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denuncia presentada por renovació política

Fiscalía abre diligencias para investigar los contratos del Ayuntamiento para celebrar Nochevieja

11/03/2016 - 

VALENCIA (EP). La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias y ha designado fiscal instructor para investigar los contratos del Ayuntamiento de la capital valenciana para organizar la fiesta de Nochevieja a raíz de una denuncia presentada por Renovació Política.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el pasado 9 de febrero presentó una denuncia por la "partición" en "pequeños contratos" para la organización de la fiesta de Fin de Año en la Plaza del Ayuntamiento.

En la denuncia aludía a los "comportamientos" del grupo Compromís en el consistorio, al alcalde Joan Ribó y al concejal de Fiestas, Pere Fuset, así como "todos los responsables de la organización y contartación de los actos festivos organizados en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia con motivo de la Nochevieja" supuestamente "con empresas de candidatos y parientes de la formación política Compromís" y que pudieran haber incurrido presumiblemente en fraude de ley.

Según Renovació Política, en la fiesta se hicieron diferentes contratos para "dj, equipos de sonido, limpieza, seguridad privada  y otros" y "no se expuso a licitación pública el acto en su totalidad, al ser todos ellos de una cuantía inferior 18.000 euros, a partir de la cual es necesaria la licitación pública". Sin embargo, apunta que el coste total fue de 30.000 euros.

Renovació Política ha criticado que "en los 10 meses que lleva al frente del ayuntamiento, Ribó bate todo los récords y ya tiene abiertas dos causas por un uso presuntamente indebido del dinero público, siendo este dinero publico utilizado presuntamente para beneficiar a afiliados y simpatizantes de Compromís". La organización ha pedido a Ribó "por coherencia y por honestidad democrática" que presente su dimisión.

La celebración de la fiesta de Nochevieja también supuso críticas por el PP, que aseguró que se habían cometido "irregualridades". Fuset defendió la legalidad de los contratos y la fiscalización por parte del consistorio, también en el caso de los menores.

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