Fiscalía pide cinco años de cárcel para el expresidente del Puerto de Valencia Rafael Aznar por el cobro de sobresueldos

VALENCIA, (EP). La Fiscalía de Valencia solicita una pena de cinco años de prisión y 19 de inhabilitación para empleo o cargo público para el expresidente del Puerto de Valencia Rafael Aznar por el cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI) hasta 2011, algo prohibido por ley. En concreto, le atribuye delitos de prevaricación administrativa y malversación continuada de caudales públicos.

Así mismo, el ministerio público reclama la misma pena para los otros tres acusados en esta causa: dos exdirectivos del Puerto y el abogado del Estado Fernando Llopis. Les atribuye los mismos delitos pero en calidad de cooperadores necesarios. A todos ellos solicita también que paguen las costas y devuelvan las cantidades cobradas de forma irregular por estos sobresueldos.

El fiscal encargado de este procedimiento ha presentado su escrito de acusación después de que el pasado mes de noviembre el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia diera por finalizada la instrucción de esta pieza y dictase un auto de procedimiento abreviado.

Frente a esta resolución judicial, todos los acusados presentaron un recurso para que la Audiencia de Valencia decidiera sobre los hechos y la petición de sobreseimientos. Este tipo de recursos no paraliza la presentación de escritos de acusaciones y defensas, con lo que el fiscal ha aprovechado para interponer el suyo en el plazo que se le ha otorgado.

Así mismo, y hasta que se pronuncie la Audiencia, el juez ha comenzado a citar a los acusados para comunicarles el auto de apertura de juicio y otorgarles un plazo de 10 días para que presenten sus escritos de defensa. El primero en acudir al órgano judicial ha sido Rafael Aznar, quien compareció la pasada semana, han explicado las mismas fuentes.

El juez entendía que Aznar  y los otros tres acusados podían haber cometido malversación por el cobro de sobresueldos sin justificar y por trabajos no realizados, según constaba en la resolución que dictó en noviembre.

Así mismo, atribuía a Aznar y a otro exdirectivo un presunto delito de prevaricación por tres contrataciones con una empresa de seguridad y otras dos de asesoramiento al estimar que no se cumplió la Ley de Contratación.

Rafael Aznar, denunciado en julio de 2013, siempre ha defendido la legalidad de sus actuaciones en el organismo y ha asegurado en diferentes ocasiones que todas ellas han estado aprobadas y refrendadas tanto por el Consejo de Administración como por el Tribunal de Cuentas y Puertos del Estado.

 También ha llegado a expresar su "absoluta tranquilidad" porque llevaban "mucho tiempo" en la gestión de lo público. "Comprendo que de vez en cuando haya algún viento, pero ante los vientos lo que hay que tener es firmeza en los cimientos", dijo en una comparecencia pública.

Denuncia de la fiscalía

La Fiscalía exponía en su denuncia del pasado año 2013, entre otras cuestiones, que tanto Aznar como otros dos ex altos cargos del Puerto recibieron por sus trabajos en VPI 77.000 euros cuando, según la ley, no podían haber cobrado nada porque no podían tener dos sueldos públicos. Los directivos habrían devuelto parte de las cantidades cobradas cuando se les advirtió de que era irregular.

Durante la instrucción de esta pieza también se incorporó un informe de la Intervención del Estado que contemplaba sueldos de 120.000 euros sin justificar en la Fundación ValenciaPort.

En este informe se aludía, por otro lado, a los gastos en viajes y restauración, y se señalaba que los trabajadores de la sociedad gastaron 289.078,28 euros. Del total, 24.999,59 se destinaron a gastos por restauración; 30.552,15 a gastos por estancia en hoteles; 3.575,83 euros por gastos de transporte; y 229.950,71 en gastos gestionados por agencias de viajes.

En este procedimiento continúa en instrucción la segunda pieza del Puerto de Valencia, relativa a gastos de personal de la entidad portuaria, adaptación de los accesos para la F-1, alquiler de la Fundación Valencia Port (FVP) y la rescisión de Sagunt Bulk Terminal, unos hechos denunciados por Compromís.