MADRID (EP). El juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) se retoma este lunes con las conclusiones finales de la Fiscalía Anticorrupción, que podría ampliar su acusación y añadir el delito de falsedad contable.
De las 34 personas que se sientan en el banquillo, la Fiscalía solo acusó en un principio por estafa a inversores al expresidente Rodrigo Rato, para el que pidió una pena de cinco años, y a tres altos directivos: José Luis Olivas, José Manuel Fernandez Norniella y Francisco Verdú Pons, reclamando condenas de cuatro, tres y dos años y siete meses de prisión, respectivamente.
Sin embargo, la fiscal Carmen Launa advirtió durante el periodo de cuestiones previas de la posibilidad de endurecer su acusación definitiva e incluir el delito de falsedad contable en el tramo final del procedimiento, que arranca esta semana.
El juicio oral arrancó el pasado 26 de noviembre. Tras algunas interrupciones motivadas por una baja por enfermedad de la fiscal, a lo largo de estos ocho meses se han celebrado un total de 58 sesiones, durante las que han declarado los 34 acusados, entre ellos las personas jurídicas Bankia, BFA y Deloitte, 57 testigos y una veintena de peritos.
Durante su paso por el banquillo, la excúpula de la entidad aludió en reiteradas ocasiones a la responsabilidad del Banco de España. Rato aseguró que la fusión de las siete cajas que dio lugar al grupo BFA-Bankia se acometió por petición del supervisor y Olivas llegó a decir que se opuso a la integración de Bancaja en el Sistema Institucional de Protección (SIP), pero que el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez insistió e "hizo las gestiones oportunas para que el consejo aprobara la decisión por unanimidad".
El expresidente de Bankia también sostuvo que la salida a Bolsa del banco fue una decisión legal de la que era partidario el supervisor, que además "no puso ningún reparo" a las cuentas formuladas en 2011, sobre las que versó la salida a Bolsa.
En la misma línea, Olivas aseguró que había 13 inspectores del Banco de España en estrecho contacto día a día con Bankia, por lo que "era difícil" que la cúpula de la entidad tuviese información que el Banco de España desconociera.
Por su parte, varios exconsejeros recalcaron que nada les hizo suponer que las cuentas de la entidad referidas al ejercicio 2011 no reflejaban su imagen fiel y que el secretario de Bankia, Miguel Crespo, les envió una carta explicando los motivos de haber enviado las cuentas a la CNMV sin el correspondiente informe de auditoría.
De su lado, el auditor defendió en todo momento que no realizó ningún borrador de auditoría ni firmó las cuentas debido a que desde la entidad no le facilitaron toda la documentación necesaria.
En el periodo testifical llamaron la atención las declaraciones de varios inspectores del Banco de España, que aseguraron haberse mostrado críticos en su momento con la estructura de doble banco de BFA-Bankia y haber tenido dudas sobre la viabilidad de la entidad, aunque nunca las expresaron en sus informes de seguimiento.
De hecho, el inspector José Antonio Casaus Lara llegó a reconocer que en su informe de 31 de marzo de 2011 añadió un párrafo a posteriori donde aseguraba que la entidad contaba con provisiones suficientes para los próximos dos años, a pesar de que realmente pensaba que la entidad requería de unos 8.000 millones más de provisiones, y que finalmente avaló los saneamientos "por falta de coraje", si bien en la sesión posterior matizó dicha declaración y negó presiones dentro del organismo supervisor.
La fase pericial del juicio comenzó el 17 de junio y se prolongó hasta el pasado día 10 de julio. Los peritos de las defensas que pasaron por la sala fueron Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras (Fiscalía); Juan Zorzona, Miguel Ángel Tapia y Juan Manuel García Lara (Rodrigo Rato); Rubén Manso, Leandro Cañibano, Miguel Ángel Berzal, Santiago Carbó, Francisco Rodriguez y Germán López Espinosa (Bankia y BFA)y Manuel García Ayuso, José Antonio Lainez y Juan Monterrey (Deloitte).
Así, a lo largo de nueve sesiones el careo se dividió en tres bloques: uno sobre la situación previa de las cajas de ahorros y la formación del SIP, otro sobre salida a Bolsa y un tercero acerca de la formulación y reformulación de las cuentas de 2011.
En las dos sesiones posteriores intervinieron los peritos individuales propuestos por las defensas de la exconsejera Araceli Mora, Deloitte y Olivas, y, finalizadas las periciales, se llevó a cabo la fase de prueba documental, en la que acusaciones y defensas dieron por reproducidas todas las pruebas aportadas al proceso.
Los peritos judiciales sostuvieron que las cuentas de Bankia, desde el momento de su creación hasta su rescate, no reflejaron su imagen fiel, reiterando que la entidad arrastró "insuficiencias" desde la misma constitución del SIP y asegurando que existía información a 31 de diciembre de 2010 para registrar determinadas provisiones que se imputaron contra reservas, y no contra resultados.
Asimismo, los peritos de la Fiscalía cuestionaron el elevado descuento del 75% con el que Bankia salió a Bolsa en julio de 2011 y el "nulo" apetito inversor de los inversores institucionales, que presentaban órdenes de compra no vinculantes.
Respecto a la reformulación, Busquets y Sánchez recordaron que, cuando en 2012 llegó el equipo de José Ignacio Goirigolzarri a Bankia y reformuló las cuentas de 2011, BFA también llevó a cabo ajustes y afloró un deterioro sobre su balance, lo que respondía, en su opinión, a una forma de reconocer el efecto del descuento de Bankia en BFA. En definitiva, aseguraron que la reformulación se llevó a cabo porque había "millones de errores contables" no reconocidos que venían de tiempo atrás.
De su lado, los peritos contratados por las partes realizaron una lectura de la documentación contraria a la llevada a cabo por los judiciales, a quienes acusaron de realizar su análisis con sesgo retrospectivo, con una "visión distinta a la del resto del mundo" y con una lectura "parcial y a su conveniencia" de las normativas nacionales e internacionales.
Los peritos de las defensas concluyeron que tanto las cajas que formaron el SIP como BFA cumplieron la normativa contable y contaron con el visto bueno del Banco de España para cargar los ajustes a valor razonable de la combinación de negocios contra reservas, debido a que la figura del SIP era nueva en el sistema financiero español y que, por tanto, no existía una normativa que la contemplase en profundidad.
Asimismo, todos los peritos de las defensas coincidieron en que tanto las cuentas de Bankia y de BFA de 2011, formuladas y reformuladas, reflejaron la imagen fiel de la entidad en el momento en que se formularon y con la información que había disponible entonces.
