Fiscalía alertó sobre el centro de Monteolivete en 2008 y 2011

VALÈNCIA. La Fiscalía de Menores de Valencia alertó sobre la necesidad de "desmasificar" el centro de recepción de menores de Monteolivete en 2008 y 2011, durante la etapa del Gobierno del PP, en la que este centro llegó a acoger a 120 menores, cuando su capacidad es para 54.

Así lo ha afirmado la vicepresidenta del Consell y consellera Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien se ha preguntado "qué ha hecho el PP" en los veinte años que ha estado gobernando en la Comunitat Valenciana, y ha pedido "prudencia" a este partido ante sus críticas.

Oltra ha afirmado que el acta de inspección que hizo la Fiscalía sobre este centro en abril de 2016 la recibieron "de manera informal" en enero de este año, cuando la decisión de cerrar el centro y trasladar a los 41 menores que residen en él estaba ya tomada, y se materializará una vez finalice el curso escolar.

Ha defendido las actuaciones realizadas por el Consell tanto en este centro como en el de Segorbe, del que se ha traslado a 18 menores tras un informe de un inspector público que advertía de "indicios de maltrato" y "conductas inadecuadas", pues, según ha dicho, es obligación de la Generalitat defender a estos niños.

Ha explicado que el caso de Monteolivete estalló en septiembre de 2016, cuando se denunciaron abusos sexuales a unas menores por parte de otros, y desde entonces se han mantenido reuniones periódicas con la Fiscalía, la dirección del centro, la Delegación del Gobierno, la Policía y la Agencia Valenciana de Seguridad.

Desde septiembre, ha dicho Oltra, se trabaja con la idea de trasladar a los menores de Monteolivete, pero ha afirmado que el centro de Llíria no estará acabado hasta el segundo semestre de 2018 y la propuesta de habilitar un centro en L'Eliana ha sido "imposible" por la oposición vecinal.

Finalmente, los menores serán trasladados al centro de Buñol una vez finalicen el curso escolar, y la obras para acondicionar el centro de Monteolivete no se retomarán hasta decidir qué uso se le da a estas instalaciones, que no se consideran adecuadas como centro de recepción de menores por "problemas sociales añadidos".

Oltra ha respondido a quienes preguntan qué ha hecho el Consell en estos dos años que han reducido a la mitad el número de menores de este centro y han estado trabajando para poder trasladar a estos niños, la mayoría de los cuales son "menores no acompañados" y no pueden ser ubicados en centros de protección.

Además, ha asegurado que cuando "estalla el problema" en septiembre de 2016, ella mima informó a todos los portavoces de la comisión de Política Social de Les Corts, incluido el popular Juan José Zaplana, y ha asegurado que la Conselleria ha trabajado desde el minuto uno para dar una solución al problema.

"Mientras yo esté aquí estos niños tendrán voz", ha advertido la titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, quien ha afirmado que le da igual con quién tenga que toparse y que venga "el PP, las congregaciones o el sursum corda" porque esos menores tendrán "una defensa que es la Generalitat".

Sobre el acta de inspección de la Fiscalía, ha afirmado que no tienen constancia oficial de su recepción en la Conselleria, y que se les trasladó de "manera informal en enero de 2017", por lo que están averiguando la causa de ese retraso en su recepción.

Sobre el centro de Segorbe, ha insistido que han hecho lo que hubiera hecho "cualquier padre" que viera que en el comedor a sus hijos les dan comida caducada o apunto de caducar o que les dan duchas de agua fría en el colegio, que es "sacar a los niños de ahí".

"No hemos cerrado ningún centro", ha afirmado Oltra, quien ha negado que haya ninguna conspiración contra nadie y ha asegurado que si no hubiera hecho nada en este caso, "le hubiera caído" improperios por parte de los mismos que la critican ahora.

Sobre la renuncia de la secretaria territorial de Alicante Rosa Aragonés, Oltra ha elogiado su "inmaculada" profesionalidad en estos dos años, y ha indicado que aunque fue un cargo público del anterior gobierno del PP, le pidió que se replanteara su marcha por considerar que era una buena profesional que tenía su confianza.

La vicepresidenta ha dicho que no tienen constancia de ningún otro centro con problemas, y aunque ha reconocido retrasos en los pagos a los centros de menores y asistenciales, también ha apuntado que en el caso de Emaús hoy se ha autorizado el pago de febrero y marzo.

En este sentido, ha señalado que si los trabajadores llevan siete meses sin cobrar "no es achacable a la Generalitat", sino al agujero de 23 millones que tiene la empresa.