VALÈNCIA (EP). La Policía Nacional ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Valencia las diligencias de las 13 personas detenidas por su presunta implicación en los ataques violentos protagonizados por grupos ultra de extrema derecha en la manifestación vespertina del pasado 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana.
Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, el ministerio público recibió las diligencias este pasado viernes, una vez que la Policía ha finalizado el grueso de la investigación con un total de 13 personas arrestadas. A partir de ahora, el fiscal decidirá cómo actuar en este caso, ya que abrió una investigación de oficio.
En cada detención, la Policía Nacional ha elaborado unas diligencias y unos informes pormenorizados, tras lo que remite cada actuación a la Fiscalía, que es quien hace un expediente con todos los hechos.
"Luego verá si hay delito y si da traslado al juzgado correspondiente para determinar si hay responsabilidad penal", explicó esta semana el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, que destacó el trabajo coordinado entre la Policía Y la Fiscalía en toda la investigación.
Las 13 detenciones se han producido en diez días, desde el pasado miércoles 11 de octubre. Esta semana, tres personas más fueron arrestadas el martes y otra el jueves.
Los altercados se produjeron en la manifestación no autorizada del 9 d'Octubre por parte de un grupo de violentos de extrema derecha a participantes y periodistas que cubrían la marcha, convocada por la Comissió 9 d'Octubre bajo el lema 'Sí al valencià'.
Al tener conocimiento de los hechos, Delegación de Gobierno remitió la semana pasada un informe al ministerio público con las primeras investigaciones e identificaciones de la Policía.
Paralelamente, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado presentó en la Fiscalía una denuncia para que se investigasen estos ataques, que atribuyen a "integrantes" del grupo ultra Yomus.
Movimiento contra la Intolerancia también denunció estas agresiones al considerar que pueden ser constitutivas de un delito de odio por motivos ideológicos, castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años; de lesiones, penado de tres a tres años de cárcel; de asociación ilícita, así como de otro por impedir el legítimo ejercicio de la libertad de manifestación, penado de dos a tres años si realizan con violencia.