Fiscalía pide juicio contra Rato por cobrar 835.000 euros en comisiones de contratos de Bankia

VALÈNCIA. (EP). La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado Antonio Serrano-Arnal que concluya la investigación relativa a los contratos de publicidad de Bankia y dé el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, por el delito de corrupción en los negocios ante el presunto cobro de más de 835.000 euros en comisiones irregulares.

La fiscal Elena Lorente solicita, en un escrito con fecha de 4 de junio adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso Europa Press, que el magistrado continúe el trámite de procedimiento abreviado --previo paso a la apertura de juicio oral-- de esta pieza separada de la investigación sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rato por los contratos de publicidad firmados entre 2011 y 2012 y de los que cobró "comisiones carentes de justificación" a través de su sociedad Kradonara.

El magistrado, por su parte, responde a la fiscal que aunque la instrucción de esta pieza se encuentra prácticamente concluida, el delito de corrupción en los negocios se encuentra íntimamente relacionado con la comisión de otros delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, cuya instrucción continúa en distintas partes de esta investigación, lo que hace aconsejable que se juzgue de forma conjunta.

Según el relato de los hechos de la fiscal, el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se sirvió "de íntimos colaboradores" tales como Miguel Ángel Montero, a quien introdujo en la entidad como asesor externo, su secretaria personal Teresa Arellano y su amigo y "hombre de confianza" José Manuel Fernández Norniella, entonces vicepresidente y consejero de Bankia.

"Todos ellos constituyeron un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera actuando como núcleo duro a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato", reza la fiscal en su escrito en el que precisa que Kradonara ingresó comisiones enmascaradas como prestación de servicios de 474.000 euros en el ejercicio de 2011 y 360.608 en 2012.

Por ello solicita que se procese, además de a Rato y estas tres personas, a Alberto Portuondo que formaba parte del equipo de Rato a su llegada a Caja Madrid en el año 2010; a Domingo Plazas, asesor y gestor de Rato; a Miguel Robledo, responsable de comunicación externa en Bankia; a Beatriz Colomer, mano derecha de Portuondo y a ocho altos cargos de las empresas de publicidad contratadas por Bankia.

No hubo procedimiento interno de selección

De acuerdo con un informe de la Unidad de Apoyo de la Administración del Estado a la Fiscalía Anticorrupción, en lo que respecta a uno de los contratos publicitarios firmado el 1 de febrero de 2011, no se siguió ningún procedimiento previo dentro de Bankia para la selección de la adjudicación.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que este contrato debería haberlo autorizado el consejo de administración de la entidad que presidía Rodrigo Rato y por ello le señala como responsable de la operativa, que tampoco contó con la autorización de ninguno de los órganos de Bankia relativos a inversión y gasto. Lo mismo ocurre con el contrato de publicidad firmado con otra de las empresas investigadas el 1 de marzo de 2011 y en el que se siguió la misma dinámica.

Sociedad de portuondo, intermediaria

La sociedad propiedad de Portuondo se hizo con una comisión cercana al 2 por ciento y al 13 por ciento de lo que las empresas de publicidad cobraron a Bankia por estos dos contratos (de 43 millones de euros el primero y 9 millones de euros y el segundo), de manera que las comisiones presuntamente irregulares ascienden a 2 millones de euros.

El contrato firmado entre la empresa de Portuondo y Kradonara "expresa una causa falsa" en tanto dichos servicios no se han prestado, y oculta su "verdadera" intención, que es que el expresidente de Bankia cobrara 835.024,64 euros de esas dos millones de euros en comisiones que a su vez la sociedad de Portuondo obtuvo de las empresas de publicidad. "En consecuencia, ese contrato es inválido y no debe producir ningún efecto", reza el informe.