Fiscalía pide cuatro años de cárcel para tres exresponsables de Aidico por gastar en otros fines 6 millones de una ayuda

VALÈNCIA (EP). La Fiscalía de Valencia pide cuatro años de cárcel para tres exdirectivos de Aidico: el que fuera presidente del consejo rector de 2000 a 2013, Juan Eloy Durá; el vicepresidente segundo de 1996 a julio de 2013 y posteriormente presidente hasta diciembre de ese año, José María Carrau, y el director gerente de 1996 a 2014, Ramón Congost, a los que acusa de fraude de subvenciones al considerar probado que destinaron a otros fines de la entidad la mayor parte de los 7 millones que recibieron del Ministerio de Industria y la Generalitat para la construcción de un Centro Tecnológico del Mármol en Novelda.

Para un tercer acusado, Francisco Javier Mohedano, director financiero, reclama tres millones de euros como cooperador necesario en los hechos, según consta en la calificación provisional, a la que ha tenido acceso Europa Press y adelantada por Las Provincias.

Según consta en el escrito, la Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico), suscribió en diciembre de 2009, representada por Durán, un convenio con el Ministerio de Ciencia y con la Generalitat para la selección y ejecución del proyecto 'Construcción de Nuevas Instalaciones del Centro Tecnológico del Mármol y Actividades Mineras y equipamiento', instalaciones que debían construirse en Novelda (Alicante).

Aidico obtuvo una subvención de 7,04 millones que le transfitió el Ministerio en enero de 2010, con lo que anticipaba el total del importe subvencionado (a cargo en un 70% de fondos Feder y el restante 30% de la Generalitat). Tras aprobarse sucesivas prórrogas, el centro tenía que estar terminado en diciembre de 2015.

Sin embargo, Aidico destinó solo 1,6 millones a la ejecución de las obras mientras que el resto del dinero se utilizó para otras actividades e intereses del instituto, como la cancelación de préstamos, pago de proveedores, un centro en Rumanía de una filial constituida en el país o en una Fundación para la Infancia de Paterna, de la que era patrono.

A finales de 2010, y ya agotados los fondos, Aidico carecía de recursos para acabar la obra, dejó de pagar a proveedores y los trabajos quedaron paralizados. Finalmente, en 2014 se declaró en concurso voluntario. Según Fiscalía, Durán presidió las sesiones del concejo rector incluidas en las que se presentaron y aprobaron las cuentas anuales, conocía la evolución económica de la entidad y el empleo que se dio a la subvención.

Lo mismo sostiene con Carrau, mientras que Congost fue administrador de hecho de Aidico con poderes muy amplios en la selección de proyectos y gestión económica y gestionó la obtención de la subvención, que decidió, junto con los anteriores, al pago de deudas y otros proyectos. El cuatro acusado, según esta parte, colaboró en esos objetivos.

Para los tres primeros, además de los cuatro años de cárcel, Fiscalía pide una multa de diez millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones durante seis años. Para el cuatro, junto con los tres años de prisión, reduce la multa a ocho millones. Todos ellos, con responsabilidad civil subsidiaria de Aidco, indemnizarán a Estado y Generalitat con los 7,04 millones de la subvención.