La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en Les Corts Valencianes. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha remitido a la Fiscalía una querella presentada contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para que informe sobre su admisión o no a trámite. Se trata de la interpuesta por la exdirigente de Vox en la provincia de Valencia Cristina Seguí, sobre la que ahora se deberá de pronunciar el Ministerio Público por el carácter excepcional del asunto debido a que se trata de una persona aforada sobre la que han de concretarse unos hechos.
La querella viene derivada de la condena a cinco años de cárcel a Luis Ramírez, exmarido de la también responsable de Igualdad, por abuso sexual a una menor del centro de acogida en el que trabajaba. En la sentencia, la Audiencia de Valencia, además de considerar probado el delito, valoró de manera muy dura la actuación de la Conselleria que dirige Oltra. En su opinión, desde el departamento no se protegió debidamente a la víctima y se realizó una "instrucción paralela" a la que ya se encontraba en vía judicial. Además, criticaba que en los informes encargados por Igualdad se vislumbraba una "hostilidad y absoluta falta de empatía" hacia la menor al concluir que su relato no era creíble o que existía una "inicial percepción (consigna en realidad) de que la menor es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta".
A raíz de esta resolución, Cristina Seguí –en calidad de acusación popular como presidenta de la asociación Gobierna-te– presentó la mencionada querella, que posteriormente fue ampliada para introducir la reciente comparecencia de Oltra en Les Corts Valencianes. En la intervención en el Parlamento autonómico aseguró que se enteró por primera vez de lo ocurrido el 4 de agosto, una vez iniciada la investigación judicial y con un expediente abierto en la dirección territorial de su departamento. También que se pidió entonces al Instituto Espill valoración y atención a la víctima, lo cual propició poco tiempo después el informe que no dio credibilidad al testimonio.
Los delitos que le atribuyen a ella y a otras ocho personas entre cargos y trabajadoras de la Conselleria son los siguientes: delito contra la integridad moral con la víctima como sujeto pasivo por un "trato institucional degradante"; encubrimiento y obstrucción a la justicia por la "apertura de un expediente parajudicial extemporáneo" para "sustraer al marido de la consellera de la acción de la justicia"; prevaricación por la "toma de decisiones injustas a sabiendas" de ello; y malversación de caudales públicos por el "perjuicio sufrido por el patrimonio público derivado de la existencia del expediente parajudicial instruido contra la menor y de los medios empleados para el mismo".
La querellante considera que la Conselleria "dispuso injusta e ilegalmente de medios y acciones conducentes a desacreditar a la menor con la pretensión de minar su credibilidad y ridiculizarla, con el objetivo de vaciar de contenido sus manifestaciones y denuncias contra" el exmarido de Oltra. Igualmente, acusa a esta última de "obstruir la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su obligación de actuar de oficio ante el conocimiento de la posible comisión de un delito, en este caso de abuso sexual a una menor tutelada".
La defensa de Seguí, ejercida por el despacho Delgado Abogados, presentó posteriormente un escrito en el que solicitaba la admisión a trámite de la querella en base a la doctrina del TSJCV respecto a otra situación similar en la que sí decidió investigar: la relativa al caso de la Fórmula-1, en la que figuraba el también cliente del despacho Francisco Camps, expresidente de la Generalitat. Según la argumentación de entonces, se han de dar dos supuestos. De un lado, la individualización de la conducta concreta que respecto al aforado pudiera ser constitutiva de delito. De otro, la presencia de algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación. La defensa cree que ambos existen en este caso.
