, sobre las denuncias, ha considerado "erróneo" pensar que se interponga de manera "inmediata": "Una víctima a veces tarda en denunciar, porque primero tiene que aceptar lo que le ha pasado". No obstante, ha subrayado que el hecho de que haya "pasado tiempo" desde los hechos denunciados no tiene que ser un factor para "restar credibilidad" a los mismos.

En esta línea, ha incidido en las necesidades especiales de protección a las víctimas, que durante "mucho tiempo no han estado en la agenda de los poderes públicos", ha lamentado. Pese a ello, ha valorado que en la actualidad existe un mayor "despliegue normativo" en España en comparación con el resto de países de Europa. "Tenemos muy buenas leyes pero hay que implementarlas de manera coordinada", ha apuntado.

Además, ha reconocido el "desafío" actual de dotar a las instituciones judiciales de los recursos y protocolos necesarios y de potenciar buenas prácticas para "superar las barreras existentes" y aumentar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. "No podemos ser ciegos ni sordos", ha afirmado.

Finalmente, ha reclamado un pacto de Estado para reformar la ley de Extranjería con medidas que "protejan" a personas en situación irregular que hayan sufrido estos delitos. "Esto no va de colores políticos (...), nos afecta a todos", ha zanjado.

Al margen de ello, al inicio de su intervención, ha reconocido que este jueves no es "un día fácil" para la Fiscalía General del Estado, después de que el Tribunal Supremo haya acordado imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No estamos solo para acusar"

Por su parte, la fiscal delegada de la sección de delitos de Odio y Contra la Discriminación de Valencia, Susana Gisbert, ha defendido que la Fiscalía está "al servicio de la sociedad" y no "en una torre de marfil solo para acusar". "No cumplimos clichés que determinados medios se empecinan en decir de que somos el brazo ejecutor del Gobierno", ha recalcado.

Gisbert ha apostado por transmitir a la sociedad la idea del Ministerio Fiscal como un "servicio público garante de los derechos de las personas vulnerables", para lo que ha instado a "superar las barreras de la infradenuncia" en los delitos de odio. "Que aumenten las denuncias es una buena noticia, no se puede interpretar de una manera rápida y decir que es mala, porque quiere decir que, donde antes no se denunciaba, ahora sí", ha reflexionado.

En esta línea, ha resaltado que en la Comunitat Valenciana se está "consiguiendo" avanzar en materia de delitos de odio y ha abogado por "sacar pecho" de sentencias y condenas que se han convertido en "hitos muy importantes" como las de las agresiones del 9 d'Octubre de 2017, la de los insultos al futbolista Vinicius o la del responsable de redes sociales de España 2000.

Gisbert ha subrayado la importancia de la labor de los municipios o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra los delitos de odio. Para la fiscal, "otra de las patas" es la formación a funcionarios municipales, para que "sepan distinguir y diagnosticar si se puede haber cometido un delito de odio o discriminación, y actuar y no ser cómplices de una burocracia que hace que las víctimas no sigan adelante" con las denuncias.

Al respecto, ha considerado "muy importante" la atención directa porque, a su juicio, "no hay nada mejor que hablar en persona, por teléfono o por correo". "Hay que tener una vía de comunicación siempre disponible, algo que aquí en Valencia estamos consiguiendo", ha celebrado.

"Falta de diagnóstico"

Susana Gisbert ha asegurado que los dos "problemas fundamentales" son la "infradenuncia" y la "falta de diagnóstico". Sobre la primera, ha especificado que afecta a las víctimas y ha instado a ofrecer las condiciones idóneas para que estas "se animen a denunciar". Sin embargo, sobre la segunda, ha advertido de la necesidad de saber "cómo diagnosticar el problema".

En situaciones "urgentes", ha recomendado "denunciar inmediatamente" en el juzgado de guardia, pero, en casos que no requieran "atención inmediata", ha llamado a denunciar en Fiscalía para que "desde el principio" el Ministerio Fiscal esté "metido en el procedimiento y no tengamos que ir a buscarlo". "Nos facilita mucho las cosas", ha valorado.